Alto voltaje: Gobierno frena corrección al sistema eléctrico y empuja alza en cuentas de la luz

Por estos días, todos los ojos están puestos en el Presidente José Antonio Kast y, particularmente, en su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La pregunta es una sola: cuánto impactarán en el bolsillo de las personas las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de un escenario internacional tensionado por la guerra en Irán. Un tema sensible que inquieta a la clase media, al mundo político y a las actividades productivas que dependen del transporte como parte central de sus costos.

Pero no es el único precio estabilizado que hoy genera preocupación y tensión. Hace poco, el Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, retiró cinco decretos desde la Contraloría. Dos de ellos eran el resultado de una negociación intensa que se extendió por casi tres años, en la que participaron actores del mercado eléctrico, sectores productivos clave –representados por el Consejo Minero y Acenor–, instituciones del Estado y organizaciones de consumidores.

Esos decretos buscaban corregir –al menos en parte– una distorsión estructural del mercado eléctrico. Una anomalía que transformó una política pública bien inspirada, diseñada para fomentar la participación de pequeños actores nacionales en la generación de energía limpia mediante un subsidio al precio de esa energía –el llamado precio estabilizado–, en algo muy distinto: un engranaje financiero que mueve millones de dólares y que terminó beneficiando a grandes fondos de inversión extranjeros. Hoy, detrás de muchas de estas centrales PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), ya no hay pequeños generadores.

Hay fondos de inversión que operan desde Nueva York, Londres o Toronto, capturando recursos del sistema eléctrico a través de un mecanismo regulatorio que fue pensado, originalmente, para una pyme. ¿Quién paga ese subsidio que termina en manos de gigantes financieros internacionales? La minería chilena, la industria nacional, las generadoras de energías renovables y, a partir de 2027, lo pagarán también los clientes residenciales, directamente en sus cuentas de luz.

El costo para el país de este precio estabilizado superaría los US$ 4. 600 millones El boom de los PMGD El sistema PMGD nació con una promesa: democratizar el mercado eléctrico. Centrales pequeñas, de hasta 9 MW, conectadas a redes de distribución, capaces de abrir espacio a actores locales, descentralizar la generación y acelerar la transición energética.

Durante años ese diseño funcionó como incentivo. Reducir el riesgo –a través de un precio estabilizado, que en los hechos funciona como una subvención implícita– permitió que nuevos proyectos se desarrollaran en un mercado históricamente dominado por grandes generadoras. Pero esa misma lógica fue la semilla de su transformación.

Cuando el riesgo desaparece, la política pública deja de ser solo un incentivo y se convierte en un gran negocio. Y cuando un instrumento asegura retornos, quienes primero lo capturan no son los actores que se busca fomentar, sino aquellos con mayor capacidad financiera. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió.

El crecimiento de los PMGD fue vertiginoso. En poco más de una década, el sistema pasó de cerca de 200 MW a más de 3. 000 MW instalados, con un predominio solar cercano al 82%.

En horas de alta radiación, los PMGD pueden llegar a explicar más del 20% de la generación del sistema. Pero el dato clave aquí no es tanto la expansión, sino quién la capitalizó. A través de un modelo de sofisticada ingeniería financiera, el actor local despareció.

En su lugar aparecieron actores globales con gran capacidad de apalancamiento, como BlackRock, Brookfield, JP Morgan, Macquarie, Antin, TPG, entre otros. Altas fuentes del mercado eléctrico lo sintetizan así: “Un desarrollador levanta el proyecto, lo encapsula en una sociedad por acciones y lo vende. El comprador no es un pequeño generador, sino un fondo de inversión.

Ese fondo no compra uno, compra varios. Los agrupa, los ordena, los financia y los convierte en un portafolio. Las centrales están en Chile, inscritas en SpA locales.

Pero el control –financiero, estratégico– está fuera”. El negocio PMGD en Chile no está dominado por “pequeños generadores”, sino por fondos globales, plataformas internacionales y vehículos societarios locales que empaquetan activos bajo estructuras de inversión sofisticada. El incómodo retiro de los decretos La clave para que funcione el mecanismo –apuntan las fuentes– es el precio estabilizado, que funciona como subsidio implícito.

A los PMGD se les paga, a todo evento, 8o USD/MWh por su producción. Ese precio preferencial –pensado originalmente para una pyme de energía solar– es muy superior al precio de mercado. El ejemplo más claro de esta asimetría se aprecia en relación con las grandes generadoras de energía limpia.

Cuando se presentan congestiones en la red de transmisión en hora solar, a los generadores renovables se les paga cero dólar, mientras que a los PMGD se les sigue pagando los mismos 80 dólares. Aunque los decretos retirados hace una semana por el Ministerio de Energía no eliminaban esta anomalía del mercado eléctrico, al menos corregían su ganancia a través de un recorte a su producción en hora solar, el mismo que se les aplica a las otras generadoras renovables, pero del cual los PMGD estaban exentos. Fuentes cercanas a la institucionalidad eléctrica dan cuenta de que para elaborar el reglamento se debieron sortear presiones de influyentes estudios de abogados, agencias de lobby y de autores de estudios económicos –hoy en puestos claves del Gobierno– que disputaron la narrativa en favor de este segmento en debates regulatorios, legislativos y de política pública.

En términos simples los decretos retirados buscaban que los PMGD internalizaran las condiciones reales del sistema, incluyendo escenarios de sobreoferta y precios bajos o nulos. El propio Coordinador Eléctrico Nacional advirtió, durante las discusiones técnicas, que en un sistema con sobreoferta solar –donde los precios marginales pueden ser cero— los PMGD siguen recibiendo ingresos estables y compensaciones. Entre 2022 y 2024, esas compensaciones se dispararon.

¿Quién paga el costo? El problema más polémico es quién paga el costo. Tal como se señala en el DS 125 que se buscaba corregir, de los 80 dólares que se les paga a todo evento a los PMGD, 70 de ellos son pagados por los clientes libres, fundamentalmente por las mineras e industrias.

El resto es pagado por las renovables, que aun recibiendo cero dólar deben subvencionar a los pequeños medios, que –como sabe muy bien el mercado eléctrico– de pequeños no tienen nada, ya que son controlados por fondos de inversión millonarios. Durante estas discusiones para permitir la corrección vía decreto, la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), que grupa a grandes consumidores de energía –principalmente empresas industriales, mineras y productivas– y el Consejo Minero, que compran electricidad en el mercado libre (no regulado), negociando directamente sus contratos con generadoras, encargaron un estudio a los consultores iberoamericanos Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, a fin de calcular el perjuicio para el país que significaban las compensaciones vía subsidio a los PMGD. El cálculo se estimó en US$ 500 millones de dólares anuales, acumulando US$ 4.

650 millones al 2034, que es cuando comienzan los contratos. Y cada mes que pase sin que la Contraloría tome razón de los decretos, la cifra aumenta. En el sector están preocupados.

Así, desde el sector industrial la señal es de cautela, pero también de presión. El presidente de Acenor, Javier Bustos, afirma que esperan que el proceso no se detenga y que las autoridades retomen el trabajo técnico ya avanzado. “Esperamos que se puedan hacer los análisis y se continúe con los perfeccionamientos, algunos ya previstos e incluso otros que puedan mejorar el sistema”, señala, subrayando que el sector se mantiene atento a las definiciones regulatorias que adopte el Gobierno Alza en las cuentas de la luz Pero la inquietud no es solo técnica.

Bustos advierte que el impacto de esta distorsión está a punto de cambiar de escala. “Hoy en día este costo que se genera por las compensaciones a las centrales PMGD […] a partir del próximo año también lo van a empezar a pagar los clientes regulados”, explica. Y recalca que ya no se trata solo de clientes libres, pues los contratos adjudicados en las últimas licitaciones incorporan el traspaso de estos sobrecostos, lo que terminará reflejándose en las cuentas de la luz.

“Entonces también es algo que ya empieza a ser urgente no solamente para los industriales, el transporte, el gran consumidor de energía, sino también para el cliente residencial de sus hogares“, advierte. Ese es el punto donde la historia cambia de escala. Porque lo que hasta ahora era una transferencia entre actores del sistema eléctrico –generadoras, industria, grandes consumidores–, está a punto de cruzar la última frontera: los hogares.

A partir de 2027, cuando entren en operación los nuevos contratos de suministro adjudicados en las últimas licitaciones, estos costos comenzarán a incorporarse en las tarifas reguladas. No aparecerán como una línea separada. Estarán dentro del precio de la energía.

Las nuevas licitaciones incorporaron los llamados “costos sistémicos” dentro de la indexación del precio. Ahí están las compensaciones a los PMGD. Lo que antes pagaban principalmente los clientes libres, ahora se distribuirá también entre los clientes residenciales.

Para los consumidores, el problema es estructural. Como advierte Hernán Calderón, presidente de Conadecus: “Ese costo sistémico los consumidores no tenemos ninguna posibilidad de rebajarlo”. Y agrega: “La generadora no lo va a asumir (…), lo traslada a costo sistémico”.

En síntesis: un mecanismo diseñado para democratizar el sistema, terminó concentrándolo. Un subsidio pensado para pequeños actores, terminó siendo capturado por grandes fondos extranjeros. Y un costo que hasta ahora estaba contenido dentro del sistema eléctrico comenzará, el próximo año, a trasladarse directamente a las cuentas de luz de millones de chilenos.