Agresión a Lincolao: En qué va la investigación, las medidas a tomar y los debates que se abrieron

Varias aristas se han abierto luego de que este miércoles, en una actividad en la Universidad Austral de Valdivia, manifestantes agredieran a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en un hecho que se añade al violento inicio de año que ha vivido la comunidad educativa en el país. Y es que, en la salida de la inauguración del año académico del establecimiento de educación superior, la titular de cartera fue increpada por un grupo de personas, quienes le dieron empujones, le lanzaron agua y le gritaron una serie de insultos, algunos incluso relativos a su etnia. Cabe mencionar que los hechos se dan al mismo tiempo en que en el Congreso emergen opiniones divididas frente a los dos proyectos de ley enviados por el Gobierno, los cuales buscan fortalecer la seguridad en los recintos educacionales.

Si bien desde el oficialismo acogieron las iniciativas, la oposición ha lanzado duras críticas a la composición de las medidas. El primero modifica el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos contra la comunidad educativa, mientras que el segundo proyecto, denominado "Escuelas Protegidas", incluye medidas de revisión de mochilas, brindas a docentes la posibilidad de implementar medidas "pedagógicas, correctivas y disciplinarias", sanciones por interrupción de clases, y reglamentos internos que prohíban el uso de accesorios. La investigación en curso Tras la agresión, se dio inicio a una indagatoria encabezada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y el equipo de la Fiscalía Regional de Los Ríos, para dar con los involucrados.

Hasta ahora se han revisado los perfiles de al menos seis estudiantes identificados mediante fotogramas, mientras que el Ministerio de Seguridad solicitó que se interrogue a uno de ellos. Según consignó El Mercurio, son dos registros de video los que permiten observar con cierta claridad los rasgos de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participando de la manifestación, estudiantes vinculados con los partidos Comunista (PC) y Socialista (PS). Por su parte, desde el PC, la diputada Lorena Pizarro afirmó que se ha intentado "criminalizar la protesta" y a su partido, mientras que desde el PS, el diputado Marcos Ilabaca dijo que "no estuvieron involucrados en ningún acto de violencia”.

Para el Ministerio de Seguridad, se "denota que existe una motivación política para realizar este atentado contra la autoridad". Esto se encuentra reseñado en la querella que presentó por esta causa. En tanto, este jueves declaró por cerca de una hora el rector de la Universidad Austral, Egon Montecinos, quien entregó su versión a la fiscalía.

Al finalizar la diligencia, expresó: "No sé (de) militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación. Hay una investigación que está en curso, así que estamos colaborando". La seguridad de los ministros y ministras Tras el ataque sufrido por la ministra de Ciencia, se reveló que la autoridad se encontraba sin protección especial en la actividad en Valdivia.

Y es que la secretaria de Estado no tiene Protección de Personas Importantes (PPI), es decir escoltas. Y, luego de lo sucedido, la misma titular de cartera expresó que no piensa reforzar su seguridad. Ante ello, surgió el debate acerca de la protección para los ministros, principalmente por la preocupación que hay en La Moneda por el ataque.

Fuentes al interior de Palacio señalaron a Emol que "se conversó la necesidad de que los ministros viajen con sus equipos y que reforcemos la coordinación con las delegaciones". Sumado a esto, y tras el caso de Lincolao, Carabineros revisará nuevamente los "perfiles de riesgo" de los ministros, para así determinar quiénes ameritan tener resguardo. Por ejemplo Lincolao estaba, hasta esta semana, catalogada como una autoridad con "bajo perfil de riesgo", al igual que Natalia Duco (Deporte); José García Ruminot (Segpres); Mara Sedini (Segegob); Louis de Grange (Transporte), Ximena Rincón (Energía); Iván Poduje (Vivienda); Francisco Undurraga (Cultura); Martín Arrau (MOP); Judith Marín (Mujer); María Jesús Wolf (Desarrollo Social) y Francisca Toledo (Medio Ambiente).

Mientras que sí cuentan con la protección especial Claudio Alvarado (Interior); Trinidad Steinert (Seguridad); Fernando Barros (Defensa); Francisco Pérez Mackenna (RR. EE. ); Fernando Rabat (Justicia); María Paz Arzola (Educación); Jorge Quiroz (Hacienda); y May Chomali (Salud).

Esta última sostuvo que no reforzará aún más su seguridad: "Mantengo las mismas medidas que tiene asignado el ministro de Salud desde hace varios años ya". Debates por la suspensión de clases y las sanciones Otra discusión se dio en torno a la suspensión de clases en la Universidad Austral. Y es que un mensaje pegado en un baño del campus Isla Teja, mismo recinto donde ocurrió la agresión a Lincolao, llevó a las autoridades a detener las clases de la tarde de este viernes.

"No vengas hoy 10/04 en la tarde. Él matará a todos. Sálvate", se leía en el papel.

Ante esto, las autoridades de la casa de estudios publicaron la suspensión de "las actividades lectivas de las y los estudiantes de pregrado y postgrado, del Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, hoy viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 hrs. , a fin de resguardar la integridad de las y los estudiantes y de la comunidad universitaria", una medida que fue repudiada transversalmente por autoridades académicas y políticas del país. Una de ellas fue la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, quien advirtió para El Mercurio que "las clases, la investigación y todo el quehacer académico propio de una institución de educación superior no se pueden detener por amenazas ni hechos de violencia".

"Una minoría no está facultada para impedir este propósito", aseguró, argumentando que en las últimas dos décadas el Estado ha promovido y facilitado el acceso a la educación superior, que hoy cuenta con más de 1,3 millones de estudiantes. Valdés hizo un "fuerte llamado" a los planteles a que "cuiden sus espacios educativos", al tiempo que pidió a rectores y docentes que "ejerzan la autoridad que sus cargos les confieren", que es "custodiar el proceso formativo de los jóvenes de Chile". Otra medida que se ha discutido tras la agresión son las sanciones que deberían caer sobre los involucrados.

En ese sentido, el rector Montecinos adelantó que los castigos que arriesgan van desde la amonestación hasta la expulsión. Fueron la Juventudes Comunistas (JJ. CC) quienes manifestaron que entienden "la protesta estudiantil en marco de la angustia y descontento que han generado los anuncios del nuevo gobierno en la gran mayoría de la población.

Hoy el foco debe estar en el trasfondo y en cómo las políticas públicas instaladas por el actual gobierno han afectado y afectarán al pueblo de Chile". Así, rechazan que "se apliquen sanciones a estudiantes sin la existencia de un debido proceso, con investigación seria, transparencia y pleno respeto a las garantías de las y los estudiantes (…) Asimismo, repudiamos las amenazas y persecución a quienes se manifiestan y ejercen su derecho a la libertad de expresión".