Contra el negacionismo y la banalización del dolor. Reflexión sobre DDHH y PRAIS. Por Teresa Velastín, Referente Técnica

En el último tiempo hemos presenciado una alarmante banalización de los derechos humanos y la memoria histórica. Bajo la excusa de que ciertos símbolos serían solo una vestimenta, se llega incluso a la apología del dolor, ignorando que el trauma en Chile sigue abierto, sin ser procesado ni superado como corresponde. Han pasado más de cincuenta años y el camino hacia la justicia y la reparación sigue inconcluso: de las más de 3.

200 personas asesinadas o desaparecidas por agentes del Estado, aún ignoramos el paraderoexacto de más de 1. 100 compatriotas. Persisten silencios frente a fosas comunes y sigue ausente un perdón genuino, anclado a un compromiso real de no repetición.

Naciones fragmentadas por la guerra, como Alemania y Japón, comprendieron que la reconstrucción no se limita a levantar ciudades o reactivar economías; exige también sanar el tejido social. Por ello, asumieron sus responsabilidades, pidieron perdón y establecieron políticas de Estado permanentes en torno a la memoria y la reparación. Entendieron que, cuando un Estado ejerce violencia sistemática contra su propia población, las secuelasatraviesan a generaciones enteras.

En Chile, por el contrario, persisten sectores que relativizan el dolor y reducen los crímenes de lesa humanidad a meras trincheras ideológicas, olvidando que defender los derechos humanos es, ante todo, defender la dignidad intrínseca de las personas. Es precisamenteen este escenario de negacionismo donde cobra vital relevancia el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS). El PRAIS no es un privilegio ni una concesión política: es una medida mínima de reparación frente al daño infligido por el propio Estado.

Surge porque hubo más de 40. 000 víctimas calificadas oficialmente por las comisiones de verdad en nuestro país. Surge porque tuvimos compatriotas torturados, prisioneros políticos, exiliados y ejecutados; porque hubofamilias emocionalmente devastadas.

Y sobre todo, surge porque el trauma no se extinguiócon el retorno a la democracia, sino que mutó en silencios, enfermedades de salud mental, duelos suspendidos y generaciones marcadas por el miedo. Cuestionar la existencia de este programa refleja una profunda ignorancia sobre la naturaleza permanente de las heridas que deja la violencia institucional. Hoy, miles de víctimas sobreviven con estrés postraumático, depresión, ansiedad y daños físicos crónicos derivados de la tortura.

Hablar de reparación no es vivir en el pasado, es constatar que el daño sigue latente y que el Estado tiene la obligación ética e ineludible de acompañar a las cerca de un millón y medio de personas —entre sobrevivientes directos y familiares afectados en las generaciones siguientes— que componen hoy el programa a nivel nacional. Ninguna reparación borra el horror, pero al menos institucionaliza la responsabilidad. Intentar instalar en el debate público que el PRAIS o iniciativas similares son un gasto innecesario o un privilegio, constituye una nueva forma de violencia: invalida y revictimiza el sufrimiento de miles de personas que aún claman por verdad, justicia y un mínimo de empatía.

Encasillar los derechos humanos como el patrimonio de un solo sector político es un error histórico; su defensa debe ser un piso democrático transversal. El día en que una sociedad permite la relativización de la tortura, tolera la desaparición forzada o se burla del dolor de las víctimas, esa sociedad comienza a perder su propia humanidad. Podrán pasar cien años más, pero mientras no exista un compromiso sincero y efectivo co la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, seguiremos siendo un país de heridas supurantes.

Ejercer la memoria no es un acto de odio ni de revancha. Es, sencillamente, la búsqueda de la dignidad, la exigencia de la verdad y la única garantía de que nunca más el Estado chileno vuelva a convertirse en el verdugo de su propio pueblo.