Corte israelí extiende la detención de dos tripulantes de la Flotilla Global Sumud mientras surgen evidencias de tortura  

Denuncian torturas y detención ilegal tras violento operativo israelí contra flotilla humanitaria en aguas internacionales: Corte israelí extiende detención de dos tripulantes La Flotilla Global Sumud condenó la decisión del tribunal de ocupación israelí de Ashkelon de extender la detención de Saif Abukeshek y Thiago Ávila, en un caso que —según denuncian— evidencia graves violaciones al derecho internacional, incluyendo actos de tortura. Ambos activistas fueron capturados por fuerzas navales israelíes en aguas internacionales frente a Grecia y trasladados a territorio palestino ocupado a inicios de esta semana. El tribunal ordenó mantenerlos detenidos por dos días adicionales, hasta el 5 de mayo, pese a que no existen cargos formales en su contra.

Según la organización, fiscales israelíes han formulado acusaciones amplias y de carácter político, en lo que califican como un intento de criminalizar acciones humanitarias. La defensa, representada por las abogadas de Adalah Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, impugnó la legalidad del proceso, subrayando que Israel carece de jurisdicción sobre civiles extranjeros capturados en aguas internacionales. Las abogadas también presentaron testimonios que describen severos abusos, incluyendo golpizas, inmovilización prolongada, vendajes en los ojos y aislamiento en alta mar, prácticas que —según el comunicado— constituyen tortura bajo el derecho internacional.

La resolución judicial, afirma la Flotilla, refleja un patrón más amplio en el que tribunales de ocupación legitiman detenciones arbitrarias y violencia estatal, utilizando pruebas secretas y argumentos de seguridad fabricados, lo que ha generado preocupación entre expertos internacionales por la falta de debido proceso. Actualmente, Ávila y Abukeshek permanecen en el centro de detención Shikma, en Askalan, donde continúan en huelga de hambre en protesta por su detención y los malos tratos recibidos. El caso, advierte la organización, no es aislado, sino parte de un ataque sistemático contra la población palestina y quienes actúan en solidaridad con ella.

La Flotilla Global Sumud se define como una misión humanitaria civil que opera conforme al derecho internacional y busca romper el bloqueo impuesto sobre Gaza, el cual —según señalan— ha generado condiciones humanitarias catastróficas y hambre generalizada. El 29 de abril, fuerzas israelíes ejecutaron una operación militar coordinada contra la flotilla en aguas internacionales, a unos 500 kilómetros náuticos de Gaza. Durante el operativo se bloquearon comunicaciones, se desplegaron drones y se rodearon embarcaciones civiles, resultando en la captura de más de 180 participantes desarmados de distintos países y la interrupción de ayuda humanitaria.

La organización sostiene que estas acciones constituyen graves violaciones al derecho internacional, incluyendo la Convención contra el Genocidio, el Convenio de Ginebra, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. Además, advierten que obstaculizar ayuda en un contexto de hambre masiva podría constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. En su llamado a la acción, la Flotilla exige la liberación inmediata e incondicional de los detenidos, así como de otros prisioneros palestinos; protección diplomática urgente; investigaciones independientes sobre el ataque; sanciones económicas contra Israel; y rendición de cuentas por los crímenes denunciados, incluyendo lo que califican como genocidio en Gaza y limpieza étnica en Cisjordania.

Asimismo, convocan a parlamentarios y autoridades de todo el mundo a sumarse a una declaración conjunta y advierten que, ante la inacción global, la resistencia civil se intensificará, con movilizaciones y campamentos previstos en Europa. Finalmente, la organización llamó al gobierno de Túnez a garantizar la liberación de sus organizadores locales, destacando su histórica solidaridad con Palestina, y afirmaron que los gobiernos enfrentan una decisión clara: respetar el derecho internacional o ser cómplices de su vulneración.