Aseguran que Contraloría no opuso reparos por presunto sobreprecio de terreno

Diversas reacciones generó la información revelada por Diario El Día este viernes 17 de abril, luego de que la Contraloría General de la República volviera a poner en cuestionamiento la compra de un terreno en el sector de El Palqui, en la comuna de Monte Patria, destinado a un proyecto habitacional para 124 familias, tras detectar un millonario sobreprecio y cuestionamientos técnicos en el proceso. De acuerdo al informe, el SERVIU de la Región de Coquimbo desestimó una primera tasación interna realizada por profesionales con amplia experiencia, que valoró el predio de 8,8 hectáreas en $1. 480 millones.

En su lugar, se impulsaron nuevas valoraciones — incluyendo tasaciones externas — que elevaron significativamente el monto, hasta concretar la compra por más de $2. 847 millones, generando una diferencia superior a $1. 300 millones de recursos públicos.

El órgano fiscalizador advirtió además que la operación careció de suficiente respaldo técnico y que se omitieron antecedentes relevantes al momento de aprobar la adquisición. Entre ellos, condiciones del terreno como su ubicación en una zona potencialmente inundable, la falta de factibilidad de agua potable — al estar fuera del área de concesión sanitaria — y la existencia de hipotecas vigentes al momento de la compra, las que fueron alzadas posteriormente, insuficiencia técnica que se habría repetido en la compra de otros terrenos en la región. Según los antecedentes, la decisión de descartar la tasación inicial habría respondido a que no coincidía con las expectativas del vendedor, lo que derivó en una “adecuación” del precio a través de nuevos informes que validaron valores más altos por metro cuadrado.

Desde el Ministerio de Vivienda se ha indicado que los antecedentes están siendo revisados en detalle por un equipo especializado, con el objetivo de esclarecer los criterios utilizados en estas decisiones y reforzar la rigurosidad en el uso de recursos públicos. ¿Maniobra política? Tras conocerse estos antecedentes, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, manifestó dudas respecto a la interpretación del informe.

“Revisé el informe de la Contraloría y no hemos encontrado que el terreno mencionado esté claramente individualizado en el documento público, lo que genera dudas sobre cómo se está interpretando esta situación. Como municipalidad no compramos terrenos para viviendas, ya que eso corresponde a otros organismos del Estado”, afirmó. La autoridad comunal agregó que “llama la atención que se vuelva a instalar un tema que ya había sido conocido y fallado por los organismos competentes anteriormente (2024), sin que se presenten nuevos antecedentes”.

En esa línea, sostuvo que espera que la discusión no desvíe el foco principal. “Por lo anterior, espero que esta no sea más bien una maniobra política que lo único que busque es perder el foco de lo realmente importante: que en ese sector hay más de 600 familias esperando una solución habitacional, y lo que corresponde es avanzar en esos proyectos y no generar incertidumbre que termine perjudicándolos”, puntualizó. Nunca hubo reparosPor su parte, quien fuera seremi de Vivienda y Urbanismo durante el período en que se concretó la compra, José Manuel Peralta, defendió el proceso, asegurando que no se trata de antecedentes nuevos.

“La adquisición del terreno Lote 7-B en Monte Patria no corresponde a un hecho nuevo, sino a una materia que ya fue expuesta públicamente durante el año 2024, oportunidad en la que el SERVIU entregó todos los antecedentes técnicos y administrativos que respaldan el proceso", indicó. Asimismo, enfatizó que la operación fue revisada previamente por los organismos competentes. “Es importante precisar que, en su momento, la operación fue revisada por la Contraloría General de la República, la cual tomó razón del acto administrativo, validando que se ajusta a derecho.

Asimismo, frente a denuncias posteriores, los antecedentes fueron nuevamente remitidos a Contraloría General de la República, sin que se formularan observaciones ni reparos sobre la compra”, dijo. El exseremi añadió que el informe recientemente difundido no abordaría este caso específico. “Del mismo modo, se debe aclarar que el informe de Contraloría General de la República difundido recientemente no se refiere a este terreno ni analiza esta adquisición, por lo que no existe ningún antecedente nuevo que modifique lo ya conocido.

En consecuencia, los cuestionamientos actuales corresponden a una reiteración de información ya abordada y aclarada institucionalmente respecto de un proceso que contó con respaldo técnico, tasaciones formales y validación de los organismos competentes”, insistió. Desde el ámbito parlamentario, en tanto, el senador Matías Walker valoró el rol fiscalizador del organismo contralor. “Es muy relevante el rol de Contraloría en fiscalizar que cada peso del Ministerio se destine a las viviendas de las familias más vulnerables.

Así coincidimos con el ministro Poduje en la reunión que sostuvimos el lunes junto a los comités de Illapel”, afirmó. Hasta el cierre de esta edición, aún se estaba a la espera de una respuesta del Ministerio de Vivienda respecto a esta situación, las condiciones en que se encuentra el terreno y otros antecedentes relevantes del caso.