Chile criminaliza a sus adictos

Por Ricardo Manzur Carrasco El alcohol mata más chilenos que el sobrepeso. Más que la presión arterial alta. Es el primer factor de riesgo de muerte y discapacidad en el país, responsable del 12,4% de los años de vida perdidos, según el Ministerio de Salud.

La sustancia que más destruye vidas en Chile no la administra la cartera de Salud. La administra el ministerio que coordina a Carabineros. Eso no es una paradoja.

Es una decisión política sostenida durante 35 años. Un estudio publicado en la revista científica Addiction en 2026 analizó la mortalidad de 70. 064 adultos chilenos después de completar tratamiento por consumo problemático de sustancias entre 2010 y 2020.

El hallazgo es demoledor: quienes terminan tratamiento en Chile mueren a tasas significativamente más altas que la población general. La mortalidad excesiva no aparece en el consumo activo. Aparece después.

Una vez terminado el proceso. Eso es lo que produce un sistema que llega tarde, hace poco y no hace seguimiento. Un sistema diseñado, desde su origen, para otra cosa.

La historia empieza antes de la democracia. La dictadura de Pinochet creó en 1982 la Comisión Nacional de Drogas. Vio el ingreso masivo de la pasta base a las poblaciones más pobres del país y respondió con lo único que sabía hacer: represión y control.

El consumidor era un sospechoso. La adicción, una amenaza al orden. En 1990 llegó Patricio Aylwin y creó el Conace.

El nombre lo decía todo: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. La democracia heredó el encuadre de la dictadura sin cuestionarlo. Las drogas seguían siendo un problema de orden, no de salud pública.

Durante 21 años el Conace mezcló prevención con vigilancia, y tratamiento con penas alternativas. La neurociencia avanzaba en todo el mundo, describiendo la adicción como una enfermedad crónica del cerebro. Chile legislaba en dirección contraria.

En 2005 se promulgó la Ley 20. 000. Endureció penas por tráfico.

Redujo garantías procesales. La misma lógica, más endurecida. El 21 de febrero de 2011, el gobierno de Sebastián Piñera promulgó la Ley 20.

502. Hizo dos cosas al mismo tiempo: creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y creó SENDA para reemplazar al Conace. Ambas en el mismo cuerpo legal.

Bajo la misma lógica. Rodrigo Hinzpeter, entonces ministro del Interior, explicó el espíritu de ese día con una frase que merece leerse despacio: «Amigos de Carabineros y PDI, junto con darles la bienvenida quiero manifestarles que para nosotros constituye un verdadero orgullo su llegada y estamos seguros de que esto fortalecerá aún más los ya estrechos lazos que hemos forjado para combatir juntos la delincuencia, el narcotráfico y procurar siempre el orden público. » Eso dijo el ministro el día que nació SENDA.

El servicio que iba a encargarse del tratamiento de las adicciones en Chile fue inaugurado en el mismo acto, con los mismos destinatarios, con el mismo lenguaje que usaban las policías para hablar del narcotráfico. La ambigüedad era imposible. La adicción nació institucionalizada como un problema de seguridad pública.

35 años de esa decisión producen números brutales. Solo uno de cada 12 chilenos con dependencia accede a algún tipo de tratamiento, según el 15° Estudio Nacional de Drogas de SENDA. Cerca de 700 mil personas tienen consumo problemático o dependiente.

Menos de 26 mil reciben atención anual en la red de convenio. El Hogar de Cristo estimó una brecha de más de 109 mil planes de tratamiento anuales entre quienes necesitan ayuda y lo que el sistema ofrece. Chile destina el 2% de su presupuesto de salud a salud mental.

La OMS recomienda el 10%. El 70% de quienes llegan a tratamiento por adicciones presenta además otro trastorno mental asociado. Son pacientes con comorbilidad clínica que el sistema debería abordar desde la medicina.

Ese sistema depende del ministerio que decide dónde poner a Carabineros. En mayo de 2024, el gobierno de Gabriel Boric lanzó el Plan de Acción 2024-2030 de la Estrategia Nacional de Drogas. Es el documento más honesto que ha producido el sistema en décadas.

Reconoce que el consumo problemático debe abordarse como problema de salud pública. Habla de desigualdades estructurales. Usa el lenguaje correcto.

Lo presentó la ministra del Interior, Carolina Tohá. El organismo que durante décadas operó desde la lógica del control publica un plan con la lógica de la salud y sigue siendo el mismo organismo, con la misma dependencia jerárquica, con el mismo ministro de turno que también coordina a Carabineros y a la PDI. La retórica cambia.

La estructura no se mueve. En enero de 2025, la Ley 21. 730 creó el Ministerio de Seguridad Pública.

Fue la reforma institucional más importante en esta materia desde 2011. Carabineros, la PDI y la Subsecretaría de Prevención del Delito pasaron al nuevo ministerio. El Ministerio del Interior volvió a su nombre histórico y a sus funciones de administración política y territorial.

SENDA se quedó en Interior. Nadie explicó por qué. Nadie en el debate parlamentario planteó que esa reorganización era la oportunidad para sacar la adicción de la órbita de la seguridad y llevarla al Ministerio de Salud.

El Colegio Médico, que históricamente ha exigido ese traslado, no logró instalar el punto. Los senadores que impulsan reformas en salud mental tampoco. La adicción siguió siendo paisaje institucional del que nadie quiso hacerse cargo.

Ese silencio pesa. Es la demostración de que Chile, después de 35 años, todavía no ha tomado la decisión de tratar la adicción como una enfermedad. La administra como un problema de gestión.

La diferencia entre ambas cosas se mide en vidas. Los países que avanzaron en cobertura de tratamiento y reducción de daño tomaron primero una decisión conceptual. Portugal despenalizó el consumo en 2001 y creó el Instituto de Drogas e Toxicodependências bajo tutela sanitaria.

En la primera década, las muertes por sobredosis cayeron un 75%, documentadas por la Unión Europea y la OMS. Hoy Portugal tiene tasas de consumo problemático entre las más bajas de Europa. Canadá, Australia y los países escandinavos operan bajo modelos donde el tratamiento de adicciones es competencia del ministerio de salud, no del de seguridad.

Sus sistemas no son perfectos. Pero en todos ellos, quien consume con problemas es un paciente. En Chile sigue siendo, en el fondo, un sospechoso.

Trasladar SENDA al Ministerio de Salud no requiere inventar una institucionalidad nueva. Requiere una reforma legal acotada y la voluntad política de ejecutarla. Extender la cobertura GES del tratamiento de dependencia a adultos —hoy garantizada solo para menores de 20 años— tampoco exige presupuesto extraordinario.

Exige reconocer que esa exclusión carece de justificación clínica. Separar en la ley la política orientada al tráfico de la política orientada al consumo tampoco es una propuesta revolucionaria. Es lo que hace la mayoría de los países que decidieron tomarse el problema en serio.

Nada de eso es nuevo. Todo está en los propios informes de evaluación de SENDA, en los planteamientos del Colegio Médico, en las propuestas del Senado. Lo que no está es la voluntad de moverlo.

El estudio publicado en Addiction en 2026 lo confirma con datos: en Chile, la mortalidad excesiva en personas con trastornos por consumo de sustancias se produce una vez terminado el tratamiento. El sistema llega tarde, hace poco y suelta la mano antes de tiempo. La enfermedad más letal del país la sigue tratando el ministerio equivocado.

Y mientras eso no cambie, los 109 mil planes de tratamiento que faltan cada año van a seguir faltando. Por Ricardo Manzur Carrasco Periodista con más de 20 años de experiencia, ex editor nacional de La Cuarta. Especialista en comunicación de salud mental y adicciones.

Certificado por OPS/OMS y SENDA en neurobiología del consumo y política de drogas. Completó un proceso formal de recuperación de dependencia severa al alcohol.