Contraloría oficia al Gobierno por polémica publicación de un "Estado en quiebra"

La Contraloría General de la República tomó la determinación de solicitar un informe detallado al Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), tras una controversial publicación realizada en las cuentas oficiales de redes sociales del Gobierno de Chile. La pieza gráfica, que fue eliminada poco después de su difusión, generó una ola de críticas por el tono y el contenido de las afirmaciones respecto a la situación financiera del país y su relación con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). El mensaje en cuestión, difundido bajo el rótulo de 'Gobierno de Emergencia', planteaba de forma retórica por qué no era posible bajar el precio de la bencina a través del MEPCO.

Las respuestas ofrecidas en la publicación fueron tajantes: 'Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra', asegurando además una deuda superior a los 49 mil millones de dólares y una 'caja del Estado completamente vacía', lo que fue interpretado por diversos sectores como una declaración de carácter político y no informativo. Ante este escenario, la Contralora General, Dorothy Pérez Gutiérrez, firmó el oficio N° OF57605/2026, en el cual se exige a la ministra secretaria general de Gobierno que proporcione antecedentes precisos sobre la elaboración de dicho material.

La entidad fiscalizadora busca determinar el fundamento normativo y fáctico de las afirmaciones vertidas, subrayando la necesidad de que la comunicación institucional se ajuste a la realidad técnica y financiera del país. Además de los sustentos teóricos, la Contraloría ha puesto especial énfasis en el uso de los recursos públicos. El requerimiento solicita informar sobre el personal involucrado en la creación y difusión del contenido, así como el origen de los fondos utilizados para dicha campaña.

Esto tiene como fin verificar si se cumplió con el principio de probidad administrativa y si las redes sociales institucionales fueron utilizadas para fines distintos a los establecidos por la ley. Desde el organismo de control recordaron que, según el artículo 9° de la ley N° 10. 336, las autoridades no pueden excusarse en el secreto o reserva para negar información solicitada en el marco de una fiscalización.

Por ello, se ha otorgado a la SEGEGOB un plazo fatal de cinco días hábiles para ingresar toda la documentación requerida a través de la plataforma de Ventanilla Única de la institución. Este episodio ocurre en un momento de alta sensibilidad económica, donde el manejo de las expectativas sobre el precio de los combustibles es clave. La eliminación de la publicación por parte del Ejecutivo no detuvo la acción de la Contraloría, que ahora deberá evaluar si existió una falta administrativa o un uso indebido de los canales oficiales de comunicación para emitir juicios de valor sobre administraciones anteriores o la solvencia del Estado.