Chile y la defensa de sus intereses permanentes en el extremo austral

En política exterior, las coincidencias rara vez son casuales. En el lapso de pocos días, dos episodios distintos (pero conectados) han vuelto a poner a Argentina en el centro de un debate incómodo para Chile: el respaldo del gobierno de José Antonio Kast a los “legítimos derechos de soberanía” argentinos sobre las islas Malvinas/Falkland; y las declaraciones del contraalmirante trasandino Hernán Montero afirmando que la “boca oriental” del Estrecho de Magallanes sería argentina. Dos hechos distintos, pero que remiten a un mismo eje: límites, soberanía y proyección estratégica en el extremo austral.

El primero de estos elementos —las Malvinas/Falkland— no es, en rigor, una novedad. Desde el retorno a la democracia, en marzo de 1990, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, Chile ha sostenido una política consistente de respaldo al reclamo argentino en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a una negociación con el Reino Unido. Esa línea fue mantenida por administraciones sucesivas, desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle hasta Gabriel Boric, con una fórmula relativamente estable: reconocer la existencia de una disputa de soberanía, promover el diálogo y evitar validar unilateralmente la administración británica.

Sin embargo, el lenguaje utilizado recientemente por Kast introduce un matiz relevante. No en el fondo, pero sí en la forma. Hablar de “derechos legítimos de soberanía” no es lo mismo que invocar resoluciones multilaterales.

Es un cambio de énfasis. Y en política exterior, los énfasis importan. Ese cambio de tono adquiere otra dimensión cuando se observa el segundo episodio.

En enero de 2026, en un podcast especializado, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, Hernán Montero, sostuvo que la “boca” del Estrecho de Magallanes —el tramo comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness— sería argentina. La afirmación contradice el marco jurídico vigente. El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que puso fin al diferendo del Beagle, establece con claridad la delimitación en la boca oriental del estrecho y reconoce la soberanía chilena sobre esta vía interoceánica, garantizando su neutralización y libre navegación.

No es un asunto menor. El Estrecho de Magallanes ha sido, desde el tratado de 1881, una pieza clave de la proyección marítima chilena. Reabrir, aunque sea en el plano discursivo, interpretaciones alternativas sobre su acceso oriental implica tensionar un punto que se consideraba jurídicamente cerrado.

A los dos temas anteriores se puede sumar un tercer elemento menos visible, pero no por eso menos relevante. En 1998, Chile y Argentina firmaron un acuerdo para precisar la delimitación en los Campos de Hielo Sur, una de las zonas más complejas del límite común, marcada por glaciares, condiciones extremas y dificultades técnicas de demarcación. Aunque ese acuerdo estableció una línea general, existe aún un tramo —entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet— cuya materialización en terreno no se ha completado en su totalidad.

No se trata de una disputa abierta, pero sí de un espacio donde la definición final aún depende de procesos técnicos y políticos. En un contexto donde Argentina ha impulsado una estrategia sostenida de ampliación de su proyección marítima —como lo demuestra la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, parcialmente aceptada en 2016, extendiendo su plataforma hasta cerca de las 350 millas náuticas en ciertos sectores—, la existencia de zonas no completamente cerradas adquiere una relevancia distinta. Estos tres temas no son equivalentes, pero sí convergen en una misma lógica.

Argentina ha mantenido, durante décadas, una política consistente en la defensa y proyección de sus intereses territoriales en el Atlántico Sur y el extremo austral. Esa política incluye la reivindicación de las Malvinas/Falkland, la extensión de su plataforma continental, la consolidación de su presencia en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártica, donde su reclamación —formalizada en 1943— se superpone casi completamente con la chilena, definida en 1940 y ajustada en 1947, abarcando el sector entre los meridianos 53° y 90° oeste. En ese marco, incluso afirmaciones que pueden parecer aisladas o extemporáneas adquieren sentido como parte de una narrativa mayor.

Además, el énfasis chileno en respaldar las reivindicaciones argentinas sobre las Malvinas/Falkland introduce un factor de fricción innecesario con un estrecho y antiguo aliado de Chile: el Reino Unido. Santiago y Londres mantienen relaciones diplomáticas desde 1826 y una cooperación histórica particularmente estrecha en el ámbito naval, desde la impronta de Thomas Cochrane en 1818 hasta programas contemporáneos de entrenamiento, interoperabilidad y transferencia tecnológica. A ello se suma el interés británico permanente en el Atlántico Sur, donde mantiene presencia militar en las islas y control de rutas estratégicas.

En ese contexto, un alineamiento discursivo más explícito con Argentina —sin los matices tradicionales de la diplomacia chilena— puede no romper la relación, pero sí introducir algún grado de tensión: menor margen de cooperación en defensa, incomodidad en foros multilaterales y una pérdida de equilibrio en un vínculo que ha sido históricamente funcional para la proyección marítima y estratégica de Chile. Para Chile, el desafío no es responder a cada uno de estos episodios de manera aislada, sino entender el cuadro completo. Se trata de un escenario en el que confluyen soberanía terrestre, control de espacios marítimos, acceso a rutas estratégicas y posicionamiento en la Antártica, una región cuyo régimen —establecido por el Tratado Antártico de 1959— podría enfrentar tensiones crecientes hacia mediados del siglo XXI, especialmente en torno a la explotación de recursos.

Con ese telón de fondo los matices discursivos, las zonas pendientes de delimitación y las interpretaciones jurídicas no son detalles menores, sino piezas de un tablero mayor. Nada de esto implica desconocer la importancia de la relación bilateral. Chile y Argentina han construido, desde la década de 1990, un vínculo basado en la cooperación, la integración y la desactivación de hipótesis de conflicto que marcaron gran parte del siglo XX.

Esa relación ha sido un activo estratégico para ambos países. Pero precisamente por eso, requiere claridad. Porque en política exterior, la buena vecindad no se sostiene en la ambigüedad, sino en el respeto recíproco de intereses bien definidos.

Y ahí está el punto de fondo. Mantener una relación constructiva con Argentina es no solo deseable, sino necesario, pero esa relación no puede construirse a costa de relativizar posiciones propias en materias sensibles, porque en el extremo austral, donde convergen territorios, océanos y proyecciones futuras, los gestos de hoy pueden convertirse en precedentes mañana. Y en ese terreno, Chile haría bien en recordar que la cooperación es una herramienta, pero el interés nacional —presente y futuro— es el límite.