Crece inquietud por falta de nombramiento de Seremi de Seguridad en Biobío

A tres semanas de haber asumido su mandato , el Gobierno del Presidente José Antonio Kast aún no ha nombrado oficialmente un seremi de Seguridad Pública en la Región del Biobío. Aquello ha despertado la preocupación entre autoridades de la zona, considerando que la materia había sido definida como prioritaria por el Mandatario durante la campaña presidencial y una vez instalado en el poder el pasado 11 de marzo. Paralelamente, ya se han confirmado nombres en otras carteras como Agricultura, Ciencias y Tecnología, Educación -con un nuevo nombramiento tras la fallida designación de Alexander Nanjarí-, Gobierno, Obras Públicas, entre otros, cuyos nombres han ido surgiendo de a poco.

Esto se da, además, en el actual escenario del Ministerio de Seguridad Pública, repartición que cumplió un año de funcionamiento, en medio de recortes presupuestarios que posteriormente fueron desestimados por el propio Gobierno y la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, área encargada de integrar los datos de instituciones como Carabineros, PDI y otras vinculadas a seguridad. En esa línea, el diputado del Distrito 20, Álvaro Ortiz (DC), señaló que, con ausencia de nombramiento de un titular de la cartera en la Región, “pareciera ser que el tema tan importante que decía que el Gobierno de Kast iba a tener como el de seguridad, no lo es tanto”. Asimismo, Ortiz recalcó en que Seguridad Pública “debería haber sido una de las primeras Seremis con la nominación de una persona, para poder estar trabajando en este tema tan importante para todos los chilenos y chilenas”.

Paralelamente, la diputada del Distrito 21, Lilian Betancourt (PDG), calificó la todavía ausencia de un nombramiento como “una señal de improvisación que nuestra Región no puede permitirse”, afirmando que “estamos ante una crisis de seguridad rural y urbana sin precedentes y el Gobierno mantiene vacante el cargo de quien debe liderar la coordinación contra el crimen organizado en la zona”. Betancourt, al mismo tiempo, señaló que “esta ausencia no es solo un vacío administrativo, es un abandono de deberes con las provincias de Arauco y Biobío. Exijo que el Ministerio de Seguridad Pública deje de lado el cuoteo político y nombre a una autoridad técnica que esté a la altura de lo que nuestros vecinos demandan: vivir en paz”.

En tanto, el diputado Antonio Rivas (PS), representante del Distrito 20, puntualizó que con la falta de un seremi de Seguridad en Biobío el Gobierno le está dando “muy buenas noticias al delito organizado, a las bandas narcotraficantes”. Seguido a aquello, Rivas complementó que “yo creo que el Gobierno, que decía que había una crisis en seguridad, la está provocando. La ciudadanía está asustada, está alarmada por todo lo que está ocurriendo en los barrios, en las calles y en los colegios.

Este es un gobierno que no nos cuida”. De acuerdo con el diputado PS, en los barrios hay temor e incertidumbre y “no puede ser que se anuncien autoridades que luego se bajan y, al mismo tiempo, se mantengan sin nombrar cargos clave para enfrentar esta crisis. El gobierno tiene que ordenar la casa, asumir su responsabilidad y concretar este nombramiento de manera urgente”.

Por su parte, Roberto Arroyo (PSC), diputado del Distrito 20, desdramatizó la falta de nombramiento de la Seremi de Seguridad, argumentando que “estos procesos requieren rigurosidad para elegir a las personas más idóneas. La seguridad es una prioridad, y justamente por eso es fundamental que quien asuma lo haga con experiencia, capacidad de gestión y conocimiento del territorio, para responder de forma efectiva a las demandas de la ciudadanía”. Otras regiones, como Tarapacá y Los Lagos, ya cuentan con seremi de este ramo.

Cabe recordar que el ministerio, tanto en el país como en Biobío, tiene el objetivo de formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas. Al mismo tiempo debe coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia. Además debe proponer al Ejecutivo iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia, junto con evaluar su aplicación.