Alza histórica del combustible que golpea a la agricultura, el transporte y la canasta básica

Nacional 27-03-2026 Alza histórica del combustible que golpea a la agricultura, el transporte y la canasta básica Aly Valderrama Villarroel, ex Delegada Provincial de Linares En apenas 13 días de gestión, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha decidido retirar la protección financiera que contenía el precio de los combustibles, una medida que recae directamente sobre las familias chilenas y las economías regionales. Esta decisión, adoptada sin consulta pública ni diálogo social, coincide con incrementos salariales históricos para asesores y autoridades, y sitúa al Estado como espectador mientras la ciudadanía asume el costo de la crisis. A partir de este jueves se anunciaba un alza aproximada de $370 por litro en las bencinas y de $480 por litro en el diésel.

En términos prácticos, llenar un estanque implicará entre $18. 000 y $45. 000 adicionales para vehículos particulares.

Más allá del impacto inmediato en el transporte particular, el aumento del precio del diésel encarece la logística terrestre: todo lo que consumimos llega por carretera en camiones, y cada kilómetro recorrido se traduce en mayor costo para alimentos, insumos y bienes de primera necesidad. En regiones como El Maule, que dependen del abastecimiento terrestre, este efecto será especialmente pronunciado. Las cadenas productivas sufrirán un fuerte deterioro.

Nuestra agricultura regional enfrenta ya precios elevados de fertilizantes como la urea; añadir mayores costos de combustible para riego y transporte reduce márgenes y empuja a pequeños y medianos productores hacia un riesgo económico crítico. Los terminales interregionales registran aumentos en pasajes y las empresas de transporte han anunciado subidas que pueden acercarse al 50%, golpeando a trabajadores, estudiantes y familias que dependen del traslado diario. El turismo regional, que mostraba señales de recuperación, también podría estancarse por el encarecimiento del transporte.

Técnicamente, si bien el mercado petrolero internacional es volátil, en episodios previos —por ejemplo en 2022— las autoridades implementaron mecanismos para repartir el costo de la crisis y proteger a los hogares. El último estado financiero entregado por la administración anterior dejó márgenes de liquidez que podrían haberse destinado a medidas transitorias. Hoy, la retirada de esos instrumentos sociales constituye una decisión política que prioriza la contención fiscal inmediata sobre la protección de ingresos y la estabilidad del costo de vida.

Exigimos al gobierno que reconsidere esta medida y active con urgencia instrumentos de mitigación: subsidios temporales focalizados para hogares vulnerables, estabilizadores para el transporte de carga esencial y apoyos directos a pequeños productores para cubrir insumos y fletes. Gobernar implica responsabilidad pública, información veraz y acciones que no conviertan a las familias en la variable de ajuste. Las consecuencias están a la vista: mesas más caras, productores con menos margen, trabajadores y estudiantes pagando más por trasladarse.

El Presidente Kast y su gabinete aún están a tiempo de demostrar que el servicio público significa ponerse en los zapatos del coterráneo y proteger a quienes sostienen la vida económica y social del país.