Conductores Uber y otras aplicaciones fuera de los beneficios por alza de combustibles

Los conductores de Uber y otras aplicaciones serán parte de los más perjudicados con el alza histórica del combustible de este jueves, que será de $370 pesos, y además son los grandes olvidados en las medidas de mitigación del Gobierno. Mientras el Palacio de La Moneda diseña estrategias para contener el malestar en gremios tradicionales, existe una fuerza laboral 'invisible' que hoy sostiene la movilidad de las ciudades y la economía de miles de hogares, especialmente en nuestras regiones, que se queda sin red de protección. El anuncio de bonos de alivio y mecanismos de compensación parece tener un destinatario exclusivo: el transporte regulado.

Sin embargo, la magnitud del sector de aplicaciones no permite seguir ignorándolo. Según un reciente estudio de la Universidad Católica (PUC), en los últimos diez años, más de un millón de chilenos ha sido conductor de una aplicación de transporte. No hablamos de un grupo marginal, sino de una masa crítica de ciudadanos que ha encontrado en el volante su principal —y muchas veces única— fuente de sustento.

Este incremento de $370 pesos no es un ajuste menor; es un golpe directo a la línea de flotación de una actividad que ya opera con márgenes estrechos. A pesar de esto, el Ejecutivo ha cerrado la puerta a cualquier tipo de auxilio para ellos. La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, fue clara en una entrevosta en teltevisión indicando que 'como los Uber y ese otro tipo de aplicaciones no tienen reglamento, no se le pueden aplicar este tipo de beneficios'.

Esta justificación técnica deja en la indefensión a un sector que, si bien no está regulado, es una realidad económica innegable. La falta de un reglamento no hace que el combustible les cueste menos ni que sus familias coman menos. Al contrario, la situación es particularmente dramática en las regiones de Chile, donde el empleo formal es más escaso y manejar para una aplicación es la columna vertebral de la economía familiar.

En ciudades donde la movilidad depende de estos servicios, el alza del combustible sin una compensación estatal no solo castiga al conductor, sino que encarece la vida de los usuarios que no tienen otra alternativa para desplazarse. Ignorar a este millón de personas es un error político y social de proporciones. Es hora de que la discusión sobre el MEPCO y las compensaciones de Hacienda dejen de tener puntos ciegos.

La economía de plataforma existe, es masiva y hoy, más que nunca, está pagando el costo de un olvido que ya no tiene justificación humana, sino meramente burocrática.