Corporación G.G.V. : habrían más solicitudes de embargo en curso
Como es de conocimiento público la Corporación Municipal Gabriel González Videla (C. G. G.
V. ) atraviesa una compleja situación judicial y financiera, ante lo cual, se busca su cierre definitivo, escenario que, sin embargo, se entrampa cada vez más luego de que se confirmara el embargo de más de un centenar de bienes por una deuda superior a los $100 millones. El origen de esta situación se remonta a 2022, cuando la corporación llevó a cabo dos procesos de licitación para obras de conservación en el Colegio Javiera Carrera.
Pese a que los trabajos no fueron ejecutados en su totalidad, las facturas fueron igualmente emitidas por la empresa Constructora Genoveza Limitada, superando los $100 millones. En concreto, estos documentos fueron emitidos el 8 de septiembre de 2022, y corresponden a montos de $57. 380.
086 y $43. 035. 064, respectivamente.
Posteriormente, dichas facturas fueron cedidas a la empresa de factoring BL Capital SpA, que inició el proceso de cobranza. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la administración de la época — encabezada por Jorge Díaz Torrejón, como secretario general, durante la gestión del exalcalde Roberto Jacob — la firma optó por judicializar el caso. Embargo decretado por el tribunalTras un fallido intento de acuerdo durante 2024 entre el municipio y la empresa acreedora, el Segundo Juzgado de Letras de La Serena decretó, el pasado 20 de enero, el embargo de bienes de la corporación, medida que podría concretarse en cualquier momento.
De acuerdo a lo informado por el secretario general de la C. G. G.
V. , Eduardo Rodríguez, la resolución contempla la incautación de más de 100 bienes, en su mayoría artículos de oficina. “Intentamos revertir esta acción judicial mediante diversas presentaciones en tribunales y, sobre todo, llegar a un acuerdo con la empresa de factoring, pero nuestra propuesta no fue aceptada”, explicó.
Por lo mismo, Rodríguez calificó el escenario como grave y apuntó a responsabilidades de la administración anterior. “Es un hecho que nos golpea nuevamente debido a una gestión deficiente, cuyas consecuencias seguimos enfrentando. A pesar de ello, continuaremos trabajando para cerrar definitivamente la corporación”, sostuvo.
Más acciones en carpetaA la situación ya judicializada se suma un elemento que tensiona aún más el escenario: la existencia de nuevas solicitudes de embargo que podrían activarse en el corto plazo. “Tenemos más solicitudes de embargos en curso que aún no han sido ejecutadas. Todas ellas corresponden a deudas de arrastre relacionadas con temáticas previsionales o licitaciones, entre otras.
Estamos evaluando cada caso y recibiendo a las empresas para abordar estas situaciones”, detalló Rodríguez. “Respetamos la medida judicial que derivó en el embargo, pero debemos dejar en claro que es una situación heredada que sabíamos que teníamos que afrontar al asumir la nueva administración. Seguiremos con el proceso de cierre de la corporación, ya que es la única alternativa que permitirá terminar con años de despilfarro de recursos e incluso con hechos que posteriormente se constituyeron como delitos”, añadió.
Trabajadores en alertaEn tanto, el eventual avance de estas acciones judiciales genera preocupación por su impacto en el funcionamiento interno de la entidad. Actualmente, cerca de 150 funcionarios continúan desempeñándose en áreas administrativas y en el sistema de cementerios. Cabe recordar que, en el marco del proceso de desmunicipalización, la educación ya fue traspasada al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, mientras que la salud primaria pasó recientemente a la administración directa del municipio.
“El cierre de la corporación y el traspaso de su área de salud a la municipalidad han permitido darle sostenibilidad financiera y certeza laboral a los trabajadores, además de resguardar la atención de los vecinos”, afirmó Rodríguez. En cuanto al embargo ya decretado, precisó que su ejecución podría materializarse en cualquier momento. “La orden de embargo ya fue ejecutada; es decir, desde este viernes 10 en adelante pueden efectuar la acción judicial.
La receptora no dio una fecha específica. Nuestro equipo jurídico ya está al tanto y trabaja en los futuros procesos de este tipo”, explicó el secretario general de la Corporación Gabriel González Videla.
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