Crisis en Seguridad: ofensiva de Steinert destapa pelea por el control de la policía civil

La tormenta política y mediática que envuelve a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, tras la solicitud de retiro a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña, tendría como génesis una pugna por el control de la policía civil y del aparato de seguridad encargado de combatir al crimen organizado. De acuerdo a una investigación de Reportea, la tensión entre Steinert y la cúpula de la PDI no es un hecho reciente ni aislado. Por el contrario, sus raíces datan del segundo semestre del año pasado, cuando el alto mando de la policía civil detectó una operación sistemática para desprestigiar tanto a Peña como a Cerna, en la cual según altas fuentes de la propia institución, habrían participado un grupo de oficiales (activos y en retiro) que forman parte del entorno de la secretaria de Estado y de los cuales dos han sido integradps al gobierno de José Antonio Kast.

Traslado de funcionarios, contrainteligencia y corrupción En enero de 2025 la entonces jefa de Inteligencia ordenó el traslado de cuatro funcionarios que trabajaban junto a Steinert cuando era Fiscal Regional de Tarapacá. Aquel movimiento, que provocó el enojo de la ahora integrante del gabinete, ha sido señalado erróneamente como el origen del conflicto. Sin embargo, las pesquisas realizadas por Reportea —basadas en entrevistas con altas fuentes de La Moneda, la fiscalía, personas vinculadas a la causa, la PDI y otros antecedentes acumulados desde noviembre— revelan una disputa interna por el control de la policía civil.

En concreto, los cuatro funcionarios fueron trasladados a distintas regiones del país dos días después de un masivo operativo contra el «Clan Chen», una banda de origen chino dedicada a las estafas transnacionales, que fue desbaratado el 9 de enero pasado en Iquique, Alto Hospicio y Santiago. La orden ejecutada por Consuelo Peña, se basó en alertas de contrainteligencia que apuntaban a posibles actos de corrupción en los que estarían involucrados dichos oficiales. Según relataron fuentes de la PDI, la fiscalía y La Moneda, Consuelo Peña manejaba antecedentes que activaron una alerta por eventuales faltas a la probidad.

En concreto, se investigaba un plan para repartirse bienes que fueran hallados al interior de las casas allanadas ese 9 de enero. «Aunque según la información que se maneja hasta ahora esa alerta no implicó una denuncia formal a la justicia, sí se tomó la decisión de separar al grupo», indicó el medio citado. Por su parte, fuentes cercanas a los cuatro funcionarios (que niegan haber participado en hechos de corrupción) indicaron que ellos estaban al tanto de que venían siendo monitoreados por contrainteligencia, por lo que durante el operativo tomaron precauciones, como evitar que sus integrantes participaran directamente en los allanamientos.

El enojo de la entonces fiscal Steinert no se hizo esperar y habría realizado varios llamados al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que intercediera ante Eduardo Cerna. Sin embargo, la decisión del traslado se mantuvo. Orden de retiro de Consuelo Peña Pocos días después, específicamente el 20 de enero, Steinert renunció al Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad de Kast y el 11 de marzo envió un oficio a la PDI solicitando información sobre el traslado de los cuatro funcionarios.

Un día después de recibir la respuesta a ese oficio, el 20 de marzo, convocó al director Eduardo Cerna y le ordenó que cursara el retiro de la jefa de Inteligencia. Una alta fuente de La Moneda relató a Reportea que la razón esgrimida por Steinert para justificar esa orden fue la causa penal por tráfico de drogas en la que está involucrado el hijo de Consuelo Peña. «Los argumentos son prácticamente calcados a los difundidos por el grupo de oficiales críticos de Cerna durante el segundo semestre del año pasado», señala la investigación, lo que refuerza la tesis de una operación orquestada para desprestigiar a Peña y al propio director de la PDI.

El entramado de poder: «Los Lobos» y la filtración de información El reportaje del medio digital revela un elemento clave: la incorporación al gobierno de dos oficiales de la PDI que, según el alto mando policial, forman parte del grupo que le ha hecho la guerra a Cerna, apodado internamente como «Los Lobos». Este grupo, que en su gran mayoría proviene de la Brigada Antinarcóticos (cuya insignia es el rostro de un lobo gris), es el mismo al que pertenecían los oficiales que trabajaban con la entonces fiscal Steinert en Iquique y que fueron trasladados. Uno de ellos es Marcelo Atala, llamado a retiro en febrero de 2025 cuando era jefe de la Prefectura Antinarcóticos de la Macrozona Norte.

Fue nombrado por Steinert como jefe de la División de Crimen Organizado de la Subsecretaría de Seguridad Pública. El segundo es Paulo Contreras, ex Inspector General de la institución, llamado a retiro por Cerna a fines de 2024, y que acaba de incorporarse a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Sobre Contreras, el artículo destaca que «era un oficial de la mayor confianza de Héctor Espinoza, el exdirector general de la PDI que acaba de ser condenado por hechos de corrupción», quien mantenía una relación cercana con el abogado Luis Hermosilla, y con el exjefe de la PDI, Sergio Muñoz, condenado por la justicia por filtrar antecedentes reservados al jurista.

Tanto Atala como Contreras fueron llamados a retiro luego de cumplir más de 30 años de servicio y según fuentes de la PDI «para nadie es un misterio que ejercían una dura oposición a la gestión de Eduardo Cerna». Director de la PDI entre la espada y la pared El director de la PDI se encuentre en medio de la espada y la pared, ya que la ministra Steinert y el presidente Kast insisten en responsabilizarlo de haber tomado la decisión de solicitarle la renuncia a Consuelo Peña fue del jefe de la policía, lo que la investigación de Reportea desmiente. «Cerna está citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para aclarar el episodio.

En La Moneda creen que tiene dos opciones: o desmiente al Presidente —y a Trinidad Steinert— y cuenta la verdad, lo que lo dejaría automáticamente fuera de la institución, o avala la versión entregada por el gobierno, lo que lo deja menoscabado frente al personal de su alicaída institución». , indicó el medio citado, señalando que este sería «el escenario perfecto para quienes buscan dejarlo fuera de la PDI». A este cuadro se suma otro foco de alarma: el desmantelamiento por parte de Steinert de la Unidad Estratégica que funcionaba en el ministerio, la cual estaba constituida por personal técnico y tenía como objetivo centralizar y coordinar la información proveniente de las distintas instituciones del Sistema de Seguridad Pública.

«La pregunta que ronda ahora entre los actores que componen ese sistema es quién tendrá el acceso para controlar y gestionar esa información», subraya el artículo. El futuro inmediato de esta crisis tiene fechas clave. El próximo miércoles 15 de abril vence el plazo otorgado por la Contraloría para que Steinert y Cerna expliquen el oficio enviado por la ministra solicitando antecedentes sobre el traslado de los funcionarios.

También está pendiente la interpelación que la oposición podría realizar a la titular de Seguridad, luego de que Reportea revelara que, a inicios de noviembre y mientras aún era fiscal, ordenó no presentar un recurso para anular un juicio donde ocho acusados por corrupción durante la pandemia fueron absueltos, incluyendo al exintendente regional Miguel Ángel Quezada (UDI). Por lo pronto, tal y como advierte Reportea, en esta lucha de poder por el control de la PDI, «los protagonistas aún no sacan todas sus cartas».