Alcaldes oficialistas Luksic y Alessandri cuestionan plan del gobierno sobre contribuciones
En medio del debate tributario impulsado por el nuevo gobierno, dos alcaldes de derecha —Maximiliano Luksic (Huechuraba) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea)— cuestionaron públicamente una de las propuestas que ha circulado en su propio sector político: la eliminación de las contribuciones a la propiedad. Los jefes comunales, ambos pertenecientes al mismo bloque político que respalda al Ejecutivo, advirtieron que avanzar en esa dirección podría afectar seriamente las finanzas municipales y llamaron a abrir una discusión técnica sobre el sistema de impuesto territorial. A través de una carta enviada a El Mercurio, los alcaldes sostuvieron que el debate sobre contribuciones no puede reducirse a la disyuntiva entre mantener el sistema actual o eliminarlo completamente, ya que se trata de una fuente clave de financiamiento para los municipios y para el funcionamiento del Fondo Común Municipal.
Según explicaron, el impuesto territorial representa una base estructural de ingresos para las comunas y permite financiar áreas como espacios públicos, programas sociales, seguridad, cultura, deporte y salud primaria. En ese contexto, señalaron que suprimir este tributo sería “fiscalmente irresponsable”, considerando que una parte importante de su recaudación se redistribuye entre municipios a través del Fondo Común Municipal. Los alcaldes también destacaron que incluso comunas con mayores ingresos deben contribuir a compensar desigualdades territoriales, lo que vuelve relevante mantener un sistema que garantice recursos permanentes para la gestión local.
No obstante, ambos ediles reconocieron que el actual diseño del impuesto presenta problemas, especialmente para adultos mayores o familias cuyos ingresos no han aumentado al mismo ritmo que el valor de sus propiedades. En ese sentido, plantearon la necesidad de impulsar una “modernización seria” del sistema de contribuciones, que entregue mayor estabilidad y previsibilidad a los contribuyentes. Entre las alternativas que proponen se encuentra establecer una base de cálculo más estable, vinculada al valor de adquisición de la propiedad y reajustada por indicadores como la UF o el IPC, además de mecanismos que permitan diferir parte del pago asociado a la plusvalía hasta el momento en que se concrete la venta o transferencia del inmueble.
Para Luksic y Alessandri, el desafío no es eliminar el impuesto territorial, sino reformarlo para que sea más justo y sostenible, manteniendo al mismo tiempo los ingresos que requieren los municipios para cumplir sus funciones y desarrollar políticas locales.