Ajuste fiscal llega a la seguridad: Ejecutivo plantea tijeretazo que afecta a Carabineros y la PDI

El “gobierno de emergencia” llama a apretarse el cinturón, esta vez en seguridad. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó en la Comisión de Seguridad de la Cámara su plan para recortar el 3% del presupuesto del Ministerio de Seguridad: más de $72 mil millones menos, con impacto directo en policías y programas clave. La exposición estuvo a cargo de la ministra Trinidad Steinert y el subsecretario Andrés Jouannet, quien insistió en que se trata de una “propuesta” y que no se tocarán áreas críticas.

Pero el detalle encendió alarmas: casi $26 mil millones del recorte salen del ítem personal y afectan de lleno a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Carabineros vería reducidos recursos en personal, operaciones y mantención —incluidos cuarteles y vehículos— además de un fuerte ajuste al Plan Contra el Crimen Organizado, lo que ralentiza la renovación de su flota. La PDI, en tanto, enfrentaría una baja cercana a $16 mil millones, con recortes en viáticos y funcionamiento, en medio de un déficit histórico de dotación reconocido por el propio Ejecutivo.

El tijeretazo también alcanza programas: menos recursos para seguimiento de causas judiciales, para planes como “Calles Sin Violencia” y para iniciativas territoriales de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Incluso la Agencia Nacional de Ciberseguridad entra en la lista de ajustes. La reacción política fue inmediata y transversal.

Desde el propio oficialismo se habló de “falta de consecuencia”, mientras que en la oposición advirtieron que el recorte puede impactar la operatividad real de las policías. La idea de ajustar justo el eje del relato —la seguridad como prioridad— abrió un flanco incómodo para La Moneda. Según consigna La Tercera, la diputada Gloria Naveillan (PNL) expresó su “preocupación” por cómo los recortes podrían afectar el estado de los vehículos y el despliegue policial, mientras Enrique Bassaletti (Partido Republicano) habló derechamente de una “falta de consecuencia” y pidió dejar fuera a las policías del ajuste.

En la oposición, Raúl Leiva (PS) respaldó esas aprensiones, y Bernardo Salinas (PC) también cuestionó la propuesta, alineándose con las críticas al impacto que tendría en la seguridad. Por ahora, el Gobierno se escuda en que la propuesta debe ser validada por Presupuestos. Pero el ruido ya está instalado: el “gobierno de emergencia” enfrenta su primer test de coherencia, con menos plata donde prometió más acción.