Crece presión sobre los dueños de MiPymes: 62% financia su negocio con sus propios ahorros

Un escenario financiero cada vez más complejo es el que enfrentan en la actualidad las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile. Así lo evidenció el último Termómetro Pyme, correspondiente a marzo de 2026, que da cuenta de un aumento en la presión sobre la liquidez y una mayor dependencia de recursos personales para mantener en funcionamiento los negocios. De acuerdo con la medición, elaborada por la comunidad empresarial Propyme y analizada por DefensaDeudores.

cl, sobre la base de 1. 206 respuestas a nivel nacional, el 62% de las MiPymes declara haber tenido que inyectar ahorros o ingresos propios durante el último mes para financiar su operación. La cifra representa un alza de 5 puntos porcentuales respecto a enero y febrero, cuando alcanzaba el 57%.

“Este indicador es especialmente sensible porque refleja que cada vez más empresas están trasladando el riesgo financiero al patrimonio personal de sus dueños. Cuando 6 de cada 10 emprendedores deben financiar su negocio con sus propios ahorros, estamos frente a una señal clara de deterioro en la liquidez del sector”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores. cl.

Ventas a la baja y mayor presión por financiamiento El informe también muestra un deterioro en el desempeño comercial. Un 46% de los encuestados afirma que sus ventas disminuyeron respecto al mes anterior, mientras que el 39% indica que se mantuvieron y solo el 15% reporta un aumento. En la medición previa, el porcentaje de empresas que declaraba caídas en sus ventas era de 41%, lo que confirma una tendencia negativa.

En paralelo, crece la necesidad de financiamiento externo. El 27% de las MiPymes solicitó créditos bancarios en el último mes, 5 puntos más que en febrero. A su vez, un 13% recurrió al factoring para mejorar su flujo de caja, cifra estable en comparación al mes anterior, pero superior al 10% registrado en enero.

Aumentan deudas y dificultades de pago Otro de los elementos que refleja la complejidad del escenario es el incremento en las obligaciones pendientes. El 36% de las empresas reconoce mantener deudas con la Tesorería General de la República, lo que implica un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a febrero y de 5 puntos frente a enero. Asimismo, un 26% de las MiPymes declara haber postergado el pago del IVA, mientras que el 22% no logró cumplir a tiempo con sus obligaciones laborales, cifras que se mantienen en niveles similares a los meses anteriores.

Para Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propyme, la evolución de estos indicadores no deja espacio a interpretaciones optimistas. “Cuando secuencialmente las cifras nos hablan de bajas en las ventas, aumento en la solicitud de financiamiento, mayor endeudamiento con el Estado y que mes a mes sean más las personas que acudan a recursos propios para hacer caja en sus empresas, no hay análisis que resista. Hoy las Mipymes estamos en un escenario complejo y con una economía poco alentadora que nos avizora incertidumbre respecto a la continuidad de nuestros negocios”, afirma.

Acceso limitado a financiamiento con garantía estatal El estudio incorporó además una pregunta sobre el acceso a créditos con garantía estatal. El 68% de los encuestados indicó no haber solicitado financiamiento FOGAPE en los últimos tres años, mientras que un 32% sí accedió a este tipo de instrumentos. Dentro de este grupo, la mayoría afirma mantenerse al día en sus pagos.

Desde el gremio advierten que este resultado era esperable, dado que históricamente este tipo de créditos ha tendido a concentrarse en empresas de mayor tamaño o menor riesgo. El deterioro sostenido de los indicadores enciende alertas más allá del ámbito económico. “Cuando sostener el negocio depende sistemáticamente de los ahorros familiares, el problema deja de ser solo empresarial y se transforma en un problema social.

Por eso es clave fortalecer la detección temprana de riesgos, promover mecanismos de renegociación antes de la judicialización y entender la reorganización financiera como una herramienta de continuidad y protección del empleo”, concluye Ibáñez.