Avanza en el Senado proyecto que establece controles aleatorios de drogas a parlamentarios

Avanza en el Senado proyecto que establece controles aleatorios de drogas a parlamentarios La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar una modificación reglamentaria que establece controles aleatorios de drogas para senadores en una iniciativa impulsada por la mesa de la corporación. El proyecto busca implementar exámenes periódicos para detectar el consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilegales, con excepción de aquellos casos en que exista una prescripción médica debidamente acreditada. La medida considera que todos los parlamentarios deberán someterse al menos una vez durante cada período legislativo, pudiendo ser seleccionados hasta en dos ocasiones mediante sorteo.

Según la propuesta, quienes resulten sorteados deberán realizarse el examen dentro de un plazo de siete días hábiles desde la notificación. El procedimiento será llevado a cabo por laboratorios especializados y se contemplan medidas para asegurar la cadena de custodia, la confiabilidad de los resultados y la reserva de la información. El reglamento también establece que los resultados serán de carácter estrictamente confidencial y solo podrán ser conocidos por el senador involucrado, la mesa del Senado y la Comisión de Ética y Transparencia.

En caso de resultado positivo, el parlamentario podrá presentar antecedentes médicos o solicitar una contramuestra antes de que se adopte una resolución. En cuanto a sanciones, la propuesta contempla multas de hasta un 5% de la dieta mensual para quienes se nieguen injustificadamente a someterse al control o incumplan los plazos establecidos. La misma sanción podría aplicarse si se confirma un resultado positivo sin justificación médica, considerando factores como la reiteración o la colaboración del afectado.

Durante la sesión, la comisión también acordó solicitar antecedentes al Ministerio del Interior sobre procedimientos similares en la administración pública y evaluar el impacto financiero de la medida, que deberá ser revisado por la Comisión de Régimen Interior.