Criaderos de perros: entre la regulación y la informalidad

Una realidad disímil enfrentan los criaderos de perros en el país, marcada por altos niveles de informalidad. En este escenario conviven recintos debidamente registrados con una proliferación de espacios ilegales que, en la práctica, operan como verdaderas “fábricas de cachorros”. Si bien la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como “Ley Cholito” y vigente desde 2017, busca regular esta actividad, la falta de una reglamentación robusta ha facilitado situaciones de maltrato, hacinamiento y venta ilegal de animales, muchos de los cuales viven en condiciones insalubres.

En contraste, quienes operan dentro de la legalidad no solo cumplen con las exigencias normativas, sino que además promueven el bienestar integral de los animales, incluyendo seguimiento una vez que estos son entregados a sus nuevos dueños. El médico veterinario Roberto González explica que, aunque existe un número importante de criaderos no regularizados, “quienes realmente se dedican a esto cumplen con todos los requisitos. Lamentablemente, debido a los informales, muchas veces son puestos todos en el mismo saco”.

A su juicio, uno de los principales problemas radica en vacíos normativos. Si bien existe una ley, el Registro Nacional de Criadores no se encuentra plenamente operativo, lo que dificulta la fiscalización y favorece la proliferación de recintos ilegales. “Muchos aprovechan este vacío legal y ven esta actividad solo como un negocio, interesándoles únicamente generar camadas para la venta”, advierte.

El especialista agrega que, en numerosos criaderos clandestinos, los animales permanecen hacinados, con deficientes condiciones de higiene y alimentación, lo que repercute directamente en su salud. Desde el ámbito de la protección animal, la animalista Claudia Parra coincide en que la informalidad responde, en parte, a falencias en la legislación. “No solo se debe fiscalizar para evitar el maltrato y el funcionamiento de un mercado negro a través de redes sociales, sino que también debiera existir financiamiento estatal para quienes realmente trabajan por el bienestar animal”, sostiene.

Venta por redes socialesUno de los principales canales de operación de los criaderos ilegales son las redes sociales, donde se comercializan cachorros sin ningún tipo de regulación. En muchos casos, estos son separados de sus madres antes del tiempo recomendado, lo que puede derivar en problemas de salud y de comportamiento. Aunque desde 2022 se han incorporado nuevas exigencias sanitarias, la ausencia de un catastro oficial dificulta el control efectivo por parte de las autoridades.

En contraposición, los criaderos formales operan bajo estándares éticos, cumplen con la normativa vigente y cuentan con certificaciones que respaldan sus procesos. No obstante, la persistencia de prácticas irregulares ha motivado investigaciones por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, con el objetivo de desarticular redes que priorizan el lucro por sobre el bienestar animal. Fiscalización y rol municipalEn Chile, la fiscalización de los criaderos recae principalmente en las municipalidades y en la autoridad sanitaria, en el marco de la Ley de Tenencia Responsable.

Los municipios deben velar por el cumplimiento de normas de bienestar animal, higiene y seguridad. En La Serena, por ejemplo, se realizan controles permanentes y, además, se ha implementado una sección especializada de rescate animal dentro de Seguridad Ciudadana. Esta unidad ha llevado a cabo diversos operativos para rescatar perros en condiciones precarias y cuenta, además, con un Centro Médico Veterinario Municipal.

Por su parte, la seremi de Salud es responsable de supervisar las condiciones sanitarias e higiénicas de los recintos, mientras que la Subsecretaría de Desarrollo Regional administra el Registro Nacional de Criadores y Vendedores de Mascotas. En cuanto a la denuncia de casos de maltrato animal — conducta que hoy constituye un delito —, la comunidad puede recurrir a Carabineros, la PDI o el Ministerio Público. Pese a la existencia de la normativa, su implementación efectiva continúa siendo un desafío, especialmente en lo relativo a la regulación específica de los criaderos, lo que mantiene abierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección animal.