Corte de Iquique ratifica condenas al Tren de Aragua por trata y tráfico de migrantes: Penas de hasta 20 años

Todo comenzó con denuncias aisladas en el norte del país, que con el tiempo permitieron identificar una red del Tren de Aragua que operaba en la región de Tarapacá. El caso ya llegó a su término: las condenas contra sus integrantes quedaron firmes. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó los recursos presentados por los condenados, que buscaban anular el juicio.

Con esa decisión, las penas se mantienen sin cambios y el proceso queda cerrado. Se trata de seis integrantes de esta organización que operaron en Tarapacá entre fines de 2021 y comienzos de 2022. Las penas van desde los 15 hasta los 20 años de cárcel, principalmente por trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilegal de migrantes.

Pero eso no es todo. A las condenas se suman delitos graves como homicidio, secuestro, secuestro con mutilación, amenazas y porte ilegal de armas. Es decir, no era solo una red de traslado ilegal: había violencia directa y extrema contra las víctimas.

En este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos participó como querellante desde el inicio, cuando comenzaron a detectarse los primeros hechos que luego se agruparon en una sola causa. También intervino para que se rechazaran los recursos de nulidad, lo que finalmente ocurrió. La jefa de Tarapacá del INDH, Lorena De Ferrari, indicó que la seguridad personal es un derecho humano y agregó que “con el rechazo de los recursos de nulidad interpuestos ante la Corte de Apelaciones de Iquique se termina definitivamente un proceso cuyo trabajo para nosotros inició en 2021, con la detección de los primeros casos que se fueron agrupando en esta causa.

La trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes son delitos gravísimos y, por ello, dada la naturaleza de dichos delitos, la Ley 20. 405 que crea el INDH mandata expresamente al INDH intervenir como querellante”. Además, señaló que 'la protección a los derechos humanos no es incompatible con la seguridad pública ni con la persecución del crimen organizado, sino que son complementarios, y que ambos deben abordarse de forma integral para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas y sus familias'.

La lección que deja este fallo no es solo judicial. También apunta a la coordinación entre instituciones, la detección temprana y la protección efectiva de las víctimas. Sin eso, los casos se repiten, aunque cambien los nombres de las bandas.

Al final, este proceso funciona como cerrar una puerta que estuvo demasiado tiempo abierta. Pero en una casa con varias entradas, cerrar una no basta si las otras siguen sin llave. ¿Qué es el tráfico y la trata y por qué el INDH actúa en estos casos?

La ley 20. 405 que creó al INDH lo mandata a realizar acciones que promuevan y protejan los derechos humanos de las personas. Dentro de sus facultades se encuentra emprender acciones legales ante los tribunales de justicia frente a crímenes como genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas.

El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas fueron incluidos en el Código Penal chileno en 2011. En el caso del primero, sanciona a quien con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. En el caso de la trata, castiga la captación, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación, alineando la legislación chilena con los estándares del Protocolo de Palermo y otros instrumentos internacionales.

La trata consiste en captar, trasladar, acoger o recibir personas, ya sea dentro del territorio nacional o desde y hacia el extranjero. Esto se puede hacer ocupando violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios. 5 datos más importantes: Seis integrantes del Tren de Aragua fueron condenados.

Penas entre 15 y 20 años de cárcel. Delitos: trata de personas y tráfico de migrantes. También hubo condenas por homicidio, secuestro y amenazas.

La Corte de Iquique rechazó recursos y dejó el fallo firme.