Contraloría detecta a más de 50 funcionarios municipales del Maule que apostaron en casinos pese a prohibición

Un informe de la Contraloría General de la República detectó que 56 funcionarios municipales del Maule apostaron más de $116 millones en casinos, pese a una prohibición legal vigente. La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 56 funcionarios municipales de 23 comunas del Maule realizaron apuestas en casinos de juego, pese a tener una prohibición expresa establecida por ley. El monto total de las transacciones alcanzó los $116.

075. 918, entre enero de 2024 y junio de 2025. El organismo elaboró el informe tras cruzar datos entre el registro de funcionarios públicos y los antecedentes de clientes de casinos, información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

La revisión también identificó posibles deficiencias en los reportes entregados por operadores de casinos, lo que podría incidir en la precisión de los registros. La normativa vigente —específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19. 995— prohíbe que funcionarios que administran o custodian fondos públicos participen en juegos de azar.

Sin embargo, el informe confirma que los involucrados incumplieron esta restricción legal. En el desglose por comunas, Talca concentró el mayor monto individual, con un funcionario que apostó $46. 988.

661. Le sigue Linares, donde cuatro funcionarios realizaron apuestas por $44. 048.

930. En tanto, Curicó registró la mayor cantidad de involucrados, con cinco funcionarios que sumaron $8. 466.

318. El informe también identificó casos en otras comunas como San Clemente, Curepto, Longaví, Constitución, Maule, Pelarco, Río Claro, Cauquenes, Sagrada Familia, San Rafael, Yerbas Buenas, Molina, Colbún, Parral, Chanco, Licantén, Rauco, Vichuquén, Retiro y Pencahue, evidenciando un fenómeno extendido en la región. A partir de estos antecedentes, la Contraloría anunció que remitirá el listado de 910 funcionarios a nivel nacional a la SCJ, con el objetivo de que ejerza sus facultades fiscalizadoras y determine eventuales sanciones, según informa .

Asimismo, enviará los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades correspondientes para que inicien sumarios administrativos y determinen responsabilidades. Paralelamente, los datos serán puestos a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones legales.