Contraloría: Más de 6 mil funcionarios públicos trabajaron en el sector privado estando con licencia

La Contraloría General de la República detectó que 6. 311 funcionarios públicos habrían incumplido el reposo indicado en sus licencias médicas entre 2023 y 2024, al registrar simultáneamente ingresos y trabajos con otros empleadores durante los períodos en que justificaban su inasistencia laboral. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 21 de 2026, que identificó un total de 48.

682 licencias médicas vinculadas a estos casos. El informe da cuenta de un patrón de irregularidades en el uso del beneficio, al constatar que miles de funcionarios realizaron actividades remuneradas mientras debían permanecer en reposo. En el detalle, 2.

538 funcionarios recibieron remuneraciones desde otras entidades, tanto públicas como privadas, mientras que 3. 611 percibieron ingresos bajo modalidad de honorarios. A su vez, 162 registraron ambos tipos de ingresos en paralelo durante el período de licencia médica.

El análisis también detectó que al menos 150 funcionarios generaron ingresos mediante plataformas digitales de intermediación de servicios, realizando labores como transporte de pasajeros, entrega de alimentos o compras a domicilio, mientras se encontraban con licencia. Además, la Contraloría advirtió que parte de estos casos no son aislados. Según el informe, varios de los funcionarios ya habían sido detectados previamente en otras irregularidades asociadas al uso de licencias médicas.

En específico, 862 habían sido observados por realizar viajes al extranjero durante su reposo, 427 por asistir a casinos y 138 por ambas situaciones. El documento también identifica a algunas instituciones con mayor concentración de estos casos. Entre ellas figuran la Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Servicio de Salud de Concepción, donde se registró un número significativo de funcionarios que habrían desarrollado actividades remuneradas durante sus licencias.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría instruyó a los organismos públicos involucrados iniciar procedimientos disciplinarios contra los funcionarios identificados. Las instituciones deberán informar el inicio de estas acciones a través de la plataforma SIAD en un plazo de cinco días desde la notificación. En paralelo, el organismo remitirá la información a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), además del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para evaluar eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El informe abre así un nuevo frente en la fiscalización del uso de licencias médicas en el sector público, instalando un foco en la supervisión de los mecanismos de control y en la eventual reiteración de conductas irregulares por parte de funcionarios.