Colegio de Profesores de Los Ángeles advierte falencias en proyecto Escuelas Protegidas y pide enfoque integral

Colegio de Profesores de Los Ángeles advierte falencias en proyecto Escuelas Protegidas y pide enfoque integral La Sala de la Cámara Baja aprobó la idea de legislar del proyecto denominado "Escuelas Protegidas", impulsado por el Ejecutivo y que busca fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales del país, en un escenario marcado por el aumento de episodios de violencia escolar. La propuesta, presentada por el Gobierno, apunta a dotar a las comunidades educativas de mayores herramientas para la prevención y el control de situaciones de riesgo, reforzando la autoridad de los establecimientos y promoviendo entornos adecuados para el aprendizaje. Entre las principales medidas, contempla la posibilidad de realizar revisiones de mochilas bajo protocolos definidos para detectar elementos peligrosos y resguardar la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios.

Esta disposición ha generado diversas reacciones, particularmente en torno a su implementación y eventuales implicancias en materia de derechos. Asimismo, establece la prohibición del ocultamiento facial al interior de los recintos educacionales. La medida pretende facilitar la identificación de estudiantes en situaciones conflictivas y prevenir hechos de violencia, especialmente en contextos donde el anonimato ha sido señalado como un factor que dificulta la gestión de incidentes.

El proyecto también incorpora un endurecimiento de sanciones frente a conductas consideradas graves, como agresiones físicas, amenazas o daños a la infraestructura escolar. En este punto, el Ejecutivo subrayó la necesidad de contar con herramientas más efectivas para enfrentar hechos que afectan la convivencia y el normal desarrollo de las actividades educativas. Uno de los aspectos que ha generado mayor debate es la inclusión de disposiciones que podrían impactar beneficios estatales en educación superior.

En particular, se plantea la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes que hayan sido condenados por delitos graves cometidos en el contexto escolar, lo que ha abierto una discusión respecto a la proporcionalidad de la medida y sus efectos a largo plazo. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR Desde el Ejecutivo se ha señalado que la iniciativa tiene como finalidad equilibrar la convivencia escolar con el resguardo de la seguridad, enfatizando que se trata de una respuesta a un problema creciente en distintos territorios del país. El proyecto quedó listo para ser enviado al Senado luego de la discusión y votación favorable por parte de la Sala de la Cámara Baja.

Recordemos que la semana pasada, la Comisión de Educación había aprobado la iniciativa, anticipándose un debate amplio, donde distintos actores políticos y del ámbito educativo expusieron sus posturas respecto a este tema para enfrentar una de las principales preocupaciones del sistema escolar en la actualidad. Desde el mundo docente local, en tanto, surgieron críticas al enfoque de la iniciativa. La presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras de Los Ángeles, Ivonne Moya, expresó reparos respecto a la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto.

"La interrupción de clases se puede dar por diversas situaciones no solamente por violencia, por ejemplo, cuando se hacen protestas pacíficas por alguna situación de su propio establecimiento, pero en este proyecto no se visualiza claramente a qué llaman violencia que interrumpe el normal desarrollo de las clases", indicó. "Pensamos que revisar mochilas no es un acto que por sí sólo detenga la violencia en las escuelas, deben existir otras situaciones que apunten a la realidad de las distintas comunidades educativas vive a diario, teniendo diversas realidades la una de la otra", añadió. "Falta en este proyecto inclusión de los padres y apoderados que también pueden alterar o amenazar el normal desarrollo de las clases, esperábamos más de este proyecto de ley y como toda ley se debe implementar con recursos que no se mencionan y que son importantes para llevarla a cabo", sostuvo.

Las distintas posturas reflejan un debate que se instala con fuerza tanto en el Congreso como en las comunidades educativas. Mientras algunos valoran la urgencia de actuar con medidas concretas, otros advierten que la solución requiere un enfoque más integral y con mayor respaldo institucional. En la provincia de Biobío, el avance del proyecto es seguido con atención, considerando las diversas realidades que enfrentan los establecimientos educacionales.

El desafío, coinciden distintos actores, será lograr una normativa que equilibre seguridad, derechos y efectividad.