Comunidades de Chiloé persisten en la resistencia tras violento operativo policial

En Púlpito denuncian traumas psicológicos y el abandono del Estado frente a sus demandas de tierra. A una semana del violento allanamiento que sacudió a Cuyulhue en Púlpito, el pasado miércoles 25 de marzo, las comunidades mapuche-williche de Chiloé mantienen su postura de resistencia y denuncia. El operativo movilizó a 300 efectivos de la PDI en plena madrugada, y desde entonces no ha logrado frenar el reclamo territorial de un sector que se organiza para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de las detenciones.

Mientras parte de los comuneros permanecen bajo medidas cautelares, los dirigentes advierten que la demanda por la restitución de sus tierras ancestrales sigue vigente pese a la presión policial. Juan Carlos Luna, dirigente y Werkén de la mesa territorial Cuenca Lago Huillinco-Cucao, relató a El Ciudadano que la intervención fue vivida como una auténtica invasión armada. “Fue un allanamiento con mucha violencia, siendo apuntados con ametralladoras mientras todos dormían”, subrayando que el trauma alcanzó tanto a niños como mujeres que vieron a los detenidos ser reducidos con armas en el pecho.

Según Luna, el despliegue fue desproporcionado para una comunidad humilde que vive del trabajo diario en el bosque y que actualmente se encuentra consternada ante la fuerza utilizada por el Estado. Para los líderes como el Werkén, el conflicto actual es el resultado directo de políticas públicas que ignoran sus solicitudes de tierras desde el año 2000. El dirigente explicó que, aunque el Estado devolvió una mínima fracción del territorio solicitado, alrededor de un 10%, la falta de una solución real empuja a las familias a una subsistencia precaria que luego es criminalizada.

“Son personas que ganan el día a día para mantenerse”, señaló Luna, criticando que se les acuse de delitos graves como lavado de activos cuando lo que existe es una reivindicación por recuperar el espacio que históricamente les pertenece. La situación económica tras el operativo es crítica, ya que la policía decomisó las herramientas básicas de trabajo de la comunidad. Camionetas, motosierras y equipos de aserradero, esenciales para la labor forestal que sostiene a los hogares, fueron retirados por los efectivos, dejando a muchas familias en vulnerabilidad.

“Las personas que llevaban el pan a la casa están detenidas”, advirtió el dirigente, haciendo hincapié en que el daño social y psicológico es inmenso para quienes ahora deben enfrentar los procesos judiciales. Actualmente, las comunidades de Chiloé se encuentran en un proceso de reunión y coordinación permanente para definir los pasos a seguir ante este complejo escenario. No se trata solo de la defensa jurídica de más de 20 imputados, sino de una respuesta colectiva frente a lo que consideran un acto de violencia estatal sin precedentes en la isla.

Los dirigentes aseguran que la moral de la comunidad sigue intacta. El llamado de los voceros es a la solidaridad y a la atención nacional sobre lo que ocurre en los sectores rurales de Chonchi. Aseguran que seguirán conversando y uniendo fuerzas con el resto de las organizaciones de Chiloé para enfrentar este lamentable episodio.

La persistencia en la movilización, además de la libertad de sus compañeros, busca poner fin a un modelo que prioriza los intereses privados sobre los derechos de los pueblos originarios, reafirmando que la tierra y la dignidad no se transan ante la fuerza.