Bancada RN presenta proyecto que fortalece el estatuto de persecución penal del delito de secuestro

Luego de que las alarmas se encendieran en materia de seguridad tras el secuestro y posterior liberación de un empresario de San Miguel que estuvo más de una semana en cautiverio, diputados de RN presentaron un proyecto de ley que fortalece el estatuto de persecución penal de este delito. Y es que este tipo de casos han dejado ver una evolución del delito en el país hacia estructuras más organizadas y con mayor planificación. Es más, según la propuesta de la bancada oficialista, la iniciativa responde a una realidad delictual que ha cambiado drásticamente en los últimos años: durante 2024 se registraron 868 casos de secuestro, la cifra más alta en una década.

De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, "el secuestro constituye una de las formas más graves de afectación de la libertad individual" y actualmente "se vincula crecientemente con dinámicas propias del crimen organizado, la extorsión, el cobro de deudas ilícitas, el control territorial, la trata de personas, el tráfico de drogas, entre otras fórmulas criminales de extrema gravedad". En esa línea, el proyecto propone una serie de modificaciones al Código Penal orientadas a fortalecer la respuesta del sistema penal y anticipar la acción del Estado frente a este tipo de delitos. La propuesta Entre sus principales medidas, se reduce de 15 a 5 días el plazo necesario para configurar una hipótesis agravada de secuestro por prolongación de la privación de libertad, considerando que cinco días de cautiverio constituyen una afectación grave para la víctima.

Para graficarlo, en el caso que afectó al empresario de San Miguel, la víctima estuvo ocho días secuestrado, pero la ley exige 15 días para una sanción más severa, lo que estimula negociaciones y tiempos de cautiverio más extensos. Asimismo, la moción establece que las conductas de secuestro sean sancionadas como consumadas desde su etapa de tentativa, con el fin de anticipar la protección penal frente a hechos de alta peligrosidad. El texto sostiene que el solo inicio de ejecución "puede implicar vigilancia, interceptación, intimidación y despliegue de una organización criminal", por lo que esperar la consumación del delito puede implicar una reacción tardía del sistema penal.

Cabe destacar que el texto también incorpora una agravante especial cuando la víctima sea parte del sistema de persecución penal —como jueces, fiscales, defensores o funcionarios policiales— cuando el delito se cometa en razón de sus funciones, con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento de las instituciones. Finalmente, se incluye la sanción a la conspiración para cometer secuestro, reconociendo que se trata de un delito que habitualmente requiere planificación previa, Así, el proyecto advierte que "el secuestro rara vez se presenta como una acción espontánea o individual". El diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, sostuvo que "Chile debe enfrentar una nueva realidad delictual en la que las extorsiones y los secuestros ya no son algo lejano.

Para eso debemos poner todas las herramientas a disposición de la fiscalía y las policías, junto con hacer reformas que sean necesarias para enviar una señal de tolerancia cero con el crimen organizado". Por su parte, el diputado RN Mauro González, integrante de comisión de Seguridad, manifestó que "no es aceptable que hoy las figuras agravadas de secuestro requieran que se superen los 15 días de cautiverio. Eso debe bajarse a 5 días, ya que de lo contrario potenciamos una industria que juega y extorsiona durante demasiado tiempo.

Y si bien llegamos de alguna manera tarde a un fenómeno que parece instalado, queremos aportar y seguir la senda constructiva que hemos tenido siempre como bancada durante esta crisis de seguridad".