Arce se declara “preso político” y denuncia “secuestro al margen de la ley” en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró desde prisión que es víctima de persecución política y calificó su detención como un “secuestro al margen de la ley”, en el marco de la investigación en su contra por presunto desvío de capitales. En una carta fechada el 31 de marzo y difundida públicamente, Arce afirmó que su situación vulnera principios básicos del orden constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Según el exmandatario, se han transgredido garantías como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la imparcialidad judicial.

“He sido objeto de acciones y decisiones que lesionan derechos fundamentales”, señaló en el documento. Arce también cuestionó las condiciones de su detención, ocurrida el 10 de diciembre, asegurando que no existía una orden legal previa. “Se trata de un acto arbitrario que solo puede calificarse como un secuestro al margen de la ley”, sostuvo.

El exgobernante subrayó que permaneció en Bolivia tras dejar el cargo y que había manifestado su disposición a colaborar con la justicia, sin haber recibido citación formal antes de su arresto. Asimismo, denunció que todas las solicitudes presentadas por su defensa han sido rechazadas, incluyendo exámenes médicos recomendados por especialistas, lo que —según indicó— pone en riesgo su salud. En su relato, también describió las condiciones iniciales de su reclusión, afirmando que estuvo en un espacio sin condiciones adecuadas y sometido a interrupciones constantes durante la noche, lo que calificó como “tortura psicológica”.

El exmandatario agregó que su domicilio fue allanado recientemente, lo que interpretó como parte de una estrategia para provocar su “muerte civil y política”. En su mensaje, dirigido tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, Arce exigió el respeto al debido proceso y la independencia de jueces y fiscales. Finalmente, acusó al gobierno de utilizar su caso como una herramienta de venganza política y como una forma de desviar la atención de problemas internos.

“Se busca ocultar la incapacidad y la corrupción de un gobierno que le miente al pueblo boliviano”, concluyó.