Cañete: indagan millonaria estafa de $1.500 millones contra adulta mayor

El Juzgado de Garantía de Cañete declaró admisible una querella que acusa a tres personas de apropiarse de terrenos y ahorros bancarios pertenecientes a Violeta Moscoso Sáez. Una grave denuncia por una estafa que alcanza los 1. 500 millones de pesos moviliza actualmente al Ministerio Público en la región del Biobío.

La víctima, Violeta Moscoso Sáez, una mujer de 88 años residente de Cañete, acusa a sus propios cuidadores de fraguar un sofisticado engaño para despojarla de su patrimonio. Según el escrito legal, los querellados habrían aprovechado su posición de confianza, mantenida desde el año 2000, para concretar el traspaso ilegal de más de 50 hectáreas de terreno y el vaciamiento de cuentas bancarias. El modus operandi descrito en la acción judicial detalla que los involucrados habrían manipulado a la afectada durante los últimos cuatro años.

Los sospechosos tenían acceso a una cuenta bipersonal destinada originalmente a cubrir los gastos médicos de la adulta mayor, desde donde habrían sustraído cerca de 150 millones de pesos en efectivo. La situación financiera de la denunciante es crítica, considerando que ella es el único sustento de su nieta de 19 años, a quien cuida tras el fallecimiento de su hija en 2015. El abogado representante de la víctima, Eduardo Arriagada, enfatizó que la indagatoria busca la restitución total de los bienes inmuebles y el capital apropiado ilegalmente por los tres sujetos identificados en la querella.

“Son alrededor de 1. 500 millones de pesos los que se denuncian como estafados”, precisó el jurista, quien espera que las diligencias de la fiscalía permitan revertir las inscripciones de dominio de las tierras ubicadas en la zona rural de la comuna. Por su parte, la defensa de los acusados, liderada por el abogado Rodrigo Martínez, descartó preliminarmente la veracidad de los hechos relatados.

El defensor indicó que sus representados incluso evalúan iniciar acciones legales por falso testimonio contra la denunciante. Mientras tanto, la Fiscalía ya instruyó las primeras pericias para analizar las firmas en los documentos de traspaso y los movimientos bancarios realizados en los últimos periodos, en un caso que ha despertado la indignación de la comunidad local.