Contraloría ordena controles de drogas obligatorios y públicos para altas autoridades del país

La Contraloría General de la República impartió nuevas instrucciones para asegurar la aplicación obligatoria de test de drogas a altas autoridades del Estado, en una resolución que busca despejar dudas sobre el cumplimiento de la ley y reforzar estándares de probidad en el aparato público. Mediante el Instructivo N° IN16/2026, el órgano contralor precisó que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicio deberán someterse a exámenes toxicológicos mediante muestra de pelo al asumir sus cargos y repetirlos al menos dos veces por año, con resultados de carácter público. La resolución establece además que el examen inicial podrá realizarse hasta 30 días hábiles desde la asunción —o incluso ser válido si fue tomado previamente dentro de ese rango— siempre que cumpla exigencias legales y se autorice expresamente la publicidad de sus resultados.

Controles aleatorios y advertencia por incumplimientos Uno de los puntos centrales del instructivo es que los controles posteriores deberán realizarse en fechas variables e imprevistas, resguardando su carácter preventivo. La Contraloría advirtió además que incumplimientos pueden generar responsabilidades administrativas, subrayando que incluso ministros —aunque no estén sujetos a régimen disciplinario estatutario— están sometidos al principio de probidad y control del órgano fiscalizador. La resolución llega en medio de creciente debate político por la aplicación de esta obligación establecida en el artículo 110 de la Ley 21.

806. Resolución se conoce tras requerimiento por eventuales incumplimientos El pronunciamiento cobra especial relevancia luego del requerimiento presentado ante Contraloría por la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana, quienes pidieron fiscalizar si el gobierno había cumplido o no con realizar estos exámenes. Manouchehri había emplazado al Ejecutivo señalando que “la transparencia no es opcional”, cuestionando que no existiera información pública sobre resultados de los test.

La nueva instrucción de Contraloría aparece así como una respuesta institucional clave para ordenar la implementación de una norma que había generado controversia. Kast había admitido retraso en aplicarse examen El tema había escalado además luego que el presidente José Antonio Kast reconociera semanas atrás que “se le pasó” realizarse inicialmente el examen, aunque luego se sometió voluntariamente a un test capilar y anunció un proyecto para ampliar estos controles a parlamentarios, directivas de partidos y candidatos a cargos públicos. Con el instructivo conocido ahora, la discusión deja de estar centrada en interpretaciones políticas y pasa a tener un marco administrativo formal fijado por Contraloría.

La señal del órgano fiscalizador es clara: los test son obligatorios, sus resultados deben ser públicos y su incumplimiento puede generar consecuencias.