Auditoría destapa irregularidades en administración de Máximo Pacheco en Codelco

Una nueva polémica golpea a la estatal Máximo Pacheco y vuelve a instalar cuestionamientos sobre su gestión, luego de que una auditoría interna detectara irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción de cobre correspondiente al ejercicio 2025. La investigación interna reveló desviaciones en los registros de más de 26 mil toneladas métricas de cobre fino, equivalentes a cerca del 2% de la producción propia informada por la minera estatal durante el año pasado. Los hallazgos terminaron con la desvinculación de un ejecutivo, sanciones disciplinarias contra otros funcionarios y una denuncia ante el Ministerio Público para investigar eventuales delitos.

Aunque desde la empresa insistieron en que no será necesario modificar los estados financieros auditados, el caso abre nuevas dudas sobre los controles internos, la transparencia y el manejo corporativo bajo la gestión de Máximo Pacheco, quien ha intentado posicionar una imagen de modernización y recuperación de la principal empresa estatal del país. Producción inflada y bonos bajo sospecha Según informó Codelco, la auditoría detectó que 20 mil toneladas métricas de cobre fino en óxidos de Chuquicamata y otras 6. 875 toneladas en arsenito de calcio de Ministro Hales fueron reportadas como producción terminada pese a que aún requerían procesamiento adicional.

Es decir, material que todavía estaba “en proceso” fue contabilizado como producción final, elevando artificialmente los indicadores productivos de la compañía. La propia investigación reconoció “incumplimientos normativos”, “uso improcedente de normas de excepción” y fallas en las aprobaciones obligatorias, además de impactos directos en el cálculo de metas e incentivos corporativos. El reconocimiento de producción es uno de los indicadores más sensibles dentro de Codelco, ya que influye tanto en la evaluación de desempeño de ejecutivos como en bonos e incentivos variables.

Por ello, el hecho de que se hayan reportado cifras que no cumplían plenamente las normas internas genera fuertes cuestionamientos sobre la cultura de control instalada en la estatal. Las dudas que rodean a la gestión de Máximo Pacheco El episodio se suma a una serie de dificultades que han marcado la administración de Máximo Pacheco en Codelco: caída de producción, retrasos estructurales, aumento de costos, millonarios proyectos con problemas operacionales y crecientes cuestionamientos políticos por la conducción de la minera estatal. Aunque el directorio intentó destacar que fue la propia institucionalidad de Codelco la que detectó las irregularidades, distintos sectores advierten que el caso evidencia problemas más profundos dentro de la compañía.

La situación resulta especialmente delicada considerando que Codelco ha enfrentado en los últimos años una sostenida presión por mejorar sus resultados y recuperar niveles históricos de producción, en medio de un escenario internacional favorable para el cobre y de una fuerte dependencia fiscal de los excedentes de la minera. En ese contexto, la presión por mostrar mejores cifras productivas abre interrogantes inevitables sobre los incentivos internos y sobre cuánto pesó el cumplimiento de metas corporativas en estas decisiones. Crisis de confianza en la principal empresa estatal El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los estándares de transparencia y control en las empresas públicas chilenas.

Si bien Codelco aseguró que corregirá las cifras en sus memorias, reportes y comunicaciones oficiales, el hecho de que la irregularidad haya afectado información estratégica de producción ya provocó un daño reputacional significativo. La estatal además anunció que deberá recalcular incentivos variables y estudiar mecanismos de recuperación de pagos asociados a metas construidas sobre cifras ahora cuestionadas. La decisión de acudir al Ministerio Público demuestra que la propia empresa reconoce la gravedad potencial de los hechos.

Sin embargo, la controversia amenaza con profundizar las críticas hacia la conducción de Máximo Pacheco, especialmente en un momento donde Codelco enfrenta enormes desafíos financieros, productivos y políticos. El nuevo escándalo también reabre una discusión histórica en torno al futuro de Codelco. Para algunos sectores críticos, la seguidilla de crisis, errores de gestión, sobrecostos e irregularidades que han afectado a la estatal durante los últimos años podría terminar alimentando un clima de desprestigio funcional a quienes buscan avanzar hacia una mayor privatización del cobre chileno.

Sin embargo, el problema de fondo para muchos analistas no sería la propiedad estatal de Codelco, sino la falta de conducción estratégica, liderazgo técnico y estándares de probidad capaces de resguardar adecuadamente una empresa clave para el desarrollo del país. La crisis actual vuelve a instalar la pregunta sobre cómo una compañía que administra una de las mayores riquezas minerales del planeta puede seguir acumulando errores administrativos, desviaciones internas y decisiones cuestionadas sin que existan responsabilidades políticas de mayor nivel. Lejos de justificar una privatización, sectores defensores de la minería estatal sostienen que lo ocurrido demuestra precisamente la necesidad de fortalecer a Codelco con una gestión más profesional, transparente y enfocada en objetivos de largo plazo.

En esa mirada, la empresa requiere menos lógica de cuoteo político y más capacidad técnica, planificación industrial y control efectivo sobre sus procesos críticos. La discusión también apunta a que el debilitamiento progresivo de la confianza pública en Codelco puede transformarse en una herramienta discursiva para instalar la idea de que lo estatal “no funciona”, abriendo espacio a intereses privados sobre recursos estratégicos que históricamente han financiado parte importante del desarrollo chileno. Por eso, para muchos, el desafío no es vender Codelco, sino recuperar su credibilidad, fortalecer su gobernanza y devolverle un horizonte claro de eficiencia, probidad y soberanía económica.

Mientras la minera insiste en que actuó con “firmeza” y “transparencia”, el episodio deja una pregunta abierta: ¿cómo pudo ocurrir una alteración de esta magnitud en los reportes de producción de la principal empresa estatal del país sin que las alertas se activaran antes?