Chile en el fuego cruzado: Cómo la rivalidad entre EEUU y China define el gobierno Kast

Por Leopoldo Lavín Mujica Mientras en el Congreso chileno se debate el paquete neoliberal de José Antonio Kast, denominado Ley de Reconstrucción, de las decisiones del Presidente de la ultraderecha chilena en política y economía internacional nadie habla y los medios informan poco y mal. Y es de soberanía de lo que se trata. El 12 de marzo de 2026, en su primer día completo como Presidente, Kast firmó con Estados Unidos una declaración conjunta sobre minerales críticos y tierras raras que nadie en Pekín recibió con indiferencia.

Chile es el mayor productor mundial de cobre y concentra aproximadamente un tercio de las reservas globales de litio. En cuanto a las tierras raras propiamente dichas —los 17 elementos químicos esenciales para la electrónica, los vehículos eléctricos y la robótica— las reservas chilenas son marginales, pero el acuerdo las incluye en un marco más amplio de cooperación estratégica que Washington replica hoy en toda América Latina. El mensaje político fue inmediato y sin ambigüedades: Chile se alinea con Washington en la disputa más importante del siglo.

Y lo hace en silencio, sin que la ciudadanía lo debata y sin que el Congreso lo discuta. El convenio fue suscrito en el Palacio de La Moneda por el canciller Francisco Pérez MacKenna y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en presencia de Kast. Su nombre oficial es «Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras».

No tiene carácter vinculante ni obliga a exportar cantidades específicas de ningún mineral, pero establece un mecanismo de consultas técnicas bilaterales orientado a fortalecer cadenas de suministro, identificar proyectos prioritarios y explorar mecanismos de financiamiento. La primera ronda de consultas quedó fijada para 15 días después de la firma. Para el analista Matías Pinto, de GeoGig Consulting, «no estamos solo ante un tema minero, sino ante una definición temprana del gobierno de Kast de acercarse a Estados Unidos».

El problema es que China lleva años instalada en Chile como en ningún otro lugar de América Latina, y ninguna declaración firmada en La Moneda deshace eso de un día para otro. Pekín compra el 75% del cobre chileno y proporciones similares de su litio. Controla el 60% de la distribución eléctrica del país.

El 40% de los automóviles que circulan por las calles chilenas son de fabricación china. Es el destino del 90% de las cerezas que exporta Chile. Y la empresa china Tianqi es socio estratégico de SQM, el mayor productor de litio del país.

Kast quiere acercarse a Trump, pero la economía chilena no puede permitirse una ruptura con Pekín. Esa es la cuerda floja sobre la que gobernará los próximos 4 años, y los chilenos tienen derecho a saberlo. Cómo llegó Chile hasta aquí La tensión no comenzó el día de la firma.

Semanas antes de que Kast asumiera, el gobierno saliente de Gabriel Boric aprobó una concesión para que la empresa estatal china China Mobile International instalara y operara durante 30 años un cable de fibra óptica submarino entre Hong Kong y la región de Valparaíso. Washington reaccionó de inmediato: revocó las visas de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, acusando al proyecto de comprometer la seguridad regional. El escándalo envenenó la transición de gobierno.

Boric y Kast se acusaron mutuamente de falta de transparencia. El propio embajador estadounidense Brandon Judd anunció el fin del proyecto chino durante la ceremonia de investidura de Kast: «Sabemos que el dueño de este cable no es Chile, es otro país. La soberanía será quitada», declaró ante las cámaras.

Los medios chilenos cubrieron el espectáculo de la investidura. La sustancia de esa declaración pasó casi inadvertida. Pero el cable no fue el único proyecto chino que Chile bloqueó bajo presión de Washington.

En el desierto de Atacama, a más de 3 mil metros de altitud, las autoridades chilenas paralizaron la construcción de un observatorio astronómico chino que iba a incluir 100 telescopios para monitorear asteroides y explosiones extragalácticas. Una carretera fue abierta en el paisaje lunar del Atacama para llegar al sitio. Hoy conduce a ningún lugar.

Bernadette Meehan, embajadora estadounidense en Chile durante la administración Biden, reconoció sin rodeos que frenar ese proyecto fue «una de sus prioridades más urgentes». «Era muy importante para el gobierno de EEUU que no fuera autorizado», declaró. En Chile, esa confesión de intervención directa en decisiones soberanas generó menos debate del que merecía.

Los expertos identificaron en ese observatorio el mismo riesgo que preocupa a Washington en toda la región: que instalaciones presentadas como científicas pudieran ser utilizadas con fines militares, para rastrear satélites estadounidenses o comunicarse con los chinos. La embajada china en Santiago respondió denunciando una «pura y simple manifestación de hegemonismo» por parte de EEUU. Dos potencias disputándose territorio chileno, con recursos chilenos como premio.

El Congreso, mientras tanto, discutía otra cosa. Lo que Washington quiere de Chile La razón por la que EEUU presiona con tanta intensidad es precisa: necesita el cobre y el litio chilenos para reducir su dependencia de China en la cadena de suministro de minerales críticos, sin los cuales su industria tecnológica, su transición energética y su industria de defensa no pueden funcionar. Chile no es un socio elegido por afinidad ideológica ni por amistad histórica.

Es elegido porque tiene lo que Washington necesita y porque, en este momento, tiene un Presidente dispuesto a dárselo. También, Chile forma parte de una cadena de acuerdos similares que la administración Trump firmó con 11 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador. El patrón es claro: EE.

UU. está construyendo una red de alianzas sobre minerales en América Latina que sirve simultáneamente como estrategia económica y como contención de la influencia china en el hemisferio occidental, lo que la administración Trump denomina «Doctrina Monroe actualizada». Chile ha aceptado ese rol sin que sus ciudadanos hayan sido consultados sobre las condiciones, las contrapartidas ni las consecuencias a largo plazo.

Lo que China no está dispuesta a ceder Pekín, sin embargo, no observa pasivamente. Su presencia en Chile es demasiado profunda y demasiado rentable como para retroceder sin resistencia. Las empresas chinas no solo compran materias primas: construyen parques solares y eólicos, proveen paneles solares y tienen una cuota dominante en el mercado de vehículos eléctricos, incluyendo los autobuses que recorren las principales ciudades del país.

Controlan el 60% de la distribución eléctrica nacional. Financian infraestructura. Compran fruta, vino y madera.

China no es para Chile un socio lejano y prescindible: es el comprador que sostiene sectores enteros de su economía. El canciller Pérez MacKenna ha declarado públicamente que el acercamiento de Kast a Washington no implica enfriar los lazos con Pekín. Es una posición comprensible diplomáticamente.

Pero los hechos de los primeros meses de gobierno apuntan en otra dirección, y la pregunta que nadie formula con suficiente claridad es esta: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Kast con Washington antes de que China decida responder? El mismo dilema en Argentina, esta semana en Pekín Chile no es el único escenario de esta guerra silenciosa. En Argentina, un radiotelescopio chino de 32 millones de dólares apunta ciegamente al cielo en los Andes de San Juan.

Sus piezas finales llevan 9 meses retenidas en la aduana del puerto de Buenos Aires, bloqueadas tras la presión sostenida de Washington, que comenzó con Biden y continuó con Trump. Expertos del Laboratorio Sandia del Departamento de Energía viajaron a Buenos Aires a explicar a las autoridades argentinas los «riesgos de doble uso» del proyecto. El acuerdo bilateral de comercio firmado con Argentina incluyó lenguaje explícito que exige garantizar el «uso exclusivamente civil» de instalaciones espaciales operadas por terceros países.

«Estamos atrapados en un agujero negro político», dijo Ana María Pacheco, astrónoma argentina de 61 años que vio cómo su proyecto científico se convirtió en víctima colateral de una disputa que nunca fue suya. Esta semana, toda esa tensión acumulada llega a su momento más visible: Donald Trump vuela a Pekín para reunirse con Xi Jinping en la primera visita de un Presidente estadounidense a China en casi 10 años. La agenda incluye el comercio, la crisis en Irán, la cuestión de Taiwán y la carrera armamentística en inteligencia artificial.

Pero también, según fuentes gubernamentales, las relaciones de China en América Latina. Trump llegará acompañado de los directivos de Nvidia, Apple, Boeing y Citigroup. China pone sobre la mesa un posible pedido de 500 aviones Boeing 737 Max y la posibilidad de mantener abiertas las cadenas de suministro de tierras raras: la misma palanca que usa en América del Sur la activa también frente a Washington.

El juego de poder es perfecto: EEUU presiona a Chile para que limite la presencia china en su territorio, pero al mismo tiempo necesita de China para obtener las tierras raras sin las que su propia industria no puede funcionar. En ese juego de mutuos rehenes, Chile es a la vez tablero y ficha. Y los chilenos, en su mayor parte, no lo saben.

La cuerda floja de Kast Ideológicamente cercano a Trump y Milei, Kast viajó tras su elección a visitar a Nayib Bukele en El Salvador y a Viktor Orbán en Budapest. Asistió a una cumbre de líderes latinoamericanos afines en Miami organizada por Trump para frenar el avance chino en la región. El secretario de Estado Marco Rubio no esperó para afianzar vínculos con el nuevo gobierno chileno.

Todo apunta a un alineamiento claro con Washington. Pero gobernar Chile no es lo mismo que hacer campaña. El país que Kast recibió el 12 de marzo es uno donde China está presente en la electricidad que llega a los hogares, en los autos que circulan por las calles, en los puertos por donde sale el cobre, en los capitales que financian la minería del litio.

Desplazar esa presencia no se logra con una declaración conjunta firmada en La Moneda un día de marzo, mientras el Congreso debate la Ley de Reconstrucción y los medios miran hacia otro lado. La pregunta que Chile debería estar haciéndose hoy no es si Kast tiene razón o no en acercarse a Washington. Es una pregunta más profunda y más urgente: ¿Quién decide, en nombre de Chile, a quién le vendemos nuestro cobre y nuestro litio, quién controla nuestra electricidad, qué cables pasan por nuestras costas y qué telescopios se instalan en nuestros desiertos?

Por ahora, esa decisión la están tomando otros. Y el Congreso discute otra cosa. Leopoldo Lavín Mujica Fuentes: The New York Times (Emma Bubola y Edward Wong, 10 mayo 2026) · The Guardian (Amy Hawkins y David Smith, 10 mayo 2026) · Bloomberg / Bloomberg Línea (Patricia Garip y James Attwood, 11 marzo 2026) · EFE, 12 marzo 2026 · Diario Financiero, 12 marzo 2026 · Radio Universidad de Chile, 12 marzo 2026 · Swissinfo / EFE, 12 marzo 2026 · La Silla Rota, 12 marzo 2026 · Infobae, abril 2026.