Alcaldes fijan expectativas ante anuncio de cambios al Estado de Excepción por parte del Gobierno

La reciente prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur —aprobada con amplio respaldo en el Congreso— reactivó el debate sobre la estrategia de seguridad en la zona, luego de que el Gobierno anunciara eventuales modificaciones al mecanismo, aunque sin precisar aún su contenido ni forma de implementación. En ese contexto, desde las comunas comprometidas ya se comenzaron a delinear expectativas y cuestionamientos frente a una medida que se mantiene vigente, pero cuyo rediseño permanece incierto. El contexto en que se instala esta discusión combina señales contrapuestas desde el Ejecutivo.

Por un lado, se ha defendido la continuidad del Estado de Excepción destacando una disminución cercana al 80 % en los hechos de violencia en los últimos años; por otro, se ha advertido que la situación está lejos de normalizarse e incluso presenta un aumento cercano al 10 % en lo que va de 2026, lo que justificaría introducir ajustes en su aplicación, particularmente en zonas consideradas críticas. Así, autoridades locales advierten falta de participación en el diseño de la medida y ausencia de claridad sobre su implementación. Vale recordar que el Estado de Excepción rige desde el primer semestre de 2022 en las provincias de Biobío y Arauco, en el caso local; y en la totalidad de la Región de La Araucanía (Cautín y Malleco).

Expectativas Consultado sobre las expectativas puntuales frente a los eventuales ajustes al Estado de Excepción, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, puso el acento en la necesidad de fortalecer las capacidades locales para enfrentar los desafíos de seguridad, en un contexto marcado por la persistente percepción de déficit en la presencia policial en el territorio. En esa línea, planteó que uno de los principales cambios esperados dice relación con otorgar mayores atribuciones legales a la seguridad municipal, junto con recursos asociados para su implementación. “Principalmente, se requiere fortalecer la seguridad municipal, con más atribuciones legales y recursos asignados”, señaló, enfatizando que esto permitiría avanzar en una respuesta más efectiva en terreno.

Asimismo, relevó la importancia de fortalecer el trabajo coordinado con Carabineros, considerando la actual brecha en la dotación policial. En una línea similar, el alcalde de Laja, Vladimir Fica, abordó los ajustes anunciados por el Ejecutivo, señalando que sus expectativas están puestas en avanzar hacia una mayor presencia preventiva en terreno, junto con mejorar la coordinación con los municipios. “Esperamos que estas modificaciones apunten a una estrategia que considere las particularidades de cada comuna”, indicó.

En ese contexto, el jefe comunal subrayó que la continuidad de la medida debe ir acompañada de resultados concretos en la vida cotidiana de las comunidades. “La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad, por lo que es fundamental que las medidas no solo se mantengan, sino que también sean efectivas y cercanas a la realidad local”, afirmó. Con todo, Fica advirtió que el impacto del Estado de Excepción en su comuna ha sido acotado, con una presencia más visible solo en determinados periodos.

“Nuestra percepción es que los efectos han sido limitados, principalmente en contextos específicos como durante la alerta roja del verano”, indicó, marcando diferencias respecto de territorios con mayor despliegue. Por su parte, y en relación con la falta de detalles sobre las eventuales modificaciones, el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, optó por una mirada más cauta, evitando cuestionar al Gobierno. “Está en instalación, por ende, me imagino que aquello tendrá su propio proceso”, sostuvo, agregando que la continuidad de la medida le parece una “buena señal”, en función de los resultados que —a su juicio— ha mostrado en el tiempo.

En cuanto a lo que espera, el jefe comunal apuntó a la necesidad de reforzar la presencia en terreno como principal medida. “Que se note más”, resumió, ejemplificando con experiencias locales donde el aumento de patrullajes tuvo efectos inmediatos. “Tuvimos una ola de robos y, cuando apareció una patrulla, se acabó al tiro”, relató, subrayando que en comunas con baja dotación policial —“tenemos cuatro carabineros por turno”— la presencia de apoyo externo resulta clave para mejorar la seguridad.

Críticas a la implementación en sí misma Sin embargo, otras autoridades locales plantean cuestionamientos más de fondo a la aplicación del Estado de Excepción. Así lo expresó el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, quien en conversación con Diario Concepción criticó la forma en que se ha implementado la medida en la Macrozona Sur, en medio de su reciente prórroga y del anuncio de ajustes por parte del Ejecutivo. “No hay participación de las autoridades locales.

Es una medida que se toma así, ligera y sin conocer realmente el territorio”, afirmó. En ese sentido, Vita sostuvo que la medida se ha aplicado de manera generalizada, sin distinguir entre comunas con distintos niveles de conflictividad. “Nos meten a todos en el mismo saco”, recalcó, agregando que su comuna no presenta los mismos niveles de violencia que otras zonas del sur.

“No es lo mismo lo que pasa aquí que en la zona de la costa o en otras partes”, sostuvo. Asimismo, el alcalde indicó que, si bien existen situaciones puntuales en su comuna, estas no responden a una dinámica estructural de violencia. “Sí, hay temas puntuales, pero para eso están las herramientas que ya existen”, señaló, apuntando a que los problemas locales deben abordarse de forma específica y no bajo un régimen excepcional aplicado de manera uniforme.

A partir de ello, cuestionó la mantención de la medida sin un análisis más fino del contexto local. “Deberían conocer realmente lo que pasa en cada territorio”, planteó, advirtiendo que generalizar la aplicación del Estado de Excepción puede generar una percepción distorsionada sobre la realidad comunal. Del mismo modo, criticó que las decisiones se adopten desde el nivel central sin un vínculo efectivo con el territorio.

“El gobierno central da instrucciones, pero no está enfrentando el problema en terreno”, afirmó, insistiendo en que los municipios deberían tener mayor incidencia en la definición de las estrategias de seguridad. “Falta diálogo, falta sentarse a conversar con las autoridades, con los loncos, con los dirigentes”, concluyó. Desde la Provincia de Arauco En la costa del territorio, la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, valoró la reciente prórroga, destacando su impacto en materia de seguridad.

“Sostener el apoyo y resguardo de nuestras Fuerzas Armadas es fundamental”, afirmó, subrayando que la medida representa una señal positiva tanto para la población como para Carabineros, especialmente en un contexto donde —según cifras del Gobierno— los hechos de violencia han aumentado en un 10% en lo que va del año. A pesar de lo anterior, advirtió respecto a la necesidad de mantener una actitud preventiva frente al escenario de seguridad en la zona. “Lo peor que nos puede pasar en territorios como la provincia de Arauco es ser reactivos”, sostuvo, agregando que contar con un territorio resguardado no solo mejora las condiciones de seguridad, sino que también abre oportunidades para el desarrollo local.

Por último, Tiznado planteó que los eventuales ajustes debiesen ir acompañados, no solo de mayor presencia en terreno, sino también de recursos e inversión para la zona. “Creemos importante y urgente que esta medida venga acompañada con recursos e inversión en la provincia y en Lebu, junto con el incremento de efectivos”, señaló, enfatizando que el respaldo del Estado resulta clave para atraer inversión privada, generar empleo y evitar que el desarrollo continúe concentrándose en otros territorios.