AFP encargan informe en derecho a Ferrada Nehme para revisar tarifas que cobrará el IPS como prestador de soporte

La incorporación del Instituto de Previsión Social (IPS) como un prestador de actividades de soporte -en el marco de la reforma previsional- es uno de los temas que tienen en alerta a las AFP. De acuerdo con la ley de reforma de pensiones, este servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social tendrá un rol destacado en el negocio previsional. Si bien cualquier gestora podrá contratar al IPS, la medida está dirigida principalmente a aquellas que ingresarían al mercado, ya que se busca facilitar su acceso y aumentar la competencia.

En febrero, el gobierno del expresidente Boric envió a la Contraloría General de la República un decreto que definió las tarifas que el IPS pasaría a cobrar por sus servicios. Sin embargo, como reveló DF el martes de la semana pasada, este fue retirado por el actual Ejecutivo el 26 de marzo. De todos modos, las AFP actuaron previo a esta decisión de la Subsecretaría de Previsión Social y, a través de su asociación gremial, encargaron al estudio jurídico Ferrada Nehme un informe en derecho.

De acuerdo con fuentes del sector, el mandato es analizar si los cálculos de las tarifas establecidas se realizaron con los elementos y metodologías correctas, ya que podría tener efectos anticompetitivos. Precisamente, una de las especialidades más destacadas del estudio fundado por Nicole Nehme y Rodrigo Ferrada es lo relacionado al ámbito de la libre competencia y la regulación. Según conocedores de este requerimiento, el informe todavía se encuentra en etapa de elaboración.

El mandato es revisar si los cálculos de las tarifas a cobrar por el IPS se realizaron con los elementos y metodologías correctas, ya que podrían tener efectos anticompetitivos. Consultores El decreto que contiene las tarifas que cobraría el IPS por sus servicios se basó en un informe técnico elaborado por las consultoras locales THM Group y Global Economistas Asociados, que concluyeron en diciembre del año pasado. THM Group esta relacionada a los economistas Rodrigo Harrison, José Antonio Carrasco, Felipe González y Raimundo Atal.

Todos ellos cuentan con postgrados en Estados Unidos, en universidades como Georgetown, Wisconsin-Madison, California-Berkeley o Columbia. En tanto, Global está integrado por el exministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, y el exsuperintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna. A ambos economistas se suma el abogado Pablo Rencoret, quien tuvo un paso por la división antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Los tres también cuentan con postgrados en el exterior, como en Georgetown, la University College of London y Stanford. Uno de los apartados del informe técnico sostiene que las tarifas no deben ser inferiores a los costos de producción de sus servicios. “El modelo se basa en la premisa de que el IPS no debe cobrar precios inferiores a los costos eficientes de producción de los servicios, en cumplimiento del principio de autofinanciamiento, y que dichos costos son aquellos que enfrentaría un operador eficiente en el mercado, en cumplimiento con el principio de neutralidad competitiva”, dice el documento.

El decreto retirado por el actual gobierno estableció siete macroprocesos que el IPS puede ofrecer como actor del negocio previsional: afiliación y cuentas; servicios de atención al cliente; recaudación y cobranzas; beneficios previsionales; procesos contables; apoyo y gestión; y gestión de riesgo. Así, el acto administrativo señaló que para su prestación a las AFP, estos macroprocesos se agrupen en cuatro servicios a ofrecer, cuyo precio se diferenciará si la administradora que los requiere tiene menos o más de 1. 260.

000 afiliados. El primero de ellos, el más costoso, es el servicio “completo”, que incluye todos los macroprocesos descritos. Tiene un costo mensual de UF 17.

794 ($ 712 millones) para las AFP bajo el mencionado umbral de afiliados, mientras que para las que lo superan el precio será de UF 18. 970 ($ 759 millones). El otro grupo de mayor costo que el IPS podría ofrecer es el servicio de “soporte”, que incorpora todos los macroprocesos, pero no el de atención al cliente.

Este tiene un valor mensual de UF 15. 955 ($ 638 millones) para las administradoras que se encuentren en la parte baja de la barrera de afiliados. Para aquellas AFP que estén sobre ese límite, el precio que cobrará el IPS será de UF 16.

683 ($ 667 millones). Un tercer grupo es el de “atención”, con un costo mucho más bajo que los dos descritos con anterioridad. Este incluye la atención al cliente, apoyo y gestión, y la gestión de riesgo.

El organismo cobrará una comisión que varía entre UF 6. 792 ($ 272 millones) mensual y los UF 7. 374 ($ 295 millones).

El último grupo es el “acotado”, que incorpora a todos los servicios, menos la afiliación y cuentas, aunque se ofrece realizar de manera parcial los macroprocesos de recaudación y de pago de beneficios. Este tendrá un valor de UF 15. 015 ($ 601 millones) para las administradoras bajo los 1.

260. 000 afiliados, mientras que para las que superen esa cifra tendrá un valor de UF 15. 962 ($ 639 millones).

“La definición de las tarifas busca asegurar que la provisión de estos servicios se realice en condiciones competitivamente neutrales, evitando que la participación del IPS distorsione la competencia o genere ventajas indebidas frente a eventuales oferentes privados”, señala el informe técnico elaborado por las consultoras.