Contraloría ordena sumario en Segegob por polémica publicación sobre "Estado en quiebra"

Contraloría ordena sumario en Segegob por polémica publicación sobre "Estado en quiebra" La Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades de funcionarios de Gobierno, luego de la controversia generada por una publicación difundida en marzo desde canales oficiales del Ejecutivo, en la que se hacía referencia a un supuesto "Estado en quiebra". El pronunciamiento del ente fiscalizador, dado a conocer este miércoles, apunta directamente al rol del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) en la difusión de contenidos institucionales, especialmente a través de redes sociales. Si bien reconoce que estas plataformas permiten emplear un lenguaje más cercano para facilitar la comprensión ciudadana, subraya que dichas comunicaciones deben cumplir estrictamente con criterios de probidad, transparencia y veracidad.

Cuestionamientos por falta de sustento técnico En su informe, Contraloría advierte que las expresiones utilizadas en la publicación no contaban con respaldo fáctico ni técnico suficiente para sostener los conceptos difundidos. Esta situación, añade el organismo, pudo inducir a error o generar confusión en la ciudadanía. Asimismo, el propio ministerio habría reconocido que el contenido no cumplió con los estándares de moderación exigidos, lo que derivó en su posterior eliminación desde las plataformas oficiales.

El organismo también recordó que la normativa vigente —en particular la ley N°19. 896— delimita el uso de recursos públicos para comunicaciones, restringiéndolas a la difusión de información sobre prestaciones estatales o acciones vinculadas directamente a funciones institucionales. Como parte de las acciones instruidas, la Contraloría ordenó implementar medidas que eviten la reiteración de mensajes imprecisos y dispuso la apertura de un proceso disciplinario.

Este procedimiento buscará determinar responsabilidades administrativas entre los funcionarios involucrados. El Ejecutivo deberá informar los avances de este proceso al ente fiscalizador en un plazo de cinco días hábiles. Origen de la controversia La polémica se remonta a marzo, en medio del debate por el alza en el precio de los combustibles y el estado de las finanzas públicas.

En ese contexto, piezas comunicacionales emanadas desde el Gobierno instalaron la idea de un "Estado en quiebra", generando reacciones transversales. Las críticas surgieron tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo, además de economistas y exautoridades que descartaron categóricamente dicha afirmación. En ese escenario, el entonces encargado de comunicaciones de La Moneda, Cristián Valenzuela, asumió la responsabilidad por el error.

Posteriormente, el ministro de Hacienda de la época, Jorge Quiroz, desestimó la tesis de una eventual quiebra del Estado, lo que obligó a rectificar el mensaje oficial.