Ajustes del Mineduc mantienen en alerta a rectores en medio de crisis financiera de universidades

Durante la última semana de marzo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, participó de la primera sesión oficial del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), donde transparentó algunos detalles sobre cómo podría impactar en el sector el recorte presupuestario mandatado por el Gobierno. En la instancia, la secretaria de Estado comunicó que el financiamiento de la educación superior no será prioridad en el corto plazo, debido a que los esfuerzos estarán concentrados en la educación inicial, a lo que se suma la contingencia por los episodios de violencia escolar, lo que llevó al ingreso de dos proyectos destinados a abordar esta problemática. A lo anterior se suman recientes declaraciones de la jefa de la cartera de Educación, quien afirmó que el Mineduc arrancó con “un presupuesto que se aprobó con menos recursos que se debía”, por lo que el ejercicio “no solamente es recortar el 3%, sino que reasignar recursos”, realidad que complejiza el proceso de revisión en busca de mayor eficiencia.

Si bien rectores de diferentes universidades comparten que, en el marco de estrechez fiscal, el foco esté puesto en la primera infancia, son conscientes de los serios problemas de sostenibilidad financiera que afectan al ecosistema de educación superior. Una bomba de tiempo difícil de ignorar. Las autoridades universitarias han decidido reaccionar con cautela a lo que, hasta ahora, han sido solo anuncios generales sobre cómo los eventuales recortes impactarán el financiamiento de los planteles.

Y esperan en los próximos días tener mayores certezas respecto a los efectos en el ecosistema universitario, especialmente en instituciones adscritas a gratuidad y sujetas a marcos regulatorios más estrictos. A juicio del rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, lo óptimo es esperar con prudencia los antecedentes formales del ajuste presupuestario, más que hacer estimaciones sin la información sobre la mesa. Sin embargo, la autoridad universitaria afirma que, en este contexto, es necesario tener presente que en el último informe de la Superintendencia de Educación Superior “se detectó que había 10 universidades, o sea, el 18,2% del sistema universitario, que presentaba un nivel de riesgo en su salud financiera”.

“En ese mismo informe se advertía que aproximadamente el 83% de las universidades tenía deudas con vencimientos bastante cercanos, inmediatos incluso. Además, existe evidencia de que las instituciones que han estado en riesgo han realizado medidas de reestructuración financieras y en varios casos incluso concordadas con la Superintendencia de Educación Superior”, señaló la autoridad de la U. de Tarapacá en conversación con El Mostrador.

En esa línea, Rodríguez agregó que “la situación de riesgo en el sistema es una situación vigente, que afecta a más del 18% de las instituciones y, por lo tanto, cualquier reducción de ingresos en el sistema sin duda afectaría la salud financiera de las instituciones, aumentaría el riesgo y tendría efecto en el desarrollo estratégico de las universidades e, incluso, eventualmente de las comunidades a las que sirve”. “Podría afectar partidas que históricamente han estado disponibles para las universidades del Cruch” Otro de los factores que genera preocupación en los jefes de las casas de estudios, es que aproximadamente el 80% del presupuesto del Ministerio de Educación se encuentra en partidas que no pueden ser modificadas, situación que impactaría en el porcentaje flexible destinado a la operación de fondos basales y programas de desarrollo institucional, entre otros temas. Así lo expresa el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, quien afirma que “para alcanzar un ajuste global del 3% en las otras partidas podría haber una reducción del 15% o mayor, lo que sí podría afectar partidas que históricamente han estado disponibles para las universidades del Cruch”.

La autoridad se suma a las voces de cautela frente a los próximos anuncios, ya que hasta ahora existe desconocimiento respecto a los términos específicos del ajuste presupuestario que aplicará el Mineduc. “Entendemos que aún se encuentra en análisis en la Dipres”, señaló. No obstante, Saavedra advierte que “la mayor inversión del Estado no ha significado mayores ingresos para las universidades y, en algunos casos, estos se han reducido”.

“Lo que ha ocurrido es un reemplazo del financiamiento de las familias por el del Estado. Además, se han incorporado nuevas exigencias normativas que implican mayores costos operativos. Solo en los últimos cinco años se han promulgado nueve leyes que, sin financiamiento, establecen nuevas exigencias de cumplimiento obligatorio para las universidades y que incrementan sus costos, tensionando su funcionamiento”, indicó.

Lo cierto es que, más allá de las implicancias del ajuste presupuestario anunciado por el Gobierno, las diversas autoridades universitarias han alertado de manera transversal respecto a la urgencia de retomar el debate estructural sobre la sostenibilidad financiera de las casas de estudios. Esta discusión quedó relegada al proyecto de nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), iniciativa que ya fue descartada por el actual Ejecutivo. “El proyecto del FES, básicamente, abordaba el financiamiento de los estudiantes de Educación Superior que no acceden a la política de gratuidad (financiamiento estatal).

El financiamiento a la generación de conocimiento, a la investigación científica, al desarrollo y la innovación no está contemplado en el proyecto FES y son las universidades, principalmente las de Cruch, las que contribuyen con el 90% de los indicadores del país en estas materias”, detalló el rector de la UdeC. Y añadió: “Tampoco se contemplan los costos asociados a la vinculación con los territorios que realizan las universidades. Por lo tanto, sigue pendiente un debate en torno a los costos estructurales de contar con un sistema de educación superior de calidad”.

Sostenibilidad financiera de la educación superior: un debate pendiente Desde el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) también existe incertidumbre respecto de la continuidad de los recursos para el desarrollo de las casas de estudio. A lo que se suma la información entregada por el último estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre educación superior, el cual dio cuenta de deficiencias estructurales del sistema. “La FNE ha reafirmado lo que las universidades estatales venimos planteando desde hace tiempo: que operamos en un sistema de competencia profundamente desigual, enfrentando inflexibilidades normativas y operativas que limitan significativamente nuestro desempeño”, advirtió la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Solange Tenorio.

“A pesar de estas condiciones, las universidades del Estado estamos desplegando esfuerzos sustantivos para mejorar nuestra eficiencia, fortalecer la sostenibilidad de nuestros proyectos educativos y dar continuidad a nuestra misión pública”, destacó la rectora. En ese sentido, la máxima autoridad de la UMCE confía en que el Ejecutivo tomará las próximas decisiones presupuestarias ponderando “el rol estratégico de las universidades del Estado”. “Confiamos también en que el Gobierno trabajará con sus universidades como aliadas para responder a los desafíos que enfrenta el sistema educativo y la sociedad en su conjunto”, dijo Tenorio consultada por El Mostrador.

Por su parte, la representante del Cuech en el comité ejecutivo del Cruch y rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán, también advirtió que el presupuesto del Ministerio de Educación “está con poca flexibilidad para hacer el ajuste del 3%, debido a que tiene un 80% de su presupuesto ya definido por ley”, y adhirió a la urgencia de abordar los problemas estructurales en el financiamiento de la educación superior. “Siempre hemos trabajado en ambientes con cierta incertidumbre. Hemos dicho desde siempre que el tema del financiamiento para la educación superior es una política que hay que revisar, de hecho fue parte de la discusión que se dio en el FES en los últimos años.

Es transversal por lo demás, no sólo afecta a las universidades estatales, sino que también a las tradicionales y las privadas. Creemos que efectivamente mantener un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la demanda no permite generar un desarrollo de país”, afirmó.