Bencina cara, relato barato: cuando el ajuste lo paga la mayoría

Por Patricio Medina Johnson El reciente ajuste del precio de los combustibles en Chile no es solo una medida económica: es, ante todo, una definición política. En un contexto de alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el Gobierno ha optado por traspasar de forma acelerada el shock al consumidor local, instalando la idea de que “no hay alternativa” frente a la estrechez fiscal. Sin embargo, esa afirmación es más un encuadre comunicacional que una verdad incuestionable.

La evidencia es clara: los precios subirán hasta $370 por litro en gasolina y $580 en diésel, en un escenario marcado por el aumento global del crudo y las limitaciones del mecanismo de estabilización. Frente a ello, el Ejecutivo ha implementado medidas de mitigación focalizadas —como el congelamiento del transporte público, subsidios a taxis y apoyo a la parafina— que buscan contener el impacto inmediato. Pero lo que no se dice es igual de importante que lo que se comunica.

No se presentan escenarios alternativos, no se discuten mecanismos de amortiguación parcial ni se transparenta con claridad el impacto distributivo de la medida. Porque el problema de fondo es precisamente ese: el ajuste no es neutro. Al contrario, es profundamente desigual.

Mientras el alza del combustible afecta transversalmente a hogares, trabajadores y pequeños emprendedores —impactando transporte, alimentos y costo de vida—, las medidas compensatorias son limitadas y segmentadas. Se protege el transporte público en Santiago y ciertos sectores específicos, pero se deja fuera a amplios grupos que dependen del automóvil para trabajar o vivir en regiones. El resultado es evidente: se socializan las pérdidas y se focalizan las ayudas.

Es decir, el costo lo absorbe la mayoría, mientras los alivios se concentran en sectores con mayor visibilidad o capacidad de presión. Este enfoque contrasta con lo que ocurre en otras economías. En Europa, países como España han optado por absorber parte relevante del shock mediante reducción de impuestos energéticos, subsidios amplios y protección directa a hogares y sectores productivos, movilizando miles de millones de euros para amortiguar el impacto social.

La diferencia no es técnica: es política. Mientras algunos Estados asumen parte del costo para proteger a la población, otros deciden trasladarlo directamente a los ciudadanos. En Chile, además, la narrativa oficial insiste en que el mecanismo de estabilización “sigue funcionando con normalidad”.

Sin embargo, en la práctica, se ha optado por acelerar el traspaso del alza justo en el momento de mayor sensibilidad social. La herramienta existe, pero se decide usarla de forma menos protectora. Nada de esto ocurre en el vacío.

En paralelo, el debate tributario ha mostrado apertura para reducir impuestos a sectores de mayores ingresos. Esa combinación —alzas generalizadas en bienes básicos y alivios tributarios hacia arriba— no es neutra ni técnica: es una señal política clara sobre cómo se distribuyen los costos de la crisis. En contextos de shock económico, los gobiernos no solo administran cifras: también distribuyen costos.

Y aquí la señal es evidente. El ajuste lo paga la ciudadanía común, mientras el Estado gestiona el descontento con subsidios acotados y un relato de inevitabilidad. Las políticas públicas no son inevitables.

Son decisiones. Y en esta, el costo se decidió cargar sobre la mayoría. Por Patricio Medina Johnson Economista, M.

Sc. en Gobernanza de Riesgos y Recursos, Universidad de Heidelberg.