Cifras sin pueblo: el error economicista

Hay gobiernos que, cuando aprieta la realidad, buscan orientación en la historia, en la experiencia y en el juicio político. Y hay otros que piensan en números. El de José Antonio Kast se ha estado inclinando con inquietante constancia hacia lo segundo.

No es un problema menor. Cuando el poder se reduce a cálculo se administra, pero no se conduce. Se manejan y corrigen cifras, pero no se produce legitimidad.

Y sin legitimidad —sin ese reconocimiento tácito por el cual una comunidad se siente reconocida en sus instituciones— no hay orden estable ni progreso duradero: ni social, ni cultural, tampoco económico. Ante la presión, el gobierno ha reaccionado con un criterio economicista. El famoso Oficio N° 16 propuso recortes presupuestarios en medio de la tramitación de la ley miscelánea.

No es reprochable en sí abir o cerrar programas. Lo criticable es la ausencia de una justificación política y que sólo se haya reparado en la variable económica. Algo similar ocurrió con la suspensión parcial del Mepco y el consiguiente aumento abrupto en el precio de los combustibles.

La medida es explicable en términos de sostenibilidad fiscal, pero gobierna políticamente quien anticipa el efecto de sus decisiones sobre la vida concreta de las personas y sobre la legitimidad del conjunto. Valía, entonces, un aumento más paulatino en los precios, bajo una lectura atenta de los efectos de las alzas. Es sintomático el peso gravitante del ministro de Hacienda, que termina fijando —de facto— el marco de lo posible.

No es una anomalía nueva. Los gobiernos de Sebastián Piñera lo mostraron con claridad. Hubo en ellos gestión, hubo crecimiento en ciertos períodos, pero faltó política.

Cuando en 2011 los estudiantes y sus familias exigían justicia se les respondió con indicadores. Cuando en 2019 el país estalló, se defendieron cifras. El desenlace es conocido: fue el Congreso el que, el 15 de noviembre debió abrir una salida.

El error es antiguo, pero persiste. Así como cierta izquierda pretende comprender la política desde la moral —atribuyéndose superioridad ética y reduciendo el conflicto a una pedagogía de la virtud—, una parte de la derecha insiste en comprenderla desde la economía. Ambas actitudes son reduccionistas y terminan fracasando.

La economía es importante y debe ser considerada por una praxis política responsable, pero no puede erigirse en el criterio político. La política tiene su propia lógica. Su tarea primaria es producir legitimidad: hacer que el pueblo se reconozca en sus instituciones, que las sienta como propias, que esté dispuesto a sostenerlas incluso en momentos adversos.

Sólo sobre esa base adquieren sentido los equilibrios fiscales, los incentivos y las reformas. Sin legitimidad, no hay lealtad. Sin lealtad, no hay orden.

Y sin orden, el progreso sostenido es imposible (aquí se puede descargar el capítulo 1 de Octubre en Chile). Chile necesita hoy transformaciones de fondo: en educación, en organización territorial, en productividad. No parches ni ajustes marginales, sino cambios profundos.

Y ellos requieren acuerdos amplios, estables, capaces de proyectarse más allá de un ciclo gubernamental. El gobierno tiene, entonces, un dilema nítido ante sí. Puede persistir en el economicismo —ponerse bajo el mando de la planilla, delegar el criterio en Hacienda, repetir la trayectoria de Piñera y encaminarse a un desgaste previsible— o puede abrirse a un pensamiento político más amplio: recuperar la primacía de la política, ordenar la economía a fines mayores y buscar acuerdos con los sectores más responsables de la oposición (DC, PS, PPD, PR).

Lo primero ofrece comodidad técnica y la satisfacción de la consecuencia con el pequeño credo, pero conduce al fracaso político. Lo segundo exige riesgo, pero abre recién la posibilidad de gobernar en el sentido fuerte del término.