Collahuasi: El megaproyecto de US$3.200 millones que quedó sin permiso ambiental y desató molestia empresarial

El proyecto "Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva" de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi quedó el viernes pasado sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental anulara la aprobación que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le había otorgado en diciembre de 2021. El proyecto consistía en una iniciativa con una inversión estimada en US$3.

200 millones en un plazo de cinco años. Se trata de uno de los proyectos mineros en construcción más relevantes del país. Pero, ¿en qué cosiste la iniciativa que ahora deberá ser reevaluada por el SEA?

El objetivo general es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un período estimado de 20 años adicionales. Busca, así, mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados desde 170 ktpd hasta 210 ktpd, extendiendo e integrando los permisos medioambientales existentes y considerando una fuente complementaria de abastecimiento hídrico, lo que implicaba además una disminución progresiva del uso de agua continental. De concretarse, la iniciativa habilitaría a la compañía para producir, a futuro, cerca de 710 mil toneladas de cobre fino al año, en línea con la etapa de optimización de procesos que la minera ha desarrollado en los últimos seis años.

En materia laboral, la propia empresa informó al ingresar el proyecto a tramitación que su ejecución permitiría conservar los casi 19 mil empleos directos e indirectos que genera en toda su cadena de valor. Territorialmente, la iniciativa contemplaba ejecutarse en los mismos sectores en los que ya opera Collahuasi, distribuidos en tres zonas: Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi, todas en la Región de Tarapacá, en las provincias del Tamarugal e Iquique y en las comunas de Pica, Pozo Almonte e Iquique. No obstante, el proyecto tiene carácter interregional, ya que su área de influencia abarca también las comunas de Antofagasta, María Elena, Sierra Gorda y Ollagüe en la Región de Antofagasta, además de Alto Hospicio en Tarapacá.

Territorialmente, el proyecto se distribuía en tres zonas donde Collahuasi ya opera: Cordillera, Ductos y Puerto Collahuasi, con un área de influencia interregional entre Tarapacá y Antofagasta. En Cordillera se concentraban las obras productivas —ampliación del rajo Rosario y cambio a biolixiviación, entre otras—, mientras que la pieza central del proyecto se ubicaba en Puerto Collahuasi, en Punta Patache: la construcción de una planta desaladora de agua de mar que alcanzaría caudales máximos de 525 l/s en el cuarto año y 1. 050 l/s en el octavo.

Una de las cosas más polémicas de la decisión del Tribunal es que gran parte del proyecto estaba finalizado, entre ellas la planta desaladora. Este martes, la minera informó —a través de un comunicado— que presentó un recurso de aclaración ante el tribunal para precisar los alcances de la sentencia y aseguró haber determinado la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, que se encontraba en fase de pruebas previas a su puesta en marcha. Tras la sentencia, el SEA deberá retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental y elaborar un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), que aborde las observaciones de las asociaciones indígenas reclamantes sobre la línea de base del medio humano y los impactos sobre el medio marino, en particular respecto del uso del maritorio en la zona de Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi.

La molestia del mundo empresarial El presidente del Consejo Minero —gremio que reúne a las mayores empresas mineras del país—, Joaquín Villarino, fue uno de los primeros en reaccionar al fallo. "Vemos con preocupación el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, no solo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino también por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile", sostuvo. "reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos.

"Joaquín Villarino, presidente del Consejo MineroA su juicio, el caso "reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos". En la misma línea, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, advirtió que este tipo de resoluciones "envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo". El fallo, agregó, "reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización".

Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó en conversación con Radio Universo que el tribunal "tomó una decisión bastante particular, porque genera una paralización absoluta del proyecto cuando esto era una extensión y una planta desaladora, y ni siquiera hace la distinción entre unos y otros". Aun así, sostuvo que "la probabilidad de una reversión definitiva es extremadamente baja" y llamó a esperar el resultado de las instancias judiciales pendientes.