Ad portas del anuncio de Kast: los otros mecanismos similares al DL 600 que tiene Chile

El ingreso al Congreso del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional tiene expectante al mundo político y técnico, ya que su presentación se ha dilatado producto de negociaciones de último minuto entre el gobierno y distintas bancadas parlamentarias. Y la ansiedad se deriva de las propuestas que incorpora el proyecto para aumentar el crecimiento y la inversión, con un fuerte componente tributario: reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23%; reintegración del sistema de impuesto a la renta; eliminación del gravamen a las ganancias de capital en operaciones bursátiles; y la suspensión por un año del IVA a la vivienda, por citar solo algunas. Y un punto que también levanta altas expectativas es el restablecimiento de un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, similar al decreto ley 600 (DL 600) que estuvo vigente hasta hace una década.

La iniciativa legal incluirá un mecanismo que asegurará una suerte de "congelamiento" de la situación tributaria para inversionistas tanto locales como extranjeros que desarrollen proyectos de inversión con un monto de a lo menos US$ 50 millones. Así, dicha invariabilidad estará asegurada por 25 años, con lo que se enfocará en proyectos de inversión de largo plazo. Un informe elaborado por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit) enumera los seis mecanismos existentes hoy que son similares al extinto DL 600, al incorporar la figura del contrato-ley entre el Estado chileno y el mandante de una inversión.

El texto parte explicando los principales beneficios del DL 600, vigente entre 1974 y el primero de enero del 2026, el que establecía la celebración de un contrato por escritura pública, pactándose las respectivas cláusulas, suscribiéndolo directamente un representante del Estado de Chile -el presidente del Comité de Inversiones Extranjeras, hoy denominado InvestChile -y el interesado, fijando el plazo para realizar las inversiones. En lo sustantivo, el régimen contemplaba trato no discriminatorio respecto de inversionistas nacionales; derecho a remesar capitales y utilidades al exterior; acceso garantizado al mercado cambiario formal; y, como elemento central, la posibilidad de pactar invariabilidad tributaria. O sea, la congelación del régimen impositivo aplicable (incluida la tasa del impuesto adicional y, en minería, del impuesto específico o royalty minero), por un período determinado.

"El DL 600 fue ampliamente utilizado en proyectos de gran escala - especialmente mineros- y su lógica descansaba en sustituir la sola ley por un contrato con el Estado, pudiendo el inversionista renunciar al contrato y optar por adherir a las reglas generales de tributación nacional", explica el texto. Petróleo, litio, vivienda y zonas extremas El texto enumera los seis tipos de contrato-ley vigentes entre inversionistas y el Estado de Chile para acceder a condiciones tributarias preferenciales, en distintos ámbitos. El primero son los Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP), regulados en el DL 1089 de 1975, que establece que la exploración, la explotación y el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije para cada caso por decreto supremo.

Así también, conforme al D. F. L.

N° 302, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que aprueba disposiciones orgánicas y reglamentarias del Ministerio de Minería, le corresponde a esta última cartera, suscribir en representación del Estado de Chile, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Nacional de Energía, los contratos especiales de operación petrolera y ejercer directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, las funciones o derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación le señalen. Luego, el jefe de Estado establece los requisitos, términos y condiciones del contrato especial de operación petrolera que el Estado suscribirá con un particular, para luego el Ministerio de Minería o la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) suscriban el contrato de operación petrolera por escritura pública, pactando sus cláusulas en atención a una licitación pública previamente realizada, incluyendo en el respectivo contrato las indicaciones del específico decreto supremo. Los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) son otro tipo de mecanismo hoy vigente, La competencia para celebrar este tipo de contratos emana del inciso décimo del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política y el artículo 8° del Código de Minería, que establecen que la exploración, la explotación y el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión minera, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije.

El decreto fuerza ley (DFL) N° 2 de 1959 es otro mecanismo similar a contrato-ley, que se traduce en las franquicias tributarias para viviendas económicas, que apuntan a viviendas de menos de 140 m2, nuevas y usadas, consistente en la exención de impuestos por los ingresos por la explotación del bien raíz y la rebaja del 50% en el pago de las contribuciones. Adicionalmente, las viviendas nuevas gozan de la rebaja del 50% al arancel del Conservador de Bienes Raíces; la rebaja del 50% del impuesto sobre timbres y estampillas; y la exención del impuesto a la herencia y donaciones, para el caso del primer adquirente. En la actualidad, el beneficio está restringido a las personas naturales y a un máximo de dos unidades.

La Ley Navarino, de 1985, es otro de los mecanismos analizados. Este crea un régimen preferente, tributario y aduanero, para la zona geográfica al sur del Estrecho de Magallanes y hasta el Polo Sur, con vigencia hasta el año 2035, enfocado a empresas que se instalen allí y desarrollen alguna de las cinco actividades indicadas en la norma. Las franquicias para las empresas consisten en la exención del impuesto de Primera Categoría (IDPC), con derecho a crédito contra impuestos finales; la liberación de IVA y arancel para las importaciones; la dispensa del IVA para las compras desde el resto el país y una bonificación a las ventas y servicios efectuadas desde la zona especial al resto del país, que no sea la zona de extensión de la Zona Franca de Punta Arenas.

Similar a la anterior es la Ley de Tierra del Fuego de 1992, que crea un régimen preferente, tributario y aduanero, para las comunas de Porvenir y Primavera, con vigencia hasta el año 2036, enfocado a empresas que se instalen allí y desarrollen alguna de las ocho actividades indicadas en la norma. Las franquicias para las empresas consisten en la exención del IDPC, con derecho a crédito contra impuestos finales; la liberación de IVA y arancel para las importaciones; la dispensa del IVA para las compras desde el resto el país y la exención de contribuciones. Mientras que un último esquema es la Ley de Inmutabilidad de la Zona Franca de Iquique, publicada a fines de 1989.

El sistema para el recinto franco consiste en la exención del IDPC, con derecho al 50% crédito contra impuestos finales; la liberación de arancel para las importaciones; la internación sin IVA de mercancías nacionales o nacionalizadas; y la dispensa de IVA para la venta o traslado de mercancías a la zona de extensión. Estabilidad de inversiones Una de las conclusiones del reportes es que para Chile, la utilización de contratos-leyes o de mecanismos contractuales que otorgan invariabilidad o estabilidad tributaria ha tenido una "importancia estratégica" en la atracción de inversión extranjera directa, particularmente en sectores intensivos en capital y de largo plazo -como la minería, la energía y la infraestructura-, en los cuales la magnitud de la inversión inicial y los extensos plazos de recuperación exigen un elevado grado de certeza jurídica y fiscal. "Estos instrumentos han contribuido a mitigar el riesgo regulatorio percibido por los inversionistas y a reforzar la credibilidad del compromiso estatal, complementando un marco institucional que, aun siendo comparativamente sólido dentro de la región, ha estado expuesto a ciclos de reforma tributaria y a modificaciones relevantes en la carga fiscal aplicable a grandes proyectos, como lo señalamos en un informe en que tratamos esta matera en forma especial", agrega Fesit.

En este contexto, la estabilidad tributaria contractual ha operado como un "factor de competitividad" frente a otras economías en desarrollo que ofrecen garantías similares.