Corte le da portazo al Gobierno y a Steinert: desestima “secuestro” de ministra Lincolao en Valdivia

La Corte de Apelaciones de Valdivia le dio un portazo al Gobierno y a la Fiscalía: en fallo unánime, rechazó endurecer las cautelares contra los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y mantuvo la firma quincenal, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la autoridad, descartando la prisión preventiva pedida por el Ministerio de Seguridad. El golpe no fue solo jurídico, sino también en la sala. El tribunal —integrado por los ministros Óscar Castro, Marcela Araya y Samuel Muñoz— cuestionó la tesis del Ejecutivo que intentaba encuadrar el caso como “secuestro político” bajo la Ley de Seguridad del Estado.

Castro fue directo: calificó la imputación como “genérica” y advirtió que hablar de secuestro sería “exacerbar la norma”, incluso ironizando con la idea de que la ministra habría sido la única imposibilitada de salir del recinto. Araya, en tanto, puso el foco en la base del caso: no hay formalización por secuestro en la LSE y, con el delito actual de atentado contra la autoridad, las penas incluso podrían ser bajas o sustituibles, lo que no justifica medidas más gravosas como la prisión preventiva. El intento del Gobierno —a través del Ministerio de Seguridad de Trinidad Steinert— de subir el tono del caso también quedó bajo la lupa.

La estrategia de invocar la Ley de Seguridad del Estado y recalificar los hechos como privación de libertad no logró convencer al tribunal, que estimó que las cautelares actuales son suficientes para asegurar el proceso. Durante la audiencia, el abogado del Ejecutivo, Vicente Canales, insistió en la tesis del “encierro” de Lincolao por casi dos horas en la Universidad Austral. Pero la sala le bajó el perfil: la propia ministra no habría querido salir por razones de seguridad, lo que no equivale automáticamente a una retención ilegal.

El caso sumó además un costado político-jurídico: el senador Iván Flores (DC) y el exsubsecretario Rafael Collado cuestionaron la legalidad de la movida del Gobierno, advirtiendo que el Ministerio de Seguridad no tendría facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado, atribución que —según la normativa vigente— sigue siendo exclusiva del Ministerio del Interior. Desde el Ejecutivo defendieron la jugada, argumentando que el tribunal de garantía admitió la ampliación de la querella y que existen testimonios y diligencias que respaldarían su versión. Pero en Valdivia, al menos por ahora, la estrategia no logró traducirse en medidas más duras.