Caso El Teniente: tribunal ordena eliminar información privada del celular de Máximo Pacheco

El Juzgado de Garantía de Rancagua ordenó destruir o devolver toda la información contenida en el teléfono celular del expresidente de Codelco, Máximo Pacheco, que no esté directamente vinculada a la investigación por la muerte de seis trabajadores en la mina El Teniente, ocurrida el 31 de julio de 2025. La resolución fue adoptada por el juez Gonzalo Celedón en el marco de una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del ex ejecutivo, encabezada por el abogado Juan Domingo Acosta, quien argumentó la necesidad de resguardar la vida privada del involucrado. La medida también favorece a Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Gestión de Personas de la estatal, cuya defensa estuvo a cargo del abogado Jonathan Valenzuela.

Plazo de 30 días para depurar información De acuerdo con la resolución judicial, el Ministerio Público tendrá un plazo de 30 días —una vez recibido el informe pericial de la Policía de Investigaciones de Chile— para identificar y separar la información relevante para la causa. Todo el contenido que no guarde relación con la investigación deberá ser eliminado o devuelto. El caso indaga eventuales responsabilidades penales tras el accidente que costó la vida a seis contratistas en la División El Teniente, una de las principales operaciones de la cuprífera estatal.

Protección de la vida privada En su argumentación, el magistrado enfatizó que el dispositivo incautado podría contener información “muy confidencial y estratégica”, además de datos personales sin relevancia penal. “No nos interesan las fotografías del bautizo o del cumpleaños”, señaló el juez, ejemplificando con contenidos cotidianos que suelen almacenarse en un teléfono móvil. Asimismo, advirtió que no todas las conversaciones contenidas en el aparato tienen relación con el caso investigado, por lo que el Ministerio Público debe delimitar con precisión qué antecedentes son pertinentes.

Advertencia por filtraciones El juez también aludió a riesgos asociados a la exposición de información privada, tomando como referencia la reciente difusión de chats en investigaciones judiciales, como el caso que involucra al abogado Luis Hermosilla. “Que se ventile mucho de la intimidad es un riesgo. Ya ha pasado”, señaló el magistrado, destacando la importancia de evitar filtraciones de antecedentes irrelevantes desde el punto de vista penal, pero potencialmente dañinos para la reputación de las personas.

La decisión del tribunal refuerza el debate sobre los límites entre la investigación penal y la protección de la vida privada, especialmente en causas de alta connotación pública y con acceso a dispositivos personales de los investigados.