Acusaciones de maltrato y enfermedad profesional: la trama que enfrenta a jueza con Corte de Iquique

Mientras la jueza D. se encontraba con licencia psiquiátrica, recibió una citación a declarar por un sumario en su contra. Se trataba de un procedimiento administrativo por el que ya había prestado testimonio y en el que, de hecho, el fiscal judicial había recomendado su sobreseimiento.

Sin embargo, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique ordenó su reapertura y que se la citara nuevamente. Se trata de un episodio más de los denunciados por la magistrada, quien cuenta con una declaración de enfermedad profesional de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) de mayo del año pasado. La jueza interpuso un recurso de protección contra la Corte de Apelaciones de Iquique, a la que acusa de atentar contra su integridad psíquica, al citarla a declarar sabiendo de su estado de salud.

Lee también... Vivir y morir en el estrado: el calvario de jueza que falleció denunciando al Poder Judicial Sábado 29 Marzo, 2025 | 06:10 —Los informes médicos, la resolución de calificación de enfermedad profesional dictada por la SUSESO y su contenido, que por cierto sindica a sus superiores jerárquicos como los causantes de la afección, no pueden desatenderse y no ser debidamente ponderados —menciona una apelación de la jueza ante la Corte Suprema, para que el recurso sea acogido a trámite. Según cuentan fuentes cercanas a la magistrada, hasta 2016 la jueza trabajaba en el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique bajo una alta carga constante, al igual que sus colegas, pero sin mayores conflictos.

A pesar del escaso tiempo libre del que gozaba, la jueza seguía especializándose. Incluso había obtenido una beca de la Universidad Adolfo Ibáñez para cursar un magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, la que cubría el 80% del valor. Para que pudiera asistir a clases los viernes en Santiago, la Corte Suprema había autorizado una comisión de servicio tras una recomendación en ese sentido del director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate.

Entre sus argumentos expuestos al máximo tribunal, Aldunate mencionó que la jueza colaboraba con la Revista Laboral Chilena y en 2014 había publicado un libro especializado. Año tras año, la jueza recibía altas calificaciones. Sin embargo, en 2017, hubo un giro crítico en los comentarios de los ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique: —El ausentismo de sus funciones durante el período, por permisos personales, ha afectado el funcionamiento normal del tribunal.

Mantiene inadecuadas relaciones interpersonales con sus pares, que afectan el normal funcionamiento de su unidad de trabajo. Ha demostrado desempeño inferior a lo normal durante el período calificado —rezaban las observaciones. Cada uno de los ministros firmantes —Rafael Corvalán, Mónica Olivares y Pedro Guiza— reiteró los mismos comentarios.

Palabra por palabra. Paradójicamente, su nota fue un 6,5, lista sobresaliente. Una disonancia que, según cercanos a la magistrada, marcó el inicio del proceso que hoy la enfrenta con la Corte de Iquique.

Trabajando con fiebre La jueza reunió antecedentes para rebatir los comentarios de la Corte de Iquique. Entre los documentos, está una declaración firmada por una de sus colegas en que alega mantener una buena relación con ella, y una captura de un informe del Poder Judicial, en que aparece como la magistrada de su tribunal con más sentencias dictadas entre octubre de 2017 y diciembre de 2018. En otro de ellos, el administrador del tribunal certificó que la jueza había asumido completamente el despacho del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique durante 12 días en 2017.

O sea, durante ese periodo fue la única magistrada en funciones en el tribunal. Lee también... "Todos los periodistas son maricones": juez intentó frenar reportaje y terminó sumariado por maltrato Martes 17 Marzo, 2026 | 08:51 No sólo eso, el mismo funcionario certificó que durante ese año la jueza se mantuvo en funciones durante una jornada a pesar de que tenía fiebre.

Según relató, el 6 de julio la jueza se encontraba dirigiendo audiencia cuando tuvo que ordenar un receso, debido a que no se encontraba “en condiciones óptimas de salud”. —Fue asistida en su despacho, a fin de intentar disminuir la fiebre que presentaba en esos momentos —detalló el administrador—. Cabe señalar, que sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, continuó con sus audiencias, toda vez que no se encontraban otros jueces en funciones.

Si bien inicialmente reunió los documentos con la intención de presentar los antecedentes ante la Corte Suprema, finalmente no realizó la denuncia. Años más tarde, en noviembre de 2024, la jueza realizó una denuncia formal por hostigamiento laboral y discriminación ante la Corte de Apelaciones de Iquique, que dio origen a un sumario. Entre otras cosas, acusaba denegación arbitraria de permisos administrativos, alteración de las estadísticas del tribunal en perjuicio de ella, exclusión en la toma de decisiones y la exposición a un funcionario que la había acosado sexualmente.

Cuatro meses después, la Corte de Apelaciones de Iquique sobreseyó el sumario. En la resolución respectiva, el tribunal de alzada recapituló los antecedentes recogidos por el fiscal judicial. En total, se tomó declaración a nueve funcionarios, incluyendo la jueza, y se incorporó evidencia documental como la cadena de correos aportada por la misma magistrada.

Según comentaron los demás funcionarios, el ambiente laboral dentro del tribunal era bueno. El administrador aseveró que los permisos dependían de la Corte de Iquique y que “cualquier error en las estadísticas podría ser un problema del sistema”. En tanto, los otros dos magistrados del tribunal dijeron que no hubo un intento de excluirla.

La jueza había apuntado a la reunión del Comité de Jueces para elegir al presidente del tribunal, que se realizó sin su presencia. Según manifestó en la denuncia, ella firmó el acta posteriormente porque sintió “temor a represalias” de sus colegas. La administrativa jefe del juzgado confirmó durante el sumario que no se había convocado a la magistrada, aunque aseguró que se intentó “mantenerla informada” y que ella había “firmado el acta donde se reflejaban los resultados”.

—Nunca hubo una imposición ni un deseo de perjudicar a la magistrada, quien incluso firmó el acta de designación votando por sí misma —afirmó por su parte la jueza que resultó elegida como presidenta del tribunal. Acoso sexual De acuerdo a la denuncia de la jueza, en 2021 un funcionario le envió material pornográfico a su celular. El trabajador fue sancionado con una amonestación, pero la magistrada afirmó que nunca le ofreció una disculpa.

—Este funcionario cada vez que ingreso al tribunal me saluda y sonríe socarronamente, como si nunca hubiera pasado nada —acusó. La magistrada añadió que nunca se le notificó del cierre de la investigación administrativa contra el funcionario, y que recién se enteró de ello cuando pidió los antecedentes en 2024. Según la denuncia, el 13 de septiembre de ese año la administradora subrogante le informó que por la tarde, a partir de las 14:00 horas, gran parte de los funcionarios se irían a celebrar las Fiestas Patrias, incluida la jueza presidenta.

—Me indicó que el único que podía quedarse era el funcionario (…) que me acosó sexualmente —aseveró la magistrada—. La [administradora subrogante] no podía menos que saber cuál sería mi reacción ante tamaña propuesta. Ciertamente no fue otra que el rechazo.

La jueza presidenta afirmó que la magistrada nunca le “planteó sus preocupaciones sobre el incidente, lo que podría haber permitido una resolución más adecuada”. La administradora subrogante, en tanto, arguyó que la negativa de la magistrada a trabajar con el funcionario había “generado dificultades en la rotación de tareas en el tribunal”. Los otros dos jueces del tribunal y cuatro funcionarios declararon que la magistrada tendía a realizar sus labores en su oficina, sin interactuar mayormente con el resto de los trabajadores.

Enfermedad profesional Con esos antecedentes, el fiscal judicial propuso el sobreseimiento aduciendo que no se lograron acreditar los hechos denunciados. La Corte de Iquique compartió esa opinión: —Estos argumentos y medios de prueba permiten estimar que la denuncia presentada por la magistrada puede no estar fundamentada en una realidad objetiva del ambiente laboral —sostuvo la corte en su resolución—, sino más bien en percepciones personales y una serie de malentendidos que han escalado a una denuncia formal, sin el respaldo suficiente en términos de pruebas concretas de hostigamiento o discriminación. Los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío dan cuenta de que la jueza ya se encontraba en un estado de salud delicado.

Entre 2023 y 2024 se le habían otorgado 84 días de licencia psiquiátrica a la magistrada. Lee también... Maltrato e intervenciones indebidas: la trama de sumarios que enreda a ministro de Corte de Valparaíso Jueves 12 Marzo, 2026 | 06:00 En mayo de 2025 la Suseso dictaminó que su padecimiento correspondía a una patología de origen laboral.

En su razonamiento, el organismo concluyó que se verificó la “exposición a factores de riesgo de tensión psíquica suficiente en el ejercicio del trabajo”. —[Los factores] derivan de un escaso apoyo social de jefatura o de la organización expresado en condiciones organizacionales hostiles, mantenidos de manera recurrente o sistemática, que pudieran explicar la emergencia de la sintomatología presentada —definió la Suseso. Pero mientras la jueza conseguía el respaldo de la superintendencia respecto al origen de su enfermedad, surgía un nuevo foco de preocupación.

Licencias cuestionadas La magistrada se encontraba con licencia psiquiátrica vigente cuando fue notificada del inicio de un sumario en su contra. Se trataba de una de las tantas investigaciones administrativas realizadas en el Poder Judicial luego de que se conociera de los viajes al extranjero de funcionarios cuando estaban con licencia médica. En el caso de la jueza, había viajado a Bolivia en tres oportunidades mientras se encontraba con reposo, entre diciembre de 2022 y octubre de 2023.

De las tres licencias que coincidían con las fechas de los viajes, sólo las dos últimas prescribían reposo ambulatorio. Dado que había sido citada a declarar cuando se encontraba con licencia, solicitó un amparo gremial a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM). En su denuncia acusó, entre otros hechos, la revocación sistemática de sus fallos —a pesar de que el 95% eran confirmados por la Corte Suprema—, la impunidad ante su denuncia de hostigamiento y el maltrato laboral reiterado.

La asociación acogió su solicitud y ofició a la Corte de Apelaciones de Iquique. Finalmente, la magistrada declaró el 3 de febrero, acompañada de su marido. Al principio de la diligencia, leyó una declaración en la que explicó el origen de los viajes: —Mis hijos cursaban estudios en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y constituían en ese momento mi principal y casi único soporte emocional efectivo —afirmó ella—.

Este desplazamiento no tuvo jamás por objeto eludir controles, simular reposo, ni obtener beneficios indebidos, sino sostenerme vital y psíquicamente en un contexto de profundo deterioro de la salud mental. La magistrada hizo hincapié en que las licencias no podían ser entendidas aisladamente, sino como parte de “una cronología del daño marcada por el hostigamiento laboral sistemático, deterioro progresivo de la salud mental, ausencia de resguardos institucionales oportunos y una prolongada exposición a condiciones organizacionales adversas”. Declarar de nuevo El fiscal del sumario recomendó el sobreseimiento ya que la acción disciplinaria estaba prescrita respecto a las dos primeras licencias.

La tercera licencia contaba con reposo ambulatorio, por lo que no había falta. Pero eso no fue suficiente para la Corte de Iquique. De acuerdo con una solicitud del fiscal judicial, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, el Pleno rechazó la propuesta “a fin de que se solicite el respectivo informe migratorio y cite nuevamente a declarar a la investigada, para que señale dónde estuvo en la época correspondiente a las salidas del país que constan en el sumario y, específicamente, por qué permaneció en el país de Bolivia”.

Tras la citación a declarar, la jueza presentó un recurso de protección, representada por el abogado Víctor Fuentes. De acuerdo a los antecedentes expuestos en ese proceso, la notificación de la resolución de reapertura provocó la descompensación de la jueza. En base a ello, se solicitó paralizar la ejecución de la resolución hasta que la magistrada cuente con el alta médica, para protegerla de “actuaciones que amenazan de manera grave y actual el derecho a la integridad psíquica”.

Ya que los ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique se encontraban inhabilitados para revisar el recurso, este fue remitido a la Corte de Arica. Dicho tribunal declaró el recurso como inadmisible, por lo que la magistrada presentó una apelación ante la Corte Suprema. —En caso de cumplirse nuevamente con el trámite de una nueva declaración en dicho marco, [existe el peligro de que] signifique un riesgo real y significativo que empeore y retroceda en el estado de afectación mental en que se encuentra mi representada —señala el escrito.

Queja disciplinaria Actualmente la jueza se mantiene con licencia. Desde su entorno comentan que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) terminó con las prestaciones de atenciones y licencias médicas, pese a que ella no ha recibido el alta médica, por lo que presentó un recurso de protección contra la mutual. Contactado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el abogado de la jueza, Víctor Fuentes, reafirmó la necesidad de que el recurso de protección sea acogido a trámite: —Desde el punto de vista jurídico la Corte de Iquique puede tomar la determinación que tomó.

Pero la ejecución de dicha resolución importa un grave atentado contra la integridad psíquica de la magistrada —expresó el legista. Tras la presentación del recurso de protección en la Corte de Iquique quedaron expuestos los antecedentes médicos de la magistrada en el portal del Poder Judicial, por lo que la jueza ingresó también una queja disciplinaria. Respuestas de la Corte de Apelaciones de Iquique Desde la Corte de Apelaciones de Iquique contestaron a un cuestionario enviado por la Unidad de Investigación de Bío Bío.

Respecto a las opiniones emitidas en las calificaciones de 2017, desde la corte manifestaron que el Código Orgánico de Tribunales dispone “la obligación de consignar, cuando corresponda, los aspectos o materias que, a juicio de cada evaluador, el funcionario calificado debe corregir o mejorar”. Sobre la resolución de la Suseso, mencionaron que carecían de “antecedentes objetivos que permitan sostener” una animadversión hacia la jueza. Igualmente, respecto de la acusación en el amparo gremial de la revocación sistemática de los fallos de la magistrada, sostuvieron que las decisiones no se toman en base a “consideraciones de índole personal respecto de los jueces”.

“La Excma. Corte Suprema sólo conoce de dichas materias en caso de interponerse el recurso de unificación de jurisprudencia, por lo que no es posible pronunciarse sobre la afirmación relativa a un supuesto porcentaje de confirmación de fallos, al no contar con antecedentes concretos que lo respalden”, comentaron. En cuanto a los reclamos realizados por la magistrada, aseguraron que se habían tramitado “conforme a los procedimientos regulares ante las instancias competentes”.

Por otro lado, afirmaron que esto correspondía a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. No obstante, arguyeron que se habían adoptado las medidas de apoyo “necesarias para facilitar su proceso de rehabilitación y reintegro”, como la reincorporación progresiva mediante teletrabajo. Finalmente, sobre la indagatoria administrativa por los viajes al extranjero, manifestaron que se habían adoptado “diversas decisiones en las investigaciones realizadas, incluyendo tanto sanciones como absoluciones”.

“La eventual prescripción constituye una cuestión de fondo que deberá resolverse en la sentencia correspondiente”, aseveraron.