CPC refuerza ofensiva ante Contraloría por legalidad de guías del SEA: informe concluye que exceden su rol

Las guías y criterios de evaluación que publica el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se han convertido en un elemento de análisis permanente en el sector privado. En mayo de 2025, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) solicitó a la Contraloría que se pronunciara respecto de la legalidad de estos instrumentos, elaborados bajo la premisa de “uniformar criterios, requisitos, condiciones y exigencias técnicas”. A casi un año del requerimiento, que aún está pendiente de resolución, la máxima cúpula empresarial del país reforzó su ofensiva.

Este lunes ingresó un escrito de “téngase presente” ante la entidad liderada por Dorothy Pérez, acompañado de un informe de 324 páginas que examina el conjunto de guías metodológicas y criterios de evaluación elaborados por el SEA en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este texto -desarrollado por expertos de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la multigremial- fue entregado ayer además por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con quien sostuvo la primera reunión de trabajo. El documento, al que tuvo acceso DF, comprende la revisión sistemática de 22 guías y 29 criterios de evaluación, con especial atención al período posterior a abril de 2022.

Así, advirtiendo que el análisis no cuestiona el mérito técnico de los documentos, sino su validez jurídica, identifica en los últimos cuatro años un aumento significativo en la elaboración de guías y criterios de evaluación que excederían su rol de orientar o uniformar. Así, a partir de 2022, se observa no solo un alza en la cantidad de criterios de evaluación dictados, sino también un incremento sustantivo en el nivel de detalle técnico y metodológico de las guías, “acompañado de un lenguaje crecientemente prescriptivo y de la incorporación de esquemas de análisis que tienden a estructurar de manera específica la forma en que deben desarrollarse los estudios ambientales”. En diversos casos, “estos instrumentos no solo orientan, sino que definen con alto grado de precisión aspectos tales como metodologías de evaluación, parámetros de diseño, formatos de presentación de información y secuencias analíticas, configurando un nivel de microgestión técnica que excede la mera función de uniformar”.

Y se advierte que esta evolución se manifiesta con particular claridad en las guías asociadas a Permisos Ambientales Sectoriales, donde –se explica- “estándares reglamentarios formulados en términos generales son desarrollados mediante catálogos extensos de exigencias técnicas, operacionales y de información” Entre los ejemplos, se recoge que la Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA introduce enfoques como la “no pérdida neta” o “ganancia neta”, junto con metodologías y criterios técnicos para su implementación, configurando en la práctica estándares materiales de compensación que no se encuentran previstos en la Ley N° 19. 300 ni en el Reglamento del SEIA. El análisis lleva a sostener que existe una tensión entre el alcance jurídico de la facultad de uniformar criterios y la forma en que esta se ha materializado en la práctica administrativa, lo que “pone de relieve la necesidad de delimitar con mayor precisión sus efectos, de modo de evitar que, bajo la forma de instrumentos orientadores, se consoliden mecanismos que operen como fuentes de regulación de facto dentro del SEIA”.

Y concluye que es importante revisar el rol de las guías y criterios dentro del sistema, reafirmando su carácter de instrumentos de orientación técnica y asegurando su coherencia con el marco legal y reglamentario vigente. En el caso de las guías, se propone dejar sin efecto aquellos instrumentos completos o contenidos específicos que introducen estándares prescriptivos al margen de la ley, y en los casos que se mantengan, modificar su redacción. Mientras, respecto a los criterios de evaluación, se recomienda su eliminación como instrumentos autónomos, proponiendo que aquellos contenidos técnicos que resulten pertinentes sean reconducidos e integrados dentro de las respectivas guías del SEA.

Consultada, Jiménez subraya que el estudio revela que muchos de estos instrumentos dejaron de tener un mero rol orientador, imponiendo metodologías y nuevas exigencias. “Puede parecer una discusión técnica, pero sus efectos son muy concretos. Cuando no se respetan las reglas del Estado de Derecho, pierden las comunidades, que necesitan procedimientos transparentes y comprensibles para participar con confianza.

Pierden los titulares de proyectos, que enfrentan mayores costos y plazos más largos. Y pierde también la institucionalidad”, alerta.