Acusan que Ministerio de Justicia prohíbe a sus abogados oponerse a beneficios de condenados por DDHH

Las ex jefas del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, acusaron un cambio de criterio en la política de cumplimiento de penas. La situación implica directamente a condenados por graves violaciones a los derechos humanos (DD. HH.

) durante la dictadura. De acuerdo con las juristas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prohibió a los abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir ante solicitudes de libertad de condenados por graves violaciones a los derechos humanos. La medida generó una reacción inmediata de las extitulares del programa.

Así las cosas, las también integrantes de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, señalaron que “la inacción del Estado de Chile favorece las solicitudes de las defensas de los agentes para cumplir en libertad o bajo arresto domiciliario, las condenas que hoy los mantienen privados de libertad”. Según las tres abogadas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, instruyó a través de la entonces jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que los abogados del programa no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos. Las denunciantes afirmaron que “esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y del marco jurídico nacional e internacional”.

Lee también... Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza suman otros 12 años de cárcel por crimen de miristas Martes 14 Abril, 2026 | 10:59 Abogadas apuntan a un “indulto pasivo” La actual administración definió un cese de la oposición estatal ante requerimientos judiciales de libertad, reza la denuncia pública. A diferencia de los indultos directos, esta modalidad permite que condenados por crímenes de lesa humanidad que argumenten su condición de ser adultos mayores o padecer enfermedades graves obtengan salidas alternativas sin la oposición de los abogados del Estado.

Las denunciantes calificaron esta omisión de defensa como “la nueva vía para desestimar el cumplimiento de cárcel efectiva”. El Protocolo de actuación del Programa de Derechos Humanos, suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2017, establece que el área jurídica debe intervenir en acciones interpuestas por condenados por graves violaciones cuando no hayan prestado colaboración con la justicia, se encuentren procesados en numerosas causas judiciales, el impacto de la liberación anticipada genere efectos sobre víctimas y familiares o cuando genere sensación de impunidad. El protocolo agrega que en caso de dictarse una resolución que rebaje la pena o cambie la modalidad de cumplimiento, el programa deberá apelar e impugnar dichas decisiones.

Las denunciantes sostuvieron que estas instrucciones “van en dirección opuesta a las afirmaciones y declaraciones oficiales emitidas respecto a la continuidad del Programa de Derechos Humanos y, especialmente, del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”. También advirtieron que “la limitación sustantiva en el ejercicio de las funciones propias del Programa da cuenta del vaciamiento de la función pública legalmente asignada”. Tres casos revelan aplicación de la nueva instrucción En la causa de la Operación Colombo, el agente César Manríquez, condenado a 15 años de presidio por su participación como autor del delito de secuestro calificado de 16 víctimas de desaparición forzada, solicitó cumplir la pena en libertad por encontrarse enajenado mental.

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo. Ante esto, los querellantes anunciaron que interpondrán un recurso de apelación porque existía un informe médico psiquiátrico que daba cuenta que Manríquez podría estar simulando su condición. El Programa de Derechos Humanos no apeló por instrucción expresa de su jefatura.

Las denunciantes precisaron que la jefatura señaló “vía correo electrónico que el área jurídica no intervendrá en estrados”. En el proceso de evaluación interna, los abogados del área jurídica manifestaron una opinión distinta, siendo partidarios de la interposición del recurso de apelación “por existir un último informe psiquiátrico donde se indica que estaría simulando”. César Manríquez se encuentra condenado en 57 sentencias firmes que involucran a 89 víctimas de la dictadura.

En el caso de Héctor Osses Yañez, oficial de carabineros condenado en 15 sentencias judiciales por 31 víctimas de desaparición y homicidio calificado, el condenado solicitó cumplir las penas en libertad por enajenación mental. El Programa de Derechos Humanos, de acuerdo a su mandato, se opuso a su solicitud, sin embargo, por expresa instrucción del ministro de Justicia a través de su jefatura, se instruyó no seguir interviniendo en estos procesos. Osses estuvo alrededor de dos años prófugo de la justicia desde noviembre de 2021 hasta 2023, debiendo el programa interponer una querella criminal en su contra.

Lee también... Pese a estar en tabla: Cámara no alcanzó a debatir proyecto que prohíbe indulto a condenados por DDHH Martes 14 Abril, 2026 | 09:09 Abogados del Ministerio de Justicia desisten de causas de condenados por DDHH En la Operación Alfa Carbón, Jorge Camilo Mandiola Arredondo, jefe regional de la CNI Concepción condenado a 15 años de presidio por un montaje que terminó con la vida de siete personas, solicitó suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria, habiendo cumplido apenas dos años de prisión. Solicitó el arresto domiciliario por padecer diabetes y trastornos del sueño por ansiedad que le produce el encierro.

El tribunal de primera instancia dio traslado al Programa de Derechos Humanos y los querellantes, quienes solicitaron el rechazo bajo argumentos de derecho internacional. El ministro Waldemar Koch rechazó la solicitud de Mandiola, por lo que su defensa apeló a la Corte de Apelaciones de Concepción. La causa fue puesta en tabla para ser vista este 21 de abril, anunciándose el abogado del Programa de Derechos Humanos y la parte querellante.

Sin embargo, la jefa del programa presentó un escrito desistiendo al abogado de dicha repartición de alegar. Las denunciantes afirmaron que ninguna de estas decisiones ha sido informada a los familiares por parte de la autoridad, sino mediante los abogados, “quienes sin explicación alguna, han debido acatar la orden de no intervenir en estos procesos judiciales”.