“Bencinazo” de Quiroz desata fuerte choque político por alzas y costo social

La noche en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a desplegarse por distintos canales –una especie de cadena nacional, pero en versión entrevistas– no dejó a nadie indiferente. Filas en bencineras, camioneros molestos –acusan que nadie los escuchó– y en “modo reflexión”. Y en el Congreso, lejos de calmarse, el ruido sube.

En el oficialismo respaldan, pero con lápiz en mano: dicen que mirarán con lupa las medidas de mitigación que entran a trámite desde mañana. La oposición, en cambio, no dio tregua y salió en bloque a disparar contra el “bencinazo” de Quiroz. El mensaje del jefe de la billetera fiscal fue claro y sin adornos: el golpe viene fuerte y hay que asumirlo.

“No estoy para ser popular”, repitió en más de una ocasión. Lo que se viene: alzas de hasta $370 en las bencinas y $580 en el diésel. Pero fuera del set, el consenso fue incómodo: sí, había que hacer algo… pero no necesariamente así.

Desde el mundo económico, el exministro Carlos Ominami pone el contexto en perspectiva histórica: “Hay en este caso una verdadera emergencia… hay que remontarse probablemente 50 años atrás para encontrarse con alzas tan abruptas”. Y concede lo evidente: “El país no puede vivir al margen de la situación internacional”. Hasta ahí, acuerdo transversal.

El quiebre viene después. Para Ominami, extitular de Economía en el mandato de Aylwin, el Gobierno cruzó una línea al traspasar todo el shock externo al consumidor: “La decisión rompe con este consenso” de estabilizar precios y “parece técnicamente defectuosa y socialmente sensible”. Su crítica es doble: ineficiencia económica y costo social.

“Un ajuste que traspasa 100% del aumento… es ineficiente”, advierte, planteando que el golpe pudo haberse distribuido en el tiempo para evitar pánicos –como el que ya se vio con autos llenando estanques antes del alza–. Y va más allá: acusa un trasfondo político. “Se dice ‘no tenemos los recursos’, pero eso no es efectivo”, lanza, recordando que existen fondos disponibles para amortiguar el impacto.

A su juicio, el relato de “estrechez fiscal” es más bien una decisión política antes que técnica. No todos disparan en la misma dirección. El exministro de Economía de Bachelet I, Alejandro Ferreiro, respalda el fondo de la jugada, aunque reconoce el costo: “El anuncio es correcto, aunque será impopular”.

Su argumento es pragmático: no se puede seguir subsidiando masivamente los combustibles en medio de un shock global. La clave –dice el también expresidente del CPLT– está en la focalización: “Se encarece el auto, pero se sostienen los precios en el transporte colectivo”. Difícil, pero necesario.

En una línea similar, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, ve lógica en el paquete, pero advierte que es apenas un amortiguador: “Funciona más como un ‘colchón’… no como una solución de fondo”. Porque el problema no termina en el servicentro. “El alza se va traspasando a todo: transporte, alimentos, servicios”, explica.

Y el número asusta: el golpe podría sumar entre 1,2 y 2 puntos a la inflación anual si se mantiene. Ahí es donde el debate se vuelve político. Porque mientras el Gobierno pide asumir el costo en nombre del “esfuerzo país”, también defiende rebajas tributarias.

Consultado por esa contradicción, Quiroz fue tajante en una de sus entrevistas en CNN Chile: “No, eso no es así, definitivamente no es así… el ajuste fiscal va a proceder, y estas medidas van con elementos compensatorios”. Y remató con su hoja de ruta: “El país no puede tener las tasas de impuesto que tiene. Vamos a recuperar crecimiento y empleo”.

Esa explicación no convence a todos. El exministro Ominami lo traduce sin eufemismos: “Estas medidas van a significar un golpe importante al poder de compra de los sectores medios y los sectores pobres”, mientras que la rebaja de impuestos “aumenta la rentabilidad de los sectores más pudientes”. En el Congreso la tensión es igual de evidente.

Desde el oficialismo, el senador y líder del Partido Republicano declaró esta mañana que “por supuesto que en todo lo que el Gobierno estime pertinente para paliar los efectos que pueda tener esta alza significativa del petróleo en la ciudadanía, vamos a respaldar”. Detalló que tanto el Presidente como el ministro Quiroz les dijeron que “el foco tiene que estar puesto en las personas más vulnerables, para que no les afecte mayormente lo que en definitiva estamos viendo en torno a las consecuencias de la guerra y al concierto internacional”. Luego del Comité Político ampliado liderado por el Mandatario, desde Chile Vamos transparentaron que “el Gobierno nos pidió el apoyo”.

El diputado Hotuiti Teao (Ind-RN) respalda, pero con matices: “Las medidas son en general una respuesta adecuada, pero pueden ser perfeccionadas”, advirtiendo que pondrán el foco en que el impacto no recaiga en los más vulnerables durante la discusión legislativa. La oposición, en cambio, salió con todo. El diputado PS Daniel Manouchehri lo resumió en una frase que ya circula fuerte: “El ‘bencinazo’ de Kast es un portazo en la cara a los chilenos”.

Y remató con el flanco más sensible: “Dice que no hay plata para el Mepco, pero sí hay plata para bajarles los impuestos al 1% más rico”. Más allá fue el frente institucional. Jorge Brito (FA) abrió un nuevo flanco al acusar que el Gobierno estaría sorteando el Congreso: “Estamos evaluando recurrir al Tribunal Constitucional.

No se puede evadir el Congreso en una decisión de estas características”. Y es que, en simple, el golpe ya está en marcha –el alza de los combustibles se aplicó sin pasar por el Parlamento–, mientras el “colchón” entra ahora a la pelea legislativa. Subsidios a taxis, el refuerzo al fondo de la parafina y cambios al impuesto al diésel deberán discutirse desde mañana, con el oficialismo afinando detalles y la oposición lista para dar la pelea.

En paralelo, varias medidas operativas –como el congelamiento del transporte público y apoyos vía BancoEstado– corren por cuenta del Ejecutivo. Traducción política: el costo inmediato ya lo están sintiendo las personas; la compensación, todavía está en veremos. Así, la ofensiva comunicacional del ministro Quiroz logró ordenar el relato del Gobierno, pero no cerrar el debate.

El diagnóstico externo alinea a casi todos: el shock internacional obliga a actuar. La diferencia está en quién paga la cuenta y cómo se reparte.