Contraloría: 114 funcionarios del Servicio de Salud Concepción trabajaron para terceros bajo licencia médica

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) identificó que el Servicio de Salud Concepción (SSC) se ubica como la tercera entidad con mayor número de casos detectados a nivel nacional —con 114 funcionarios asociados a 846 licencias médicas— correspondientes a situaciones en que servidores públicos habrían percibido remuneraciones y/o emitido boletas de honorarios para otros empleadores mientras se encontraban con licencia médica en sus funciones públicas, entre 2023 y 2024. Dicho análisis, basado en un cruce de datos entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), detectó 6 mil 311 funcionarios en esta condición a nivel país, en un universo de 48 mil 682 licencias. Se trata de personas que, mientras justificaban su ausencia laboral en el sector público, habrían percibido pagos provenientes de otras instituciones.

Según el informe, 2 mil 538 funcionarios registraron remuneraciones, mientras que 3 mil 611 percibieron honorarios y 162 combinaron ambos tipos de ingresos durante el periodo de reposo. Además, se identificaron casos asociados a plataformas digitales de intermediación —como transporte o reparto de alimentos—, junto con otras conductas incompatibles con la licencia, como viajes al extranjero (862 casos) y asistencia a casinos (427). En términos institucionales, el listado de la CGR es encabezado por Fundación Integra (214 casos) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 196, mientras que el Servicio de Salud Concepción se posiciona en tercer lugar.

En tanto, a nivel sectorial, el ámbito salud concentra el 26 % de los casos observados, sólo por debajo del sector municipal (46 %), seguido por educación (17 %) y otros organismos (11 %). Cabe mencionar que, de acuerdo con la normativa vigente y dictámenes de la Suseso, la licencia médica certifica una incapacidad temporal para trabajar, por lo que el incumplimiento del reposo —incluyendo la realización de actividades laborales, remuneradas o no— puede derivar en el rechazo del beneficio y en eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales. En este escenario, el SSC vuelve a situarse en el foco, no solo por su posición en el ranking, sino también en consideración de antecedentes recientes en la red.

Estos incluyen lo ocurrido en el Hospital Guillermo Grant Benavente, donde la Contraloría detectó más de 12 mil licencias médicas sin respaldo y deficiencias en los sistemas de control y trazabilidad. Respuesta del SSC Consultados por Diario Concepción acerca del proceso de revisión interna, el número de funcionarios involucrados, eventuales sumarios, mecanismos de control y medidas a adoptar, desde el Servicio indicaron únicamente que, a la fecha, no han recibido antecedentes formales por parte de la Contraloría respecto del informe, por lo que se encuentran a la espera de la notificación oficial para adoptar eventuales medidas administrativas. En esa línea, la institución no informó sobre la realización de revisiones internas preventivas ni la apertura de procesos administrativos a partir de los antecedentes ya conocidos, remitiendo cualquier acción a una eventual comunicación formal del organismo fiscalizador.

Asimismo, el SSC no abordó la cantidad de funcionarios involucrados dentro de la red ni los mecanismos de control existentes para detectar este tipo de situaciones, en un contexto en que el informe ya es de conocimiento público a nivel nacional. Visiones desde el sector Desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) en Biobío, su presidenta regional, Evelyn Betancourt, sostuvo que “este caso debe ser investigado y, por tanto, a partir de esa investigación que se realice, vienen los cargos y las posteriores sanciones que se tengan que otorgar”, agregando que “nosotros estamos regidos por ley, y en base a eso es que se tienen que tomar las medidas”. Consultada sobre el alcance de estas situaciones, la dirigente planteó que los antecedentes podrían ir más allá de hechos aislados y responder a un problema de carácter más estructural dentro de la red, especialmente en un contexto donde —según indicó— ya se han conocido otros informes y observaciones recientes vinculadas al uso y control de licencias médicas.

En esa línea, advirtió que la reiteración de este tipo de casos obliga a mirar no solo las conductas individuales, sino también los mecanismos de supervisión y las condiciones en que estos se aplican al interior de los servicios. En esa línea, formuló críticas a la gestión del Servicio penquista, señalando que se trataría de “un servicio más bien político en relación a la gestión”, y agregando que, en términos de cumplimiento, “son 29 servicios y está en el número 26”, lo que —a su juicio— incide en su desempeño frente a este tipo de situaciones. Respecto de los mecanismos de control, Betancourt reconoció que estos existen de manera transversal en el sistema, descartando que se trate de una falencia exclusiva de un servicio en particular.

Sin embargo, puso el foco en su implementación efectiva, cuestionando la consistencia y profundidad de la fiscalización. En esa línea, advirtió que la principal debilidad no radicaría en el diseño institucional, sino en la ejecución de los controles, donde —según planteó— se generarían los espacios para las irregularidades o incumplimientos. Asimismo, relevó la necesidad de fortalecer los cruces de información entre instituciones.

“Alguien tiene que velar para que eso ocurra”, señaló, en referencia a la coordinación con organismos como el SII, agregando que si esos mecanismos no se aplican, “podría ser que alguien al interior no esté cumpliendo bien su función”. A partir de estos antecedentes, la dirigente planteó que el foco no solo debe estar en las eventuales responsabilidades individuales, sino también en la forma en que se implementan los controles al interior de los servicios. En ese sentido, apuntó a la importancia de revisar los procesos de fiscalización y coordinación institucional, en un escenario donde —según planteó— los mecanismos existen, pero su aplicación efectiva es la que termina marcando la diferencia.