Colegio Japón: 4 profesores compartían fotos por WhatsApp de colegas y apoderadas

Una grave situación se dio a conocer al inicio de este año escolar en el Colegio Japón de La Serena, luego de que saliera a la luz una denuncia interna que involucraría a cuatro docentes de ese establecimiento quienes habrían compartido y difundido imágenes de mujeres —colegas y apoderadas— sin su consentimiento a través de un grupo de WhatsApp durante 2025. Según el testimonio de una profesora del colegio, ésta se enteró de la situación por otra vía: la ausencia de tres de sus colegas en la nómina de docentes para el presente año. “Cuando se inició el año escolar, vi que tres de mis colegas no estaban en la plantilla de profesores.

Me extrañó mucho y me dijeron que sus contratos no habían sido renovados por el SLEP Elqui. Esto me pareció súper injusto porque eran, según yo, buenos docentes, pero otra colega que estaba al tanto de todo me dice que no los defendiera tanto, porque los habían descubierto que se compartían comentarios sexuales y fotos del ‘trasero’ y las ‘mamás’ de colegas y apoderadas, incluso mías. No lo podía creer”, aseguró.

En concreto, los profesores involucrados habrían tomado fotografías a mujeres con sus teléfonos celulares sin autorización y posteriormente las compartían en un chat grupal. En todo caso, se descartó que existieran imágenes de estudiantes o de otros menores de edad. INVESTIGACIÓN EN CURSOEste hecho habría sido detectado por otros integrantes de la comunidad educativa, quienes accedieron a las conversaciones, activándose de esta forma, los protocolos establecidos en el reglamento interno.

Tras ello, se informó a los directivos del Servicio Local de Educación Pública Elqui, organismo que decidió no renovar el contrato de tres de los involucrados, mientras que un cuarto docente se encontraría suspendido de sus funciones a la espera de determinar su grado de participación. Paralelamente, desde el establecimiento se habría presentado una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), la cual fue derivada al Ministerio Público. Desde la fiscalía de La Serena confirmaron la recepción de los antecedentes y actualmente se encuentran en etapa de revisión, precisando que, hasta ahora, solo se ha tenido acceso a las conversaciones y no a las imágenes en cuestión.

En tanto, contactados por El Día, desde el SLEP señalaron que ya se tomó conocimiento de los hechos y se entregaron los antecedentes a las instituciones correspondientes a fin de que, en el marco de su competencia, sean investigados. “En materia administrativa, se instruyó el procedimiento disciplinario para determinar si se ha configurado una infracción de los deberes funcionarios. La investigación interna se encuentra en curso y, tal como lo establece la normativa, tiene el carácter de secreta”, indicaron a través de una declaración.

VULNERACIÓN DE DERECHOSPor su parte, la psicoterapeuta y psicotraumatóloga, Angélica Leyton, explicó que la eventual configuración de algún delito dependerá, en primer término, del consentimiento de las personas afectadas respecto del uso y difusión de las imágenes. “Si las imágenes fueron compartidas sin su autorización, ya sea indistintamente del rol o la edad —en este caso mujeres adultas—, y eran de carácter privado o íntimo, se considera una vulneración a la vida privada y puede constituir delito”, advirtió la profesional. Leyton agregó que, incluso si las fotografías no fueran íntimas o hubiesen sido obtenidas desde espacios públicos o redes sociales, su uso con fines de burla, sexualización o cosificación sigue siendo una vulneración grave de derechos.

A su vez, Leyton advirtió que este tipo de hechos genera consecuencias significativas en las víctimas, como vergüenza, sensación de exposición, ansiedad, angustia, hipervigilancia y un quiebre en la percepción de seguridad, especialmente cuando los hechos ocurren en espacios laborales o educativos. “Se produce una pérdida de la sensación de seguridad en lugares donde antes existía confianza. Esto puede derivar en síntomas como insomnio o depresión, dejando una huella emocional importante, porque lo que hay detrás es una transgresión de límites y una vivencia de desprotección”, indicó.

Asimismo, la psicóloga subrayó que estas prácticas tienen un componente de género evidente, ya que suelen basarse en la cosificación del cuerpo femenino, lo que refuerza dinámicas de desigualdad y abuso de poder. “No es un hecho aislado, sino parte de una problemática cultural más amplia”, sostuvo. MEDIDAS Y REPARACIÓNEn cuanto a las acciones a seguir, la especialista enfatizó la importancia de validar las experiencias de las afectadas y activar los protocolos institucionales.

Esto implica investigar los hechos, resguardar a las personas involucradas y aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, advirtió que no basta con medidas administrativas como la desvinculación. “Es clave abordar el daño.

La reparación debe incluir acompañamiento psicológico, reconocimiento del daño y acciones concretas que permitan restituir la sensación de seguridad”, afirmó Angélica Leyton. En esa línea, la profesional indicó que las mujeres afectadas también pueden recurrir a instancias como la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Educación o iniciar acciones legales en caso de difusión sin consentimiento. Por lo mismo, Leyton recalcó que la rapidez en la activación de estas medidas puede incidir en la magnitud del impacto a mediano y largo plazo.

“En el corto plazo el impacto siempre va a existir, pero una intervención oportuna puede reducir sus efectos futuros”, afirmó la profesional.