Con tres ejes y 17 días de plazo: Los primeros pasos del recién constituido Comité de Auditoría

El viernes se constituyó -y realizó su primera sesión- el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, comprometido por el propio presidente José Antonio Kast para todo el aparato público como una señal de probidad y transparencia, pero también como una ofensiva a la gestión del exmandatario Gabriel Boric. En la instancia, y según consignó El Mercurio, se acordó que los servicios públicos envíen en un plazo de 17 días -es decir, hasta el 6 de abril- información sobre el uso de los recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026. Aquello, tiene como objetivo tener un catastro de cómo recibieron las cuentas públicas.

"El Presidente José Antonio Kast nos ha solicitado conocer el estado real de la nación. Estamos trabajando con rapidez y con transparencia de cara a la ciudadanía. El buen uso de los recursos público es una prioridad de este Gobierno.

Para eso ya hemos tomado las primeras acciones e instrucciones. Toda la información que estamos solicitando a los servicios públicos será procesada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Ese consejo deberá presentarnos los primeros hallazgos el 10 de abril", señaló la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el comité.

Cabe mencionar que, además de ella, la instancia la integran los subsecretarios de Interior y de Hacienda, Máximo Pávez y Juan Pablo Rodríguez respectivamente, además del asesor presidencial Francisco Riveros. Y, junto al comité, funcionará el CAIGG. En la reunión se determinó que el proceso contemple una "entrega progresiva de información", es decir, entre el 6 y el 16 de abril se deberá reunir la información correspondiente a 2024; entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.

El términos generales, el plan de este comité contempla tres ejes: uno técnico, uno político y uno de probidad. El primero apunta a que sería una "línea de base irrefutable" para cada cartera; el segundo a que se desarrolla en un contexto de "gobierno de emergencia"; y el tercero a que se busca una denuncia inmediata de irregularidades. A su vez, dentro de esos ejes se establecieron cinco áreas: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria, con el objetivo de revisar cómo se utilizan los recursos públicos y fortalecer los estándares de transparencia y control del Estado.

"Puede que algunos se incomoden y que otros se sorprendan con los hallazgos que vamos a descubrir. Lo que no vamos a hacer es ocultar la verdad. Los chilenos exigen transparencia y rendición de cuentas, y eso es lo que impulsaremos.

Caiga quien caiga", sostuvo previamente la vocera de Gobierno, Mara Sedini. Fue el pasado 11 de marzo cuando el Mandatario firmó un instructivo orientado a ordenar una auditoría integral del sector público, bajo criterios de urgencia y poniendo un énfasis especial en la transparencia.