Contraloría inicia fiscalización a beneficios sociales y pone foco en eventuales abusos

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, dio a conocer que la Contraloría inició un proceso de fiscalización en torno a los beneficios sociales que entrega el Estado. Durante el conversatorio “Probidad y Eficiencia del Estado”, organizado por la Universidad de los Andes (Uandes), Pérez resaltó: “El año pasado anunciamos que durante 2026 las prioridades de la Contraloría iban a estar en tres áreas: infancia, migraciones y entrega irregular de beneficios sociales a personas que no cumplen los requisitos que la ley dicta, o sea, el abuso”. Respecto a este último eje, apuntó que concentra una parte importante de recursos, debido al impacto que tiene en la correcta asignación de recursos públicos.

“Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”, agregó. La contralora confirmó que actualmente se están revisando múltiples beneficios sociales para determinar que quienes los reciben cumplen con las condiciones exigidas por la normativa.

“En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad lo que estamos custodiando son los intereses de los ciudadanos”, sostuvo. Finalmente, Pérez evitó adelantar cuántas irregularidades podrían detectarse y reconoció que habrá “un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidio de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile”.