Contraloría detecta descontrol financiero por más de $1.100 millones en Educación de Río Claro

La Contraloría Regional del Maule ratificó la responsabilidad administrativa del alcalde de Río Claro, Américo Guajardo (IND-RN), tras detectar un profundo descontrol financiero en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). La investigación determinó irregularidades que involucran una cifra superior a los $1. 100 millones, afectando directamente los fondos destinados a la educación pública de la comuna.

Los hallazgos del ente fiscalizador La auditoría reveló una millonaria diferencia neta de $1. 143. 809.

693 entre los saldos registrados en las cuentas bancarias y los fondos no utilizados por acreditar al cierre del ejercicio 2020. El foco de la anomalía se encuentra en el uso de cuentas corrientes exclusivas de dos pilares del sistema educativo: FAEP: Fondo de Apoyo a la Educación Pública. SEP: Subvención Escolar Preferencial.

Según el informe de Contraloría, se utilizaron recursos de estas fuentes específicas para cubrir déficits operacionales del municipio mediante "decretos alcaldicios". Lo más grave radica en los testimonios de funcionarios del DAEM, quienes aseguraron que estos movimientos se realizaron por orden directa del jefe comunal, pese a las advertencias sobre su ilegalidad. La defensa de Américo Guajardo Ante la contundencia de las cifras, el alcalde Guajardo intentó bajar el perfil a la situación, señalando que el problema se originó por el pago de deudas previsionales acumuladas.

"Esto se debe a estas multas e intereses que se tuvieron que pagar producto del retraso en el pago de las cotizaciones previsionales en el área educación", afirmó la autoridad comunal. Guajardo manifestó estar "tranquilo" y a la espera de presentar sus descargos finales para aclarar el proceso ante las instancias correspondientes. Sanciones y posible remoción Pese a las explicaciones del edil, Contraloría fue drástica y aplicó multas del 25% de la remuneración diaria y amonestaciones por escrito tanto a exjefes del DAEM como al jefe de Finanzas.

En el caso del alcalde, se sancionó la omisión del deber de supervigilancia.