Crisis del petróleo: ¿Quién paga la cuenta?

La escalada del precio del petróleo en las últimas semanas presenta varias características que la vuelven especialmente compleja. En primer lugar, fue rápida porque el mercado incorporó de inmediato el riesgo geopolítico de la guerra en Irán. No se origina por un problema doméstico, sino por una disrupción del suministro en una zona crítica en el paso por el estrecho de Ormuz .

Y es incierta porque su magnitud y duración dependen de cuánto se prolongue el conflicto. Y cuando el precio del petróleo sube rápido, hay una sola certeza: habrá un costo adicional y alguien terminará pagándolo. La ilusión es creer que ese costo puede desaparecer por voluntad de la autoridad o mediante algún diseño administrativo más o menos ingenioso.

La pregunta relevante, entonces, no es si el costo existe, sino dónde se asume, ya sea en el precio que enfrentan los consumidores, en el presupuesto fiscal o en una combinación de ambos. A propósito de la crisis energética gatillada por la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, el FMI revisó las medidas adoptadas por 174 países. De las cerca de 750 respuestas levantadas, casi la mitad buscó reducir el traspaso de los precios internacionales a los precios internos mediante subsidios, rebajas tributarias o congelamientos.

Pero la lección principal del estudio va en la dirección contraria. Contener el precio no elimina el costo, solo lo traslada al Estado. En más de la mitad de los países analizados, las medidas implementadas en 2022 costaron más de 0,2% del PIB y, en más de un quinto de los casos, superaron el 1% del PIB.

Es decir, lo que se presenta como un alivio transitorio puede transformarse rápidamente en un problema fiscal relevante. La segunda lección es igualmente incómoda. Aunque estos shocks golpean con más fuerza a los sectores vulnerables, muchas de las respuestas no los protegen adecuadamente.

Cerca del 40% de las medidas no fueron focalizadas. Esa es la gran contradicción de estas crisis: se invoca a los más vulnerables, pero también se termina subsidiando a quienes no necesitan ayuda. Además, los subsidios generalizados no solo cuestan más, sino que también empeoran el ajuste.

Si el precio internacional sube por escasez o disrupción, dejar que esa señal llegue al precio interno cumple una función que induce ahorro y reduce el consumo. Cuando el gobierno amortigua esa señal de precios, no solo gasta más, sino que también favorece el sobreconsumo, justo cuando el bien es más escaso. Y ahí aparece la dimensión política del problema.

Los gobiernos muchas veces no hacen lo que conviene, sino lo que les permite sobrevivir y mantener su aprobación. Subsidiar el precio es visible, inmediato y popular. Una transferencia focalizada, aunque sea más barata y eficaz, luce menos.

Esa es la raíz del asunto: la economía recomienda una cosa, pero la política muchas veces empuja en la dirección contraria. Chile se enfrentó al mismo dilema que el resto de los países. ¿Cuánto absorber por la vía fiscal y cuánto transparentar en el precio?

La reciente decisión del gobierno de sincerar los precios de los combustibles y, al mismo tiempo, apoyar a los más vulnerables apunta en la dirección correcta. El ritmo del ajuste y el diseño específico de las medidas de contención seguirán siendo parte del debate, y es natural que así sea, porque se trata de una noticia en desarrollo. Un argumento que se ha presentado en contra del traspaso directo al precio de los combustibles es que Chile tiene acceso al financiamiento para asumir el costo.

Pero que el país tenga acceso al financiamiento es una condición necesaria, pero no suficiente, para que el gobierno intervenga. La tarea del gobierno no es esconder la realidad a cargo de las generaciones futuras (mediante un mayor endeudamiento) ni especular sobre la duración del conflicto. Porque cuando el shock es negativo y su duración es incierta, como lo indica el informe del FMI, contener los precios de forma generalizada puede resultar más caro, regresivo e ineficiente.

Pasado el ajuste, la principal tarea del gobierno será retomar con fuerza la agenda de crecimiento económico, con un objetivo adicional: revertir las menores expectativas de crecimiento para 2026 que conocimos recientemente en el IPOM y evitar que esta crisis termine afectando negativamente a la creación de empleos.