Cuando la crianza se transforma en deuda
En Chile, por demasiado tiempo, el deber compartido de responsabilidad económica parental respecto al pago de la pensión de alimentos ha sido sistemáticamente incumplido. Con independencia de si el pago de la obligación fue establecido de manera judicial o no, lo cierto es que, durante décadas, miles de niños, niñas y adolescentes crecieron sin recibir lo que les correspondía por derecho, mientras sus madres asumían, muchas veces en solitario, una responsabilidad que es compartida. Hace algunos años, gracias a una institucionalidad más robusta, esa realidad comenzó a cambiar.
Hoy el Estado cuenta con herramientas concretas para hacer cumplir estas obligaciones y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios. Lee también... ¿Pagas o recibes pensión de alimentos?
Ten cuidado con la cuenta en que depositas o percibes el dinero Miércoles 08 Abril, 2026 | 11:05 Como una clara muestra de aquello, desde noviembre de 2022, con la entrada en vigencia de la Ley 21. 389, el país cuenta con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, un sistema que no solo permite identificar a quienes incumplen esta obligación, sino que además permite aplicar apremios concretos: retención de la devolución de impuestos, retención en las operaciones de crédito de dinero, limitaciones para renovar la licencia de conducir o el pasaporte, entre otros. Un ejemplo claro de su funcionamiento se vio en la última Operación Renta.
El pasado 29 de abril, la Tesorería General de la República informó que en 2026 se retuvieron más de $1. 451 millones a 10. 538 personas con deudas vigentes en pensiones.
Estos recursos fueron destinados directamente a 12. 088 beneficiarios —un 4,1% más que el año anterior—, permitiendo cubrir necesidades básicas como alimentación, educación o vivienda, entre otros. A esta normativa se suma la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que desde su implementación, ha facultado a los Tribunales de Familia ordenar pagos por más de 3 billones de pesos mediante la retención de fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, y extraordinariamente, mediante los fondos que el deudor mantenga en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, beneficiando a más de 340 mil familias en todo el país.
Estos avances son significativos, dan cuenta de que las cosas están cambiando; pero también evidencian un problema de fondo, porque cuando el Estado debe intervenir para asegurar el pago de la pensión de alimentos, significa que como sociedad hemos llegado tarde a hacernos cargo de un compromiso que debería ser indiscutible: hacerse cargo emocional y materialmente de los hijos. Hoy el mensaje es claro: las obligaciones alimenticias se tienen que cumplir y el Estado cuenta con mecanismos efectivos para exigirlas. Sin embargo, este desafío no se agota aquí.
Lee también... La caída y lo que vino antes: la solicitud que se deslegitima hasta que se convierte en tragedia Martes 19 Mayo, 2026 | 13:02 Más del 95% de los deudores son hombres, y no se trata de generar división, sino de reconocer una realidad persistente: el incumplimiento de uno recae sobre los hombros del otro, quien tiene que cubrir esa falta. Y eso, en la práctica, significa que muchas veces la mujer termina absorbiendo una mayor carga económica, más exigencias laborales y una presión cotidiana que no debiera recaer en una sola persona.
Por lo tanto, el desafío es doble: por una parte, seguir fortaleciendo los mecanismos que permiten hacer efectivo el pago, y por otra, entender que cuando la crianza se transforma en deuda, avanzar en un cambio cultural más profundo es esencial, pues ser padre o madre, más que un vínculo afectivo, es un compromiso permanente y compartido.
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